leonardo fernández acosta
Hay actuaciones políticas que necesitan un adversario feroz para quedar en evidencia. Otras se desmoronan solas. La intervención de Graciela de la Rosa en la Comisión de Presupuesto del Congreso pertenece a la segunda categoría. La diputada formoseña se presentó con el libreto habitual del oficialismo provincial: enumeró escuelas, reivindicó los techos azules, reivindicó la inversión pública y pretendió instalar que Formosa constituye una especie de excepción virtuosa frente a un Gobierno nacional que, según su interpretación, está destruyendo la educación argentina. El problema no fue que cuestionara los recortes nacionales. Está en su derecho y tiene la obligación de hacerlo si considera que perjudican a las provincias. El problema fue utilizar esa discusión para vender una imagen edulcorada de Formosa, como si mencionar edificios escolares alcanzara para demostrar que existe una política educativa eficaz, equitativa y transparente.
De la Rosa habló de más de 1.550 establecimientos educativos construidos por la provincia, con equipamiento, aire acondicionado y presencia en el interior. Lo dijo con la seguridad de quien supone que, a cientos de kilómetros de la provincia, alcanza con repetir una cifra y pronunciar la palabra inversión para clausurar cualquier discusión. Pero una escuela construida no es una auditoría aprobada, un techo azul no es un indicador de aprendizaje y un equipo de aire acondicionado no demuestra que los alumnos comprendan lo que leen, resuelvan problemas matemáticos o terminen sus estudios con los conocimientos necesarios. La infraestructura es importante, naturalmente. Lo que resulta inadmisible es presentarla como prueba suficiente del éxito de todo un sistema educativo.
La diputada tampoco explicó cuánto cuesta esa política de construcciones, cómo se distribuyen los recursos, cuáles son los resultados educativos, qué ocurre con las condiciones de enseñanza ni qué mecanismos independientes permiten verificar la eficiencia del gasto. Prefirió el camino más cómodo: exhibir edificios como si fueran una respuesta universal. Es el viejo mecanismo de propaganda del Modelo Formoseño: mostrar la obra, ocultar el balance y pretender que nadie pregunte por el resultado.
Y entonces apareció Alejandro Álvarez.
El secretario de Educación nacional no necesitó organizar una operación política contra De la Rosa ni preparar una demolición retórica de su discurso. Le alcanzó con recordar un antecedente concreto de la Universidad Nacional de Formosa. Según su exposición, durante el gobierno anterior kirchnerista no se transferían a la universidad los fondos correspondientes a las actualizaciones paritarias de los salarios docentes y no docentes. La institución inició una demanda contra el Estado nacional, obtuvo un fallo favorable en la Cámara Federal y, de acuerdo con Álvarez, la actual gestión acordó pagar la deuda de manera gradual para evitar un desequilibrio financiero.
La escena tuvo una ironía difícil de disimular. Mientras De la Rosa reclamaba financiamiento universitario, salarios justos y recursos para las universidades nacionales, el funcionario le recordaba que la propia Universidad Nacional de Formosa había tenido que recurrir a la Justicia para reclamar fondos salariales que no le eran transferidos durante la administración nacional anterior. No era una discusión abstracta sobre modelos económicos ni una disputa de porcentajes. Era un antecedente de Alberto Fernández específico, vinculado con una institución formoseña, que dejaba en evidencia la fragilidad de la indignación selectiva de quienes hoy denuncian recortes nacionales, pero no siempre muestran la misma disposición a examinar las responsabilidades del pasado.
Álvarez fue todavía más preciso en otro punto. Felicitó a Formosa por haber creado una universidad provincial, pero aclaró que esa decisión tiene costos que debe afrontar el propio Estado provincial. La observación fue sencilla, casi inocente, y por eso mismo políticamente incómoda. Crear una universidad puede ser una decisión legítima dentro de las competencias de una provincia. Otra cuestión es determinar si su creación responde a una planificación educativa sólida, si complementa adecuadamente la oferta existente, si sus costos son sostenibles y si el dinero público se utiliza con criterios de eficiencia. El funcionario distinguió, además, entre financiar extensiones áulicas de universidades consolidadas para acercar carreras a localidades alejadas y sostener estructuras de cargos y docentes que pueden expandirse por su propia inercia. No descalificó la descentralización educativa: planteó una discusión sobre cómo financiarla y organizarla.
