En el boletín oficial del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como el PAMI y específicamente en la UGL de Formosa, hubo buenas noticias para militantes del modelo formoseño ya que fueron nombrados oficialmente por el organismo.
Locales29/01/2025
leonardo fernández acosta
La obscena relación entre La Libertad Avanza y el gildismo ha quedado de manifiesto desde que el diputado nacional, Gerardo González, se hizo cargo de la representación de las huestes de Karina Milei en la provincia y el senador, Francisco Paoltroni fue desplazado.
A la protección de funcionarios de la anterior gestión en el PAMI, nombrados por el propio Insfrán, se sumaron nombramientos de otros profesionales del Ministerio de la Comunidad con la particularidad que todos ellos siguieron con sus cargos en la provincia en una situación de absoluta incompatibilidad y sin denuncia alguna en ese sentido.
La semana pasada, el Caballo de Troya de Insfrán (LLA), tuvo nuevos nombramientos que a esta altura de los acontecimientos no sorprenden para nada. El que decide quien queda en los cargos a todas luces tiene línea directa con la Jefatura de Gabinete del Poder Ejecutivo del gobierno de Gildo Insfrán.
Pero recorriendo los nombramientos nos encontramos con la resolución 2025-51-INSSJP-SE#INSSJP que pone al frente del Centro de Atención Personalizada El Colorado de la Unidad de Gestión Local XXIII – Formosa a la militante del intendente, Mario Brignole, Jessica Mariel Morales, que para variar también figura como empleada activa del Ministerio de Educación de la provincia. Pero eso nunca fue un problema en LLA.
Mirian Mabel Yanacom prestará servicios en el Centro de Atención Personalizada Clorinda de la Unidad de Gestión Local XXIII – Formosa y goza del beneficio de la duda, al haber hecho desaparecer sus redes sociales y sin figurar en los registros oficiales de la provincia. Darío Antonio Enriquez prestará servicios en el Centro de Atención Personalizada Villa General Güemes con igual conducta que la anterior militante al haber pulverizado sus redes sociales.
Macarena Elizabeth López prestará servicios en el PAMI de Laguna Blanca y Alfredo Ramón Garay lo hará nombrado en Pirané. Finalmente el tándem de nombramientos de funcionarios del organismo sin ninguna experiencia y todos con domicilio en la ciudad de Formosa e inclusive alguno de ellos fuera de la provincia, lo cierra Mónica Noemí Rodríguez en Ingeniero Juárez, quien se desempeñaba en la UGL de Formosa capital.
Mónica Rodríguez, tuvo algún protagonismo en disputas internas mientras se desempeñaba como empleada sin cargo en la ciudad de Formosa pero, evidentemente, el ofrecimiento de la titularidad en la oficina de Ingeniero Juárez, con sueldos de más de 3 millones de pesos hicieron que su compromiso con LLA fuera total y sin condiciones. Eso sí, todos los nombrados tienen que radicarse en sus lugares de trabajo o tendrían que hacerlo.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
