El regimen feudal de Insfrán cada vez resiste menos: el blindaje político ya no logra ocultar el desgaste del modelo formoseño

El diputado nacional Atilio Basualdo volvió a incomodar al kirchnerismo con un tema que el oficialismo nacional intenta evitar cada vez con más dificultad: la realidad estructural de Formosa y el sistema de poder construido alrededor de Gildo Insfrán después de casi tres décadas ininterrumpidas de gobierno.

La escena ocurrió durante una reunión de la comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados. Allí, Basualdo cuestionó el esquema de distribución de recursos hacia los municipios formoseños y expuso el atraso que todavía padecen muchas localidades del interior provincial. “No hay cloacas en los pueblos”, lanzó al describir una situación que desmiente el relato permanente de progreso y modernización que el oficialismo provincial intenta instalar desde hace años.

Pero lo más llamativo no fue la denuncia. Fue la reacción automática del kirchnerismo nacional.

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, volvió a intervenir para defender políticamente al modelo formoseño, interrumpiendo cada vez que se mencionaban críticas hacia Insfrán o hacia el funcionamiento institucional de la provincia. Una defensa cerrada y vehemente de una realidad que, paradójicamente, ni siquiera conoce de manera directa.

Y ahí aparece una de las mayores contradicciones del kirchnerismo nacional: muchos de los dirigentes que salen desesperadamente a blindar el sistema político formoseño jamás recorrieron el interior profundo de la provincia, nunca hablaron con intendentes condicionados financieramente por el poder central y jamás convivieron con un esquema donde la dependencia económica del Estado atraviesa prácticamente toda la vida política y social.

Sin embargo, reaccionan con furia cada vez que alguien pone sobre la mesa cuestiones evidentes: la falta de infraestructura básica en numerosas localidades, la concentración extrema de poder político, la ausencia de alternancia y la creciente dependencia institucional de organismos que deberían funcionar con autonomía.

Lo ocurrido con Basualdo dejó expuesto algo más profundo: el oficialismo nacional ya no discute los problemas de Formosa. Directamente intenta negar que existan.

Pero el blindaje político comenzó a mostrar grietas incluso dentro del propio Senado nacional.

El fuerte cruce entre Patricia Bullrich y el senador José Mayans terminó llevando nuevamente a Formosa al centro de la discusión institucional argentina. Después de que Mayans intentara defender políticamente al kirchnerismo frente a las causas de corrupción que involucraron a ex funcionarios nacionales, Bullrich respondió atacando directamente el funcionamiento del modelo formoseño.

“Ahí la Justicia no juzga porque no existe, está sometida al gobernador”, disparó la ministra en pleno Senado, dejando una frase que rápidamente repercutió a nivel nacional.

La discusión escaló todavía más cuando Bullrich remató: “Nosotros vivimos en una República, no en una republiqueta”.

Más allá del tono político del enfrentamiento, el episodio dejó expuesto algo que el kirchnerismo intenta minimizar hace años: las críticas al sistema institucional formoseño ya dejaron de ser un reclamo exclusivamente opositor o local. Comenzaron a instalarse con fuerza en el debate nacional.

Porque lo que antes muchos describían como una exageración de sectores enfrentados al oficialismo provincial hoy empieza a observarse desde distintos espacios políticos, mediáticos y judiciales del país: una provincia donde el poder político aparece concentrado de manera extrema, donde la Justicia es señalada sistemáticamente por su alineamiento con el Ejecutivo y donde los organismos de control rara vez funcionan como límites reales al gobierno.

Y mientras el debate crecía en Buenos Aires, en Formosa el oficialismo volvió a ofrecer una postal perfecta de ese mismo modelo cuestionado.

En la Legislatura provincial, el gildismo avanzó nuevamente con designaciones estratégicas y movimientos políticos destinados a reforzar su control sobre organismos institucionales sensibles. Todo bajo la conducción del vicegobernador Eber Solís y en medio de sesiones atravesadas por insultos, gritos y escenas de descontrol impropias de un ámbito legislativo.

Mientras el recinto se convertía en un espectáculo de agresiones verbales y chicanas políticas, el oficialismo utilizaba otra vez su mayoría automática para consolidar posiciones clave dentro del esquema institucional provincial.

En ese contexto reaparecieron figuras centrales del aparato político oficialista como Agustín Samaniego y Rodrigo Vera, protagonistas habituales de un sistema legislativo donde la discusión de fondo suele quedar subordinada a la lógica del disciplinamiento político y la obediencia partidaria.

La imagen final termina siendo casi simbólica del momento que atraviesa Formosa: mientras dirigentes kirchneristas nacionales intentan defender discursivamente el modelo provincial desde estudios de televisión y despachos porteños, en la propia provincia el oficialismo continúa profundizando exactamente aquello que genera las críticas.

Un gobernador con ocho mandatos consecutivos, municipios condicionados económicamente, organismos de control alineados, una Justicia cuestionada por su dependencia política y una Legislatura manejada mediante mayorías automáticas conforman un esquema que hace tiempo dejó de ser visto como una particularidad local.

Hoy Formosa empieza a ser observada en todo el país como el ejemplo más extremo de concentración política e institucional de la Argentina.

Y cuanto más intenta blindarse el modelo, más evidente se vuelve el desgaste de un sistema que ya no logra esconder sus contradicciones frente al resto del país.