leonardo fernández acostaHay discursos que rozan el cinismo. Y después está el de Ariel Gustavo Coll en San Juan en el Foro de Ética y Comunicación de la Prensa Judicial, hablando de “la verdad”, “la ética”, “la transparencia” y “la subordinación de la palabra a intereses políticos”. Todo pronunciado con solemnidad académica por uno de los hombres que convirtió al Superior Tribunal de Justicia de Formosa en una escribanía jurídica al servicio de Gildo Insfrán.
Escucharlo citar a Wittgenstein, a Galeano y hablar de “defender la democracia” produce una mezcla de asombro e indignación en cualquier formoseño que haya intentado alguna vez enfrentarse al poder político en los tribunales provinciales. Porque si hay algo que caracteriza la trayectoria judicial de Coll no es precisamente la independencia, sino la obediencia estructural al modelo de poder de Insfrán.
El mismo juez que ahora alerta sobre “la subordinación de la verdad a intereses políticos” fue durante años uno de los arquitectos de un Poder Judicial subordinado a los intereses políticos del oficialismo provincial. Un sistema donde los fallos sensibles rara vez contradicen al Ejecutivo y donde el ciudadano común siente que litigar contra el poder es perder antes de empezar.
Pero además, Coll pronuncia estas palabras después de haber sido parte de una Justicia que observó en silencio o directamente legitimó, algunos de los mayores atropellos institucionales ocurridos en Formosa en las últimas décadas. Mientras crecían las denuncias por restricciones a la libertad de prensa, persecución a voces críticas y discriminación contra medios opositores, el Superior Tribunal jamás actuó como contrapeso del poder político. Por el contrario: acompañó el esquema hegemónico del oficialismo provincial.
Durante la pandemia, cuando Formosa se transformó en una provincia cerrada sobre sí misma, con centros de aislamiento denunciados nacionalmente, controles extremos, restricciones severas a la circulación y ciudadanos atrapados fuera de la provincia sin poder ingresar, el Poder Judicial provincial tampoco apareció como garante de derechos constitucionales. La provincia llegó a ser señalada como una suerte de cárcel sanitaria, mientras el gobierno avanzaba sobre libertades individuales básicas bajo la excusa del control epidemiológico.
Y en ese contexto, el Superior Tribunal que integraba Ariel Coll jamás se convirtió en un límite real al poder. Nunca fue un muro institucional frente a los excesos. Fue, en los hechos, una estructura funcional al relato y a las decisiones del Ejecutivo provincial.
La contradicción se vuelve grotesca cuando Coll habla de “claridad”, “veracidad” y “respeto”. ¿Dónde estuvo esa defensa republicana cuando el STJ blindó sistemáticamente al poder provincial? ¿Dónde aparece esa supuesta preocupación ética cuando los municipios opositores denuncian discriminación financiera y arbitrariedad institucional?
El ejemplo más reciente es escandaloso: el fallo sobre la coparticipación municipal, donde el Superior Tribunal terminó funcionando más como defensor político del Ejecutivo que como árbitro constitucional. En lugar de garantizar autonomía municipal y control institucional, el máximo tribunal provincial volvió a alinearse con los intereses del poder central de la provincia. Y Ariel Coll no fue un espectador: fue parte del engranaje.
Resulta casi irónico escucharlo advertir sobre “la manipulación de la información judicial”, cuando en Formosa la comunicación institucional muchas veces funciona como maquillaje propagandístico de una Justicia cuestionada por su dependencia política. Hablar de “transparencia” desde un sistema judicial oscuro y alineado con el poder es como dar clases de honestidad desde una caja negra.
Coll dice que “la palabra puede construir o destruir”. Tiene razón. En Formosa, durante años, las palabras del Superior Tribunal sirvieron para destruir la confianza pública en la independencia judicial. Porque cada fallo acomodado al poder, cada silencio ante los abusos institucionales y cada resolución funcional al esquema político provincial fueron erosionando la credibilidad de la Justicia.
También habló de que “los comunicadores son artesanos de la palabra”. Tal vez debería recordar que los jueces son o deberían ser guardianes de la Constitución, no administradores jurídicos de la conveniencia política del gobernador de turno.
El problema no es que Ariel Coll hable de ética. El problema es que lo haga como si su propia historia judicial no existiera. Como si los formoseños no hubieran visto durante décadas cómo el Superior Tribunal evitó incomodar al poder real de la provincia. Porque en Formosa la subordinación más grave no fue la de la palabra. Fue la de la Justicia. Y Ariel Coll fue uno de sus principales ejecutores.
