Mientras en todo el país los intendentes inauguran el período legislativo y rinden cuentas ante sus comunidades, en Ingeniero Juárez ocurre lo contrario: no hubo convocatoria formal al inicio de las sesiones ordinarias el 1° de marzo. No hubo acto institucional. No hubo explicación. No hubo notificación para todos los concejales. Nunca pasó. Y pasó.
El presidente del Concejo Deliberante, Walter Albornoz, directamente no convocó. La concejal María Nacif ni siquiera fue notificada de la sesión preparatoria que, según denuncian, se realizó en el hospital local. Tampoco habría existido aviso formal para sesionar en otras oportunidades. Se habla de reuniones a puertas cerradas, fuera del edificio legislativo, sin publicidad de los actos y con presencia de personas ajenas al cuerpo deliberativo.
Algunas de esas reuniones se habrían llevado a cabo en la sede del Partido Justicialista y en el hospital de la localidad, cuyo director es José Fernández. No es un dato menor.
El condenado por estafas al PAMI, el poder detrás del poder
José Fernández, según distintas versiones, coordina políticamente a un grupo de concejales del oeste provincial. En Ingeniero Juárez la fractura es evidente: de los cuatro ediles justicialistas, tres conformaron el bloque “Unidad” y dejaron aislada a la concejal Nacif en un bloque unipersonal.
Pero el dato político más delicado no es la interna partidaria. Es otro. Fernández sostiene que tiene autorización para “hacer lo que quiera” en el oeste provincial. Una frase de gravedad institucional extrema si se confirma en esos términos. Porque ningún dirigente, funcionario o referente puede colocarse por encima de la ley ni del funcionamiento regular de los concejos deliberantes.
Cuando no se convoca a sesiones ordinarias, cuando no se notifica a una concejal electa por el pueblo, cuando se sesiona fuera del recinto y sin publicidad, lo que se bloquea no es a una persona: se bloquea la institucionalidad. Y no es un hecho aislado. Se mencionan situaciones similares en otras localidades del oeste formoseño, configurando un esquema de parálisis deliberada.
Los números que también hablan
En medio de esta crisis, aparece otro dato que enciende más la polémica: la estructura salarial. Según las versiones que circulan, los cupos de asesores y sueldos de cada uno de los tres concejales del bloque mayoritario superarían los trece millones de pesos. No hubo desmentida pública ni respuesta a pedidos de informes.
En contraste, el bloque de la concejal Nacif rondaría los dos millones de pesos, cifra que según se afirma ella destina a donaciones. La diferencia no es menor. Sobre todo en una localidad donde las necesidades sociales son evidentes y donde el Concejo debería estar discutiendo ordenanzas, controlando al Ejecutivo y dando respuestas, no enfrascado en una disputa de poder que paraliza todo.
Silencio oficial y crisis abierta
Distintos sectores coinciden en algo: la situación podría ordenarse con una simple decisión política. Incluso con un llamado. Pero hasta ahora lo que predomina es el silencio. Y el silencio, en política, nunca es neutro.
Aquí no se trata de atacar a nadie en particular ni de escalar hacia otros niveles de gobierno. Se trata de algo más básico: el respeto a las reglas institucionales mínimas. Convocar a sesiones. Notificar a todos los concejales. Sesionar en el recinto. Dar publicidad a los actos. Transparentar los recursos.
Nada extraordinario. Solo democracia en funcionamiento.
Porque cuando un Concejo Deliberante no abre sus puertas el 1° de marzo, cuando las sesiones se trasladan a oficinas partidarias o a direcciones hospitalarias, cuando una concejal queda al margen sin notificación formal, la pregunta deja de ser interna y pasa a ser institucional.
En Ingeniero Juárez hoy el problema no es una interna partidaria. Es la normalidad democrática. Y esa no admite bloqueos, ni silencios prolongados, ni permisos informales para estar por encima de la ley.
