Para ambos imputados, Bernardo Alfredo Montoya y Jorge Demetrio Vázquez Rey, nombrados después del golpe cívico militar como ministros del Superior Tribunal de Justicia provincial, la fiscalía y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación habían solicitado penas de 14 años de prisión.
El representante del MPF acusó a Bernardo Montoya y Jorge Vázquez Rey por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento. Pidió además que se los inhabilite para ejercer cargos públicos. Sostuvo que las víctimas fueron perseguidas por la dictadura por su actividad sindical y que los acusados no intervinieron pese a que tenían informes sobre su lugar de detención.
"Ningún juez de la nación ha sido sometido a este tipo de juicios y me lo decía un juez de Corrientes que tuvo muchos presos de estas características, solamente algunos jueces federales fueron procesados porque estaban evidentemente vinculados a actividades de juzgamiento de militares, le encontraron responsabilidad” explicó el ex juez del STJ.
De nuevo y por el programa de PPT de canal 13 expusieron los documentos que prueban que el gobernador trabajó para la dictadura hasta que asumió como diputado provincial.
En principio se hizo pública una nota solicitándole trabajo al gobernador de facto como veterinario. Ahora se conoce la constancia de servicios prestado como empleado de la dictadura.
Insfrán no defiende a los trabajadores. Defiende su monopolio. En su feudo, la única fortuna permitida es la que se hace con el sobre del Estado. La reforma laboral amenaza con darles a los formoseños lo que él más teme: libertad para progresar sin pedirle permiso al patrón único. Su lucha no es ideológica, es de supervivencia. Sobrevivir como el último cacique de un sistema que canjea votos por planes y convierte al ciudadano en siervo del aparato.
Ni el Defensor del Pueblo que no puede defender, ni la cámara empresarial capturada por los intereses del poder: la Justicia Federal los desconoció como representantes legítimos del pueblo formoseño. En el desolado paisaje institucional de Formosa, donde el estatismo decide quién vive y quién sobrevive, a los ciudadanos les podrían aplicar el famoso dicho de Moria Casán: 'No existís'. El fallo no solo rechazó un amparo; certificó que las voces que pretenden hablar por la gente carecen de sustento real
La violenta represión policial contra mujeres que reclamaban viviendas en el IPV dejó al desnudo un Estado sin protocolos, una fuerza de seguridad usada como patota política y un organismo habitacional atravesado por la discrecionalidad, el uso partidario de fondos públicos y el encubrimiento de la pobreza detrás de proyectos millonarios y propaganda oficial.
Del empleo en la estructura política nacional a la constitución de empresas vinculadas a la obra pública y su presencia reiterada en foros internacionales: una trayectoria documentada que, por su velocidad, contexto y conexiones, exige explicaciones claras en nombre de la transparencia.
"Preocupados por la precarización del sector privado, los gremios estatales funcionarios y sindicalistas salen a la calle para exigir que no les toquen un pelo de sus privilegios. Porque la lucha es una sola: la de ellos y sus intereses personales."
