leonardo fernández acosta
Los hechos son graves y están documentados. El abogado Agustín D’Ambra, representante legal de parte de los aprehendidos, ha sido claro al señalar que alrededor de 60 personas fueron detenidas en el marco del desalojo, aunque solo ha podido obtener información concreta sobre 18 de ellas. Lo más alarmante no es solo la cifra, sino la demora judicial: los pedidos de excarcelación llevan más de tres días sin respuesta, mientras los hábeas corpus presentados permanecen en un limbo burocrático que sólo beneficia a quienes ejercen el poder de manera arbitraria.
La situación alcanza niveles de extrema vulnerabilidad. D’Ambra denunció que hay originarios ocultos en el monte, aterrorizados por la presencia policial, sin acceso a comida, agua o abrigo. Ese dato no es un detalle menor: revela que el temor no es infundado, sino que responde a una lógica de hostigamiento sistemático que viene de larga data. Las comunidades no huyen de una tormenta; huyen de la fuerza pública que debiera protegerlas.
El reclamo de fondo es tan legítimo como elemental. Según el letrado, la represión se desató por la exigencia de acceso a la educación pública. Que una demanda de ese tenor sea respondida con balas de goma, detenciones masivas e incautaciones de pertenencias dice mucho sobre el estado de la democracia en la provincia. No se trata de un conflicto por tierras o recursos naturales, sino del ejercicio de derechos consagrados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales que el Estado argentino ha suscripto.
Mientras tanto, el gobierno nacional observa con distancia olímpica. Ni una declaración, ni una comisión de seguimiento, ni un pedido de informes. El silencio de la Casa Rosada se ha convertido en un ruido ensordecedor que habilita todo tipo de excesos. Si la Nación no interviene, si la Secretaría de Derechos Humanos no mueve un dedo, si el Ministerio del Interior no exige explicaciones, entonces el mensaje es claro: las vidas de los originarios formoseños no merecen la atención del poder central.
El Poder Judicial de la provincia tampoco sale bien parado. La falta de resolución de los planteos de excarcelación y hábeas corpus no es una demora técnica; es una decisión política disfrazada de trámite. Mantener a decenas de personas privadas de su libertad sin una respuesta judicial oportuna constituye una violación flagrante al debido proceso y al principio de inocencia.
Las movilizaciones de familiares y comunidades durante el fin de semana fueron un grito de auxilio que no debería ser ignorado. No se trata de un conflicto menor, ni de un hecho aislado. Es la expresión de un malestar profundo que tiene raíces históricas y que se agrava cada vez que el Estado elige la represión antes que el diálogo.
El camino no puede ser la judicialización de la pobreza ni la criminalización de la identidad. El Estado provincial debe responder por los excesos cometidos, liberar a los detenidos sin fundamento y garantizar las condiciones mínimas para el retorno seguro de quienes huyen del monte. El Estado nacional, por su parte, tiene la obligación constitucional de velar por la vigencia de los derechos humanos en todo el territorio, sin distinciones geográficas ni cálculos electorales.
Formosa no es un país aparte, y los originarios del oeste provincial son ciudadanos argentinos. Su sangre, su historia y su territorio no son moneda de cambio en la disputa política. La mirada del gobierno nacional debe posarse allí, donde el Estado parece haber abdicado de su rol protector para convertirse en un agente de persecución.
