Los vehículos del gobernador Insfrán, el Ministro de gobierno González, el del Ministro, Aníbal Gómez y hasta el de Edgar Pérez, fueron publicados en internet.
Locales28/06/2021
leonardo fernández acosta
Las polémicas parecen no terminar nunca, sobre todo cuando en un contexto de pandemia, los funcionarios públicos que han generado protocolos que han causado que se funda el 70% de los comercios en la ciudad de Formosa, no han tenido dejado de percibir un centavo de sus abultados sueldos.
Pero sumado a esto la gente pone la vista en los vehículos en los que se trasladan y cuanto les cuesta a los contribuyentes el status quo de los funcionarios del gobierno de Formosa, con altos niveles de mortalidad infantil, malnutrición, desnutrición, mortalidad materno infantil, etc.
En la lista solo figuraron cuatro pero la lista puede ser interminable: El primero es el vehículo del gobernador, Gildo Insfrán, una Toyota Land Cruiser DX blindada, cuya estimación en USD 126.500 parece escasa por tratarse de un transporte de esas características pero que en pesos equivale a más de 12 millones de pesos.
El famoso Volvo CX 90 del diputado provincial, Armando Felipe Cabrera, que no cumplió con los protocolos en General Mansilla al ingresar a la provincia y quedó expuesto con una máquina que tiene como valor USD139.900 lo que en pesos equivale a más de 13 millones de pesos.
La Toyota Hilux del Subsecretario de Defensa al Consumidor, Arquitecto Edgar Pérez, que es modelo 2.8 CD SRV 4x4 con un valor de más de 5 millones de pesos.
Está también la no menos famosa Toyota SW4 TDI del Ministro de Desarrollo Humano, Aníbal Goméz con la que llevó a pasear arriba del capot, al referente de los comerciantes unidos formoseños, Pablo Siddig, cuyo costo oscila en los USD 49.900 o en pesos casi 5 millones.
Por último, el Ministro de Seguridad, Justicia y Trabajo, Jorge González, que tiene dos por falta de uno, Una toyota SW4 4x4 cuyo valor oscila en los USD 49.900 y una Toyota Hilux 4c4 Cd de más de 5 millones por lo que en dos vehículos el preferido de Insfrán tiene en automóviles a su disposición la suma de 10 millones de pesos.
Es solo un publicación viral en las redes sociales pero que solo muestra una puntita de las fortunas incalculables de funcionarios, que atravesando la difusa frontera entre fondos públicos y privados, se financian en general con aportes de los contribuyentes.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
El fallecimiento de Marcos Godoy, un joven de Villafañe que murió en circunstancias aún no esclarecidas, quedó en manos del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº4 de Marcelo Picabea, el mismo que tramita la causa por el femicidio de Xiomara Portillo. Pese a las pruebas, los testimonios y los vínculos políticos señalados por la familia, el expediente no avanza porque se trataría de un sobrino del dirigente sindical, Hilario Martínez.
