Un juez sin idoneidad moral ni jurídica condenó a periodistas de La Nación: una instancia superior lo revocó más por verguenza que por jurisprudencia

La jueza Gabriela Soledad Plazas corrigió ayer lo que el juez de paz Omar Padilla, exconcejal peronista y hombre de confianza del gobernador Gildo Insfrán,  había dictado veinte días antes: cinco días de prisión para cuatro periodistas por el delito de informar. El argumento era tan absurdo como revelador: ejercer el periodismo sin "permisos" ni "carnet habilitante". Como si la libertad de expresión fuera una concesión estatal y no un derecho inherente a toda persona.

Formosa, una vez más, queda retratada en el centro de una disputa que trasciende lo judicial. No se trata solo de Micaela Urdinez, Lautaro Guillamondegui, Joaquín Rajadel y Javier Corbalán. Se trata de una provincia donde la pobreza estructural, esa que el equipo de "Hambre de Futuro" fue a documentar,  convive con un aparato de poder que reacciona con hostilidad ante cualquier mirada externa que muestre lo que no quiere que se vea.

La sentencia de Plazas es clara: la calidad de periodista se define "por actividad y no por la posesión de algún título habilitante". Y recuerda que la Constitución de Formosa prohíbe toda censura. Pero fue escandaloso, llegar a una instancia de apelación para decidir algo tan elemental, donde un juez de paz, militante del modelo gildista se animó a violar la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estandares internacionales en la materia. 

Lo que normalmente hubiera sido un premio para el impresentable de Padilla, ya que en Formosa el poder judicial no actúa con independencia se tuvo que remediar ante el escándalo, porque si hubiera sido un periodista local, otro hubiera sido el desenlace. Porque durante años, el gobierno de Insfrán ha construido un ecosistema donde la prensa crítica es hostigada, amenazada y, cuando se puede, judicializada. La condena inicial no fue un error aislado: fue una señal. Un mensaje a todos los periodistas que osen mostrar la realidad de la provincia.

La defensa de los enviados denunció una "grave e inaceptable afectación a la libertad de expresión" mediante censura indirecta. Y tienen razón. Exigir credenciales previas, permisos especiales o autorizaciones discrecionales para informar es una forma solapada de silenciar. No se prohíbe de frente, pero se obstaculiza hasta el ahogo.

Que la apelación haya funcionado no debe llevarnos a la complacencia. Al contrario: debe alertarnos sobre la fragilidad de las garantías constitucionales en territorios donde el poder político se confunde con el poder judicial. La libertad de prensa no se defiende solo en los tribunales; se defiende en la calle, en las redes, en la opinión pública. Y en Formosa, esa defensa sigue siendo una tarea pendiente.

Desde Formosa que duele y que resiste, celebramos la absolución. Pero no olvidamos. Porque cada vez que un periodista es condenado por informar, es Formosa entera la que queda condenada. Y cada vez que se revoca una sentencia injusta, no se hace justicia: apenas se repara un daño que nunca debió ocurrir.

La libertad de prensa no es un privilegio de los medios. Es el derecho de todos a saber. Y en Formosa, ese derecho sigue siendo disputado, día tras día, contra un poder que no quiere ser visto.

Que esta sentencia sea un precedente. No un espejismo.