De nuevo y por el programa de PPT de canal 13 expusieron los documentos que prueban que el gobernador trabajó para la dictadura hasta que asumió como diputado provincial.
Locales11/07/2021
leonardo fernández acostaEste domingo en el programa de PPT, del periodista Jorge Lanata y por canal 13, se volvieron a exponer en la televisión nacional, los documentos que se creían destruidos respecto de la relación laboral que el gobernador Insfrán tuvo con la dictadura.
Todos los archivos fueron destruidos por el gobierno de Gildo Insfrán impidiendo que los juicios de lesa humanidad pudieran descubrir la relación de los funcionarios de esa época en mayor detalle, con el gobernador de facto, General Juan Carlos Colombo, condenado por delitos de lesa humanidad.
La provincia tampoco participó como querellante en estas megacausas como si lo hicieron otras provincias y el propio gobierno nacional y los abogados querellantes tuvieron que llevar las denuncias de las víctimas en la más absoluta soledad desde el regreso de la democracia.
Surgieron luego, papeles que dan cuenta el porqué de la destrucción de los documentos de esos años nefastos de la república. Insfrán le habría solicitado en una nota, al delincuente de lesa humanidad condenado y ex gobernador de facto, General Juan Carlos Colombo, un empleo en el Ministerio de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales de la provincia como veterinario.
Ahora otro documento, muestra a las claras porque destruyeron todos los archivos de la dictadura en la provincia de Formosa y bajo el gobierno de Gildo Insfrán. El actual gobernador de la provincia fue empleado del Ministerio de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales de la dictadura desde el 5 de mayo de 1978 hasta el 10 de diciembre de 1983 en donde renuncia para asumir como diputado, ya con el retorno de la democracia.
Es decir, Insfrán trabajó durante la peor parte de la represión en la provincia como empleado del gobierno de facto, hecho que se ocultó durante años e inclusive acompañado por la destrucción de la documentación que exponía la vida oculta del séptuple gobernador de Formosa y como quien no quiere la cosa, renuncio a su trabajo en ese Ministerio, cuando tenía garantizado su banca como legislador provincial.
Lo increíble de la situación es que abogados defensores de los derechos humanos, como William Dardo Caraballo, condenó la acción difamatoria contra el gobernador Gildo Insfrán por parte de un comunicador alineado con la oposición. Caraballo sostuvo que vincular al primer mandatario con el Gobierno de facto de Juan Carlos Colombo “es la definición de la miseria humana en esta etapa de la pandemia”.
"Eso no significaba que formaran parte de la conducción del Estado terrorista, mucho menos un joven veterinario que iba a trabajar en lo suyo o en el Ministerio de Recursos Naturales como se llamaba en esa época" explicó el hoy asesor de gobierno que no duda en descalificar a la prensa por los documentos que desde el gobierno de Insfrán trataron de destruir.
Ante lo reiterado en la televisión nacional, el abogado por los DDHH. debería replantearse entre si defender a Insfrán o defender a los DDHH.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras los bancos celebran la baja de tasas, un empleado formoseño necesitaría quintuplicar su salario para que un banco siquiera considere su solicitud. La "reactivación" es solo para quienes ya están del lado adentro de la verja.
La estadística como cortina de humo: Mientras se promociona una tarifa eléctrica baja como "logro social", se oculta que el 90% de los formoseños necesita subsidios crónicos para pagar un servicio básico. El relato oficial celebra la dependencia como si fuera un triunfo, silenciando tres décadas de estancamiento que condenan a la provincia a la asistencia perpetua. El verdadero costo no está en la factura de la luz, sino en la factura política de un sistema que produce pobres para luego exhibir su pobreza como mérito propio.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
Sin la Ley de Lemas, sin sobres y sin miedo suficiente, el reino de Insfrán mostró su verdadera desnudez: un poder sostenido por la pobreza y el silencio que empieza a resquebrajarse. La impunidad sigue, pero el mito se rompió.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
