Morán de nuevo: seis años después, una interna en la UNaF y un procesamiento que la Cámara desarmó

Durante casi seis años, la designación de Zully Rivero en la Universidad Nacional de Formosa fue presentada como un supuesto caso emblemático de nombramiento ilegal. Sin embargo, el reciente fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia introduce un elemento que cambia sustancialmente el escenario: los jueces concluyeron que el procesamiento dictado contra el rector Augusto Parmetler y su esposa carecía de una fundamentación suficiente para sostener la existencia de un delito.

Y no se trata de una observación menor.

La Cámara no encontró una norma clara, operativa e indiscutible que obligara a realizar concursos para el ingreso del personal no docente en la UNaF al momento de la designación cuestionada. Por el contrario, advirtió que existía una controversia jurídica e institucional previa sobre la vigencia misma del régimen de concursos.

El fallo señala expresamente:

"No surge con suficiente claridad expositiva del CCT bajo examen que luego de su homologación nazca una obligación legal inmediatamente exigible y operativa de implementación del Régimen de Concursos".

Es decir, la propia Cámara pone en duda el presupuesto central de la acusación: que el concurso fuera un requisito legal plenamente exigible en julio de 2020.

Más aún, los camaristas destacaron que la Dirección de Recursos Humanos de la universidad había informado que la Resolución 174/14, que reglamentaba esos concursos, nunca llegó a entrar efectivamente en vigencia.

La decisión también reivindica buena parte de la estrategia defensiva de Parmetler. Según surge del expediente, numerosos funcionarios universitarios declararon que desde la creación de la UNaF el ingreso del personal no docente se realizaba mediante designaciones rectorales y no por concursos.

Lejos de ignorar ese dato, la Cámara sostuvo que el juez de primera instancia realizó una valoración parcial de esas declaraciones:

"La evidencia testimonial fue valorada parcialmente, ya que en su gran mayoría las declaraciones se orientan a sostener la inoperatividad en el marco de la UNaF del régimen de concursos".

En otras palabras, los jueces entendieron que la prueba reunida no respaldaba de manera concluyente la hipótesis acusatoria.

Otro aspecto clave es el referido al dolo, es decir, la intención de cometer un delito.

La Cámara observó que Parmetler actuó dentro de un esquema institucional que venía aplicándose desde hacía años, apoyado además en un dictamen jurídico previo favorable. En ese contexto, consideró insuficiente la explicación del juez acerca de por qué el rector habría sabido que estaba incurriendo en una conducta penalmente ilícita.

Por eso afirmó que la resolución apelada debía explicar:

"De qué modo Parmetler habría actuado con conocimiento de la ilegalidad penal del nombramiento".

Respecto de Rivero, el panorama aparece aún más favorable. La Cámara remarcó que aceptó un cargo para el cual reunía condiciones de idoneidad y mediante el mismo procedimiento utilizado históricamente por la institución para incorporar personal no docente. La acusación, por lo tanto, no logró demostrar de manera suficiente que hubiera actuado sabiendo que incumplía un requisito legal vigente.

El golpe final llegó cuando los camaristas concluyeron que el procesamiento exhibía:

"Una fundamentación aparente en torno a la configuración de la tipicidad objetiva y subjetiva de las conductas atribuidas".

Por ese motivo revocaron el procesamiento y dejaron sin efecto la medida que apartaba a ambos de sus funciones.

El fallo no implica una absolución definitiva, pero sí deja una señal política y judicial muy fuerte: después de años de investigación, la Cámara encontró más incertidumbres sobre la configuración del delito que certezas sobre la culpabilidad de los imputados.

Y en un Estado de Derecho, cuando predominan las dudas, lo que corresponde no es confirmar acusaciones, sino revisarlas. Precisamente eso fue lo que hizo la Cámara Federal de Resistencia.

La resolución de la Cámara Federal de Resistencia no sólo representa un alivio judicial para Augusto Parmetler y Zully Rivero. También deja expuesta una secuencia llamativa que merece ser observada políticamente.

La causa se inició en 2020. Pasaron más de cinco años de investigación y más de tres años desde las declaraciones indagatorias sin que existiera una definición sobre la situación procesal de los imputados. La propia Cámara cuestionó esa demora y señaló que no encontraba razones que justificaran semejante dilación en una causa que no presentaba una complejidad extraordinaria.

Sin embargo, cuando la disputa política y universitaria entre el rector Augusto Parmetler y el sector encabezado por Agustín Rafael Olmedo alcanzaba uno de sus momentos de mayor tensión, el juez federal Pablo Morán resolvió finalmente dictar el procesamiento del rector y de su esposa, ordenando además el apartamiento de ambos de sus cargos por 90 días.

La decisión tuvo un impacto institucional inmediato. No se trataba solamente de una imputación penal: implicaba desplazar temporalmente de sus funciones al rector de la Universidad Nacional de Formosa en medio de una fuerte disputa interna por el control político y administrativo de la casa de estudios.

Lo que ocurrió después es conocido. La Cámara Federal revisó la resolución y concluyó que el procesamiento no estaba suficientemente fundamentado. Los camaristas sostuvieron que existían serias dudas acerca de la vigencia y exigibilidad del régimen de concursos invocado por la acusación, cuestionaron la valoración de la prueba realizada por el juzgado y consideraron insuficiente la explicación sobre la supuesta conducta dolosa de los imputados.

Por eso revocaron el procesamiento y dejaron sin efecto la suspensión de Parmetler y Rivero.

Una causa que permaneció dormida durante años y fue activada por Morán en medio de una interna ¿Favoreciendo a Rafael Olmedo?

El fallo de la Cámara no responde ese interrogante. Pero sí deja un dato objetivo difícil de ignorar: después de más de cinco años de trámite, la medida más grave adoptada por el juzgado federal fue considerada jurídicamente insuficiente por el tribunal revisor.

Y eso convierte a quienes aparecían como procesados en algo muy distinto: funcionarios que hoy vuelven a estar amparados por una resolución de segunda instancia que cuestionó de manera severa los fundamentos de la decisión dictada por el juez Pablo Morán.