leonardo fernández acostaLa marcha universitaria volvió a poner en escena una discusión legítima: el deterioro salarial docente, la crisis presupuestaria y el futuro de la educación pública en la Argentina. Pero también dejó al descubierto algo mucho más incómodo: la utilización política de la universidad como herramienta de poder, caja de disputa y refugio discursivo de sectores que durante años guardaron silencio frente a manejos oscuros, privilegios y militancia financiada con recursos públicos.
El reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario tiene sustento. Nadie puede negar que existe un deterioro real en las universidades nacionales. Los salarios perdieron poder adquisitivo, las becas quedaron pulverizadas y muchas instituciones funcionan al límite. Eso es cierto. Pero también es cierto que la discusión no puede agotarse en consignas vacías ni en una romantización infantil de la “universidad pública y gratuita”, como si el dinero apareciera por generación espontánea.
Porque gratuita no es. La universidad la financia el Estado. Y el Estado la financia con recursos de todos los argentinos. Por eso la pregunta de fondo no es ilegítima: ¿de dónde sale la plata? El gobierno nacional judicializó la ley argumentando justamente eso: que el Congreso aprobó obligaciones millonarias sin explicar cómo financiarlas ni qué impacto tendrían sobre el equilibrio fiscal.
Y ahí aparece la contradicción política más brutal. Los mismos sectores que durante años defendieron el despilfarro, la emisión descontrolada y el clientelismo estatal, hoy se presentan como custodios morales de la educación pública. Como si no hubieran convertido universidades, ministerios y organismos públicos en estructuras de militancia permanente.
La discusión, entonces, no es solamente presupuestaria. Es moral y política.
Porque mientras se denuncia el ajuste nacional, muy pocos hablan de cómo se administran los recursos dentro de las propias universidades. Muy pocos se animan a discutir la existencia de estructuras burocráticas gigantescas, cargos políticos disfrazados de funciones académicas, militantes eternizados y sistemas de favores internos que nada tienen que ver con la excelencia educativa.
En Formosa, esa contradicción adquiere niveles obscenos.
La Universidad Nacional de Formosa administra cifras multimillonarias entre 350 mil y 500 mil millones de pesos y, sin embargo, vive atravesada por internas feroces, disputas de poder y alianzas políticas que cambian según la conveniencia del momento. Los sectores que hoy hablan de autonomía universitaria son los mismos que hace pocos años acompañaban maniobras para intervenir y disciplinar la UNaF desde el poder provincial.
Los nombres cambian de bando con una facilidad alarmante. Ayer defendían una cosa; hoy defienden exactamente la contraria. Y siempre desde el púlpito de la superioridad moral.
Ahí aparece la hipocresía más insoportable: docentes, gremialistas y dirigentes que jamás denunciaron el uso político de la universidad ahora marchan indignados contra el ajuste nacional, como si antes la UNaF hubiera sido un modelo de transparencia y mérito académico. Como si nunca hubieran existido cargos incompatibles, designaciones acomodadas o militancia sostenida con presupuesto público.
Y esto no implica negar el problema salarial ni justificar el deterioro universitario. Significa entender que el conflicto es muchísimo más profundo que una consigna pintada en un cartel.
Porque defender la universidad pública no puede transformarse en defender cualquier cosa que ocurra dentro de ella.
No se puede hablar de autonomía mientras se toleran estructuras feudales internas. No se puede hablar de calidad educativa mientras miles de estudiantes llegan a la universidad con enormes déficits de comprensión lectora producto de un sistema educativo provincial devastado por años de propaganda y maquillaje estadístico. No se puede hablar de institucionalidad cuando muchos de los que hoy gritan fueron cómplices del deterioro institucional durante años.
La universidad pública argentina necesita financiamiento. Sí.
Pero también necesita auditoría, transparencia, control, meritocracia y honestidad intelectual.
Necesita discutir por qué hay estructuras enteras dedicadas a sostener poder político antes que calidad académica. Necesita revisar cómo se distribuyen los recursos. Necesita preguntarse cuántos viven de la universidad sin aportar nada a ella.
Y el gobierno nacional también tiene responsabilidades. No puede limitarse a refugiarse detrás del equilibrio fiscal mientras deja que el conflicto escale indefinidamente. Ajustar sin construir consensos termina generando desgaste social, malestar y parálisis institucional. Gobernar también implica explicar prioridades y construir legitimidad política para sostenerlas.
Porque la educación no puede ser solamente una variable de ajuste. Pero tampoco puede seguir siendo un territorio intocable donde nadie rinde cuentas.
En el fondo, la discusión universitaria refleja el drama argentino completo: un país quebrado económicamente, atravesado por estructuras políticas que durante décadas confundieron Estado con propiedad privada, y una sociedad agotada entre relatos ideológicos, privilegios enquistados y una dirigencia incapaz de mirarse al espejo.
La universidad merece ser defendida. Pero justamente por eso merece algo mejor que convertirse en un campo de batalla entre facciones políticas, militantes reciclados y dirigentes que usan la educación como bandera mientras administran poder como un botín.
