La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
Locales02/12/2025
leonardo fernández acosta
En Formosa ya ni siquiera hace falta ser opositor para terminar expulsado por la Policía: alcanza con disfrazarse de león. El “león” de la campaña de Atilio Basualdo —ese símbolo tan explotado durante las elecciones— terminó siendo sacado a los empujones en un acto institucional, como si incomodara más un joven disfrazado que los problemas estructurales de la provincia. ¿Orden de quién? Vaya uno a saber qué iluminado dio la instrucción, si un jefe policial ansioso por demostrar obediencia o algún funcionario del insfranismo empeñado en convertir un acto democrático en un espectáculo vergonzoso.
Y el Martín Fierre
Pero el bochorno no se agotó con el forcejeo. La Policía de Formosa volvió a mostrar esa impronta tan característica: intervenir donde no corresponde, protagonizar escenas que ensucian lo institucional y, de paso, actuar con torpeza. Todo quedó grabado. Y aun así, uno de los efectivos decidió montar su propia obra de teatro: se arrojó al piso simulando una agresión que jamás ocurrió, como si nadie estuviera filmando desde el primer hasta el último segundo. Una actuación tan mala que ni en los partidos de fútbol más berretas se ven ficciones de ese nivel.
Lo insólito es que ahora quieren transformar ese grotesco en un caso policial: pretenden imputar al joven disfrazado de león por agresiones y lesiones, incluso cuando estaba de espaldas al efectivo que se dejó caer para completar la escena. La paradoja es perfecta: un policía que inventa un ataque y un Estado provincial dispuesto a convalidar el relato ficticio para justificar un desalojo violento.
Desde La Libertad Avanza hablaron de “persecución política” y “policía militante”. No hace falta coincidir con ellos para advertir que lo ocurrido excede cualquier grieta: un acto democrático terminó convertido en un espectáculo de abuso y simulación, con uniformados comportándose más como extras mal dirigidos que como servidores públicos.
El video del incidente circula por todas partes. Y, como suele ocurrir en Formosa, las imágenes resultan más elocuentes que cualquier comunicado oficial. Otra página oscura, otra muestra de una policía que, en vez de cuidar, fabrica escenas; en vez de garantizar la institucionalidad, la degrada.
Porque lo verdaderamente grave no es el disfraz.
Lo grave es que, una vez más, el poder en Formosa no tolera ni siquiera una mínima expresión de disidencia sin responder con fuerza, torpeza… y ahora, también, teatro barato.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
El Gobierno nacional dejó afuera a Formosa de la mesa de negociaciones y lanzó un mensaje directo: solo recibirán fondos y avales los gobernadores que ajustaron sus cuentas. “No es lo mismo lo que hizo Frigerio que lo que pudo haber hecho Gildo”, admiten en la Casa Rosada. La comparación exhibe el lugar que el mileísmo le asigna a la provincia: lejos del reparto y aún más lejos de la consideración política.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
El fallecimiento de Marcos Godoy, un joven de Villafañe que murió en circunstancias aún no esclarecidas, quedó en manos del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº4 de Marcelo Picabea, el mismo que tramita la causa por el femicidio de Xiomara Portillo. Pese a las pruebas, los testimonios y los vínculos políticos señalados por la familia, el expediente no avanza porque se trataría de un sobrino del dirigente sindical, Hilario Martínez.
