El Superior Tribunal de Justicia premió a los jueces de la provincia con una mejora sustancial en sus abultados sueldos a pesar de no haber trabajado en más de un año.
Locales02/07/2021
leonardo fernández acosta
El Superior Tribunal de Justicia de la provincia dispuso el aumento del Jus en el poder judicial lo que representa un 1% del sueldo de un juez de primera instancia y a su vez una mejora en sus abultados haberes, los cuales no han dejado de percibir, aún sin trabajar en gran parte del año y cuatro meses que dura la emergencia sanitaria.
El valor de un Jus era de $1598 desde el mes de marzo y a partir de este mes de julio paso a $1754, en consecuencia de su directa relación con los sueldos de los jueces, ahora por ejemplo en sueldo de un juez de primera instancia se de $175.400 aproximadamente.
Los abogados litigantes tuvieron más de un año las causas paralizadas por la falta de actividad de la justicia formoseña. No se adaptaron protocolos de expediente electrónico o audiencias vía teleconferencia como si sucedió con la justicia federal pero peor aún, las urgencias por los abusos cometidos en pandemia por parte del gobierno de Gildo Insfrán no podían tramitarse porque el Poder Judicial, no trabajaba y a eso se le agrega que jamás daba curso a una denuncia contra el gobierno.
Ahora todas las denuncias descartadas por los jueces provinciales por violaciones a los DDHH. que este mes reciben una aumento por no "trabajar" lo que implica una negación de justicia o hacerlo de manera sumisa al poder político, ya han llegado a la Naciones Unidas, en otro escándalo que involucrará no solo al gobierno de la provincia sino al gobierno nacional.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
El Gobierno nacional dejó afuera a Formosa de la mesa de negociaciones y lanzó un mensaje directo: solo recibirán fondos y avales los gobernadores que ajustaron sus cuentas. “No es lo mismo lo que hizo Frigerio que lo que pudo haber hecho Gildo”, admiten en la Casa Rosada. La comparación exhibe el lugar que el mileísmo le asigna a la provincia: lejos del reparto y aún más lejos de la consideración política.
Un cadáver pasó inadvertido durante una semana; una acusada de grooming fue detenida en 24 horas. La desigual rapidez del Estado desnuda que el problema nunca fue la capacidad operativa, sino dónde decide aplicarla.
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Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
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