leonardo fernández acostaLos controles a la hacienda en Formosa ya no parecen responder únicamente a criterios administrativos o sanitarios. Cuando las exigencias cambian sin aviso, las competencias se superponen, los productores son sometidos a arbitrariedades y el Estado utiliza su aparato para disciplinar a quienes no se alinean políticamente, el problema deja de ser burocrático y pasa a ser institucional.
La entrevista brindada por la vicepresidenta de la Sociedad Rural de Comandante Fontana, Lourdes Orquera Ferrari, no describe simplemente un conflicto administrativo. Lo que expone es el funcionamiento de un Estado que parece haber perdido de vista el límite entre controlar y perseguir.
Desde marzo, los productores ganaderos comenzaron a enfrentarse a un desfile permanente de nuevas exigencias. Primero fue la Resolución Conjunta 231. Después aparecieron habilitaciones para tráileres que nunca habían sido requeridas con esa rigurosidad. Más tarde comenzaron las inspecciones sobre certificados de lavado cuya fiscalización corresponde al Senasa. Finalmente llegaron los controles repetidos sobre hacienda que ya había sido inspeccionada en origen.
Nada de eso sería objetable si respondiera a un plan sanitario previamente informado, técnicamente fundado y aplicado con criterios uniformes. Pero el propio sector describe otra realidad: requisitos que aparecen de un día para otro, interpretaciones subjetivas de los efectivos policiales, demoras injustificadas y una absoluta falta de previsibilidad.
La consecuencia es devastadora. Remates que pasaron de concentrar entre 2.000 y 3.000 cabezas a apenas 900 animales. Transportistas que prefieren no trabajar. Pequeños productores que vuelven a mirar el mercado informal porque el circuito legal se transformó en una carrera de obstáculos. Inversiones que comienzan a evaluar otras provincias donde producir no implique atravesar un campo minado burocrático.
La explicación oficial tampoco convence.
Mientras los productores denuncian que la Policía provincial invade competencias exclusivas del Senasa, el defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, aparece públicamente reivindicando la necesidad de controles cada vez más rigurosos, aunque lo hace en el marco del combate al tráfico ilegal de fauna silvestre.
Nadie discute la obligación del Estado de perseguir el tráfico de especies protegidas. Es un delito grave que merece controles eficientes. Lo cuestionable es utilizar ese discurso para justificar un esquema de procedimientos arbitrarios sobre una actividad absolutamente distinta: la producción ganadera formal, registrada y sometida desde hace décadas a controles sanitarios nacionales.
Una cosa es combatir el tráfico ilegal de fauna. Otra muy distinta es convertir a los productores ganaderos en sospechosos permanentes. Confundir deliberadamente ambos escenarios solo sirve para construir un relato que legitime mayores facultades de control sin discutir si esos controles respetan la ley. Porque justamente allí aparece el verdadero problema.
Cuando la Policía comienza a decidir qué certificado sanitario sirve y cuál no; cuándo un lavado es suficiente y cuándo debe repetirse; cuándo detener un camión durante horas para revisar nuevamente animales ya inspeccionados por la autoridad competente, deja de actuar como fuerza de seguridad para asumir funciones que la legislación asigna a organismos técnicos especializados.
Y cuando esa discrecionalidad se ejerce precisamente sobre uno de los pocos sectores económicos independientes del poder político provincial, resulta inevitable que aparezcan sospechas sobre la verdadera finalidad de esos procedimientos.
No son pocos quienes observan que la Sociedad Rural de Comandante Fontana mantiene desde hace tiempo una posición crítica frente al Gobierno provincial y que varios de sus integrantes han manifestado simpatía o cercanía política con el senador nacional Francisco Paoltroni, hoy uno de los principales opositores a Gildo Insfrán.
Ese contexto alimenta una percepción que el Gobierno debería despejar con hechos: que el aparato estatal no está siendo utilizado únicamente para controlar, sino también para disciplinar.
El propio Paoltroni fue categórico al interpretar los hechos. Sostuvo que los procedimientos "no responden a criterios sanitarios sino a una decisión política", denunció que en Formosa "no existe Estado de Derecho" y afirmó que "solo con la intervención federal se termina este abuso".
Se podrá coincidir o no con esa conclusión. Lo que no puede ignorarse es que sus declaraciones encuentran respaldo en un conjunto de hechos concretos denunciados públicamente por productores, transportistas y dirigentes rurales: certificados válidos desconocidos, competencias superpuestas, controles duplicados y pérdidas económicas perfectamente cuantificables.
La respuesta del Gobierno provincial, en lugar de convocar una mesa técnica entre la Policía, el Senasa y las entidades rurales para unificar criterios, ha sido el silencio.
Ese silencio también habla.
Habla de un modelo político donde el Estado parece incapaz de distinguir entre administrar y someter; entre controlar y castigar; entre aplicar la ley y utilizarla como herramienta de intimidación.
Formosa necesita controles. Nadie discute eso.
Lo que no necesita son controles arbitrarios.
Necesita instituciones que funcionen dentro de la ley. Policías que hagan de policías. Organismos sanitarios que ejerzan sus competencias. Defensores del Pueblo que defiendan a los ciudadanos frente a los excesos del poder, y no que terminen ofreciendo argumentos para justificar prácticas cuya legalidad está siendo seriamente cuestionada por quienes producen, invierten y generan trabajo.
Porque cuando el Estado utiliza su estructura para poner de rodillas a quienes piensan distinto o no dependen políticamente del poder, el problema deja de ser ganadero.
Empieza a ser democrático.
