leonardo fernández acostaLa madrugada del sábado dejó una escena difícil de explicar incluso para una provincia acostumbrada a naturalizar lo insólito. En el barrio Obrero de Ingeniero Juárez, vecinos de la comunidad originaria denunciaron que una camioneta negra terminó incrustada contra una vivienda después de circular a alta velocidad por las calles internas del barrio.
Las imágenes difundidas por los propios vecinos muestran el vehículo atravesando un tejido perimetral y golpeando de lleno una de las paredes de la casa afectada, mientras efectivos de la Policía provincial posteriormente retiraban la camioneta del lugar.
La patente según señalaron habitantes de la zona, pertenecería a un vehículo vinculado a Antonio “El Negro” Caldera, jefe comunal de la vecina localidad de Los Chiriguanos.
A partir de allí comenzaron a circular múltiples versiones sobre lo ocurrido. Vecinos afirmaron que el conductor presuntamente se encontraba en estado de ebriedad al momento del hecho y que habría sido retirado por personas que lo acompañaban antes de que la situación escalara todavía más.
También surgieron relatos sobre incidentes posteriores ocurridos a pocas cuadras del lugar del choque, donde jóvenes de los barrios Obrero y Belgrano habrían reaccionado contra algunos de los ocupantes de la camioneta. Otras versiones mencionan demoras policiales y personas trasladadas a la comisaría local. Hasta el momento no existe información oficial que confirme identidades, responsabilidades penales ni resultados de eventuales controles de alcoholemia o toxicológicos.
Pero más allá de los detalles puntuales que deberán ser esclarecidos formalmente, el episodio vuelve a mostrar una postal repetida del poder formoseño: funcionarios municipales convertidos en patrones territoriales, moviéndose con sensación de impunidad incluso en plena madrugada y dentro de comunidades históricamente relegadas.
Porque el problema ya no es solamente el choque. El problema es el ecosistema político que hace posible que en muchos pueblos del interior el intendente parezca tener más poder que la propia ley. Un esquema donde los controles casi nunca aparecen a tiempo, donde los silencios oficiales son automáticos y donde todo termina diluyéndose entre versiones, favores y protección política.
Después de más de tres décadas del llamado “Modelo Formoseño” impulsado por Gildo Insfrán, la provincia sigue produciendo dirigentes municipales que muchas veces quedan más cerca del escándalo que de la gestión. Caudillos locales sostenidos por obediencia política antes que por capacidad institucional.
Mientras en los discursos oficiales se habla de inclusión, igualdad y organización comunitaria, en los hechos muchas comunidades originarias continúan viendo pasar camionetas oficiales, custodias políticas y funcionarios que aparecen más rápido para apagar escándalos que para resolver problemas estructurales.
La imagen de una camioneta incrustada en una casa humilde de Ingeniero Juárez termina siendo, quizás, una metáfora involuntaria del propio modelo político formoseño: poder sin límites claros, funcionarios sin control y vecinos acostumbrados a que la verdad siempre llegue después del operativo de encubrimiento.