Y ahí quedó expuesto el verdadero problema de la intervención de De la Rosa. La diputada pretendía que la discusión sobre educación se resolviera contraponiendo las supuestas virtudes de Formosa con los recortes del Gobierno nacional. Álvarez introdujo una cuestión que el relato provincial suele esquivar: la diferencia entre anunciar inversión, construir infraestructura y demostrar que el sistema funciona. También recordó que las universidades nacionales tienen problemas concretos de financiamiento y que, en el caso de la UNaF, existió un conflicto judicial por partidas salariales durante la gestión anterior. La historia no comenzó con Javier Milei, por más que algunos representantes del gildismo necesiten presentarla de esa manera.
Por supuesto, el planteo de Álvarez no invalida automáticamente las críticas de De la Rosa al presupuesto nacional. Los recortes que la diputada enumeró —en infraestructura y equipamiento, becas, formación docente y educación técnica— merecen ser examinados con sus bases de comparación, valores reales, partidas y ejecución presupuestaria. Tampoco una deuda heredada demuestra por sí sola que el actual financiamiento universitario sea suficiente. Pero precisamente por eso la discusión exige rigor: ni la denuncia nacional queda refutada por los problemas del pasado ni la propaganda provincial queda convertida en verdad porque se repita ante una comisión legislativa.
Lo que De la Rosa no parece comprender es que el Congreso de la Nación no es una sucursal del discurso oficial formoseño. Allí hay funcionarios, legisladores y técnicos que pueden contrastar las afirmaciones, recordar antecedentes y pedir explicaciones. No alcanza con llegar desde Formosa, pronunciar el catálogo de obras del gildismo y suponer que nadie conoce las contradicciones del sistema que se pretende defender. La distancia geográfica no garantiza la impunidad argumental.
Su comparación entre los recortes presupuestarios actuales y la última dictadura militar tampoco mejoró la intervención. La gravedad de una reducción presupuestaria debe probarse con números, consecuencias y resultados; no se vuelve más convincente por llevarla al extremo de una analogía histórica de semejante magnitud. La política educativa merece algo más que dramatizaciones parlamentarias, del mismo modo que los estudiantes y docentes merecen algo más que ser utilizados como argumento en una disputa partidaria.
Lo más revelador fue que Álvarez no necesitó levantar la voz ni convertir su respuesta en una pelea personal. Recordó el caso de la UNaF, explicó el acuerdo para pagar una deuda y distinguió entre la creación de una universidad provincial y el financiamiento de estructuras universitarias. Fue suficiente para desplazar el eje de la exposición de De la Rosa desde el terreno de las consignas hacia el de las responsabilidades concretas. La refutación más eficaz no siempre es la más estridente: a veces consiste en poner sobre la mesa un antecedente que el orador preferiría no tener que explicar.
Formosa necesita escuelas, universidades, docentes bien remunerados y estudiantes con oportunidades reales. Pero también necesita que quienes hablan en su nombre dejen de confundir la defensa de la provincia con la defensa automática de su gobierno. El patrimonio educativo de una sociedad no pertenece a un partido, no se mide por el color de los techos y no queda demostrado con una lista de inauguraciones. Se mide también por la calidad de los aprendizajes, la continuidad de las trayectorias escolares, la transparencia del gasto y la capacidad de rendir cuentas.
De la Rosa fue a Buenos Aires a defender la educación formoseña y terminó ofreciendo una defensa política del Modelo Formoseño que dejó demasiadas preguntas sin responder. Álvarez no necesitó acusarla de mentir para poner en evidencia las fisuras de su exposición: le bastó con recordar hechos y explicar decisiones. Esa es la parte más incómoda para una dirigencia acostumbrada a presentar su propio relato como una verdad incuestionable.
La diputada puede seguir enumerando escuelas. Lo que no puede pretender es que una cifra de edificios cierre el debate sobre la educación, que una universidad provincial quede fuera de toda discusión sobre sus costos o que los antecedentes de la UNaF desaparezcan porque ahora resulta conveniente reclamar fondos nacionales. La educación no necesita voceros que maquillen balances políticos. Necesita representantes capaces de explicar qué se hizo, cuánto costó, qué resultados produjo y quién debe responder cuando las cuentas no cierran. En esa comisión, la ficción de la autosuficiencia educativa formoseña encontró un límite: la realidad también viaja a Buenos Aires.
