Mientras Formosa se hunde en la pobreza más brutal del país, una funcionaria del Ministerio de Gobierno se refugia en el Caribe mexicano

Mientras Formosa sigue siendo la provincia más crítica del país en materia de pobreza estructural, un flagelo que lleva más de tres décadas bajo gestiones del gildismo, una funcionaria del Ministerio de Seguridad, Justicia y Trabajo que conduce Jorge González se encuentra en Cancún, México.

Hace poco más de un año, la misma funcionaria fue señalada por un viaje a Dubái. Ahora, mientras los índices de pobreza en Formosa alcanzan casi el 48,6%, uno de los más altos del país, la funcionaria estaría a miles de kilómetros de distancia, en un destino turístico del Caribe mexicano.

Esto es indefendible. No hay manera de justificar que quien tiene la responsabilidad de administrar justicia en la provincia más pobre de Argentina elija como destino Cancún en un momento como este. No hay excusa posible. No hay contexto que lo atenúe. La sola coincidencia entre la crisis social que atraviesa Formosa y la ubicación geográfica de esta funcionaria constituye una afrenta a la inteligencia y a la dignidad de los formoseños.

Las funciones públicas exigen transparencia. Los viajes oficiales de funcionarios deberían ser publicados en los portales gubernamentales, en las secciones de noticias o transparencia. Sin embargo, los informes actuales solo muestran su participación en actividades locales de Formosa, reuniones y operativos, sin información alguna sobre un viaje a Cancún. No existe registro oficial de una comisión de servicios, de una autorización, ni de una justificación institucional para semejante desplazamiento.

Esto es inaceptable. Quien ocupa un cargo público de jerarquía en una provincia quebrada por la pobreza no puede comportarse como si las reglas no existieran. No puede desaparecer de los registros oficiales. No puede viajar a paraísos turísticos mientras su provincia se desangra. No puede pretender que nadie note la contradicción flagrante entre su supuesta función y su realidad.

Formosa arrastra una pobreza que no es coyuntural, sino estructural. Treinta años de la misma fuerza política no han logrado revertirla. En ese contexto, la conducta de quienes ocupan cargos públicos debería ser ejemplar. Exigir ejemplaridad no es un capricho: es lo mínimo que se le debe a un pueblo que lleva décadas esperando soluciones que nunca llegan. Y quienes no están a la altura de esa exigencia no merecen ocupar el lugar que ocupan.

Esta funcionaria le debe una explicación a los formoseños. Y el gobierno provincial también. El silencio, en casos como este, es complicidad. Aunque Formosa Investiga le tienda un manto de piedad al no revelar su nombre y apellido.