Para ambos imputados, Bernardo Alfredo Montoya y Jorge Demetrio Vázquez Rey, nombrados después del golpe cívico militar como ministros del Superior Tribunal de Justicia provincial, la fiscalía y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación habían solicitado penas de 14 años de prisión.
El representante del MPF acusó a Bernardo Montoya y Jorge Vázquez Rey por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento. Pidió además que se los inhabilite para ejercer cargos públicos. Sostuvo que las víctimas fueron perseguidas por la dictadura por su actividad sindical y que los acusados no intervinieron pese a que tenían informes sobre su lugar de detención.
"Ningún juez de la nación ha sido sometido a este tipo de juicios y me lo decía un juez de Corrientes que tuvo muchos presos de estas características, solamente algunos jueces federales fueron procesados porque estaban evidentemente vinculados a actividades de juzgamiento de militares, le encontraron responsabilidad” explicó el ex juez del STJ.
De nuevo y por el programa de PPT de canal 13 expusieron los documentos que prueban que el gobernador trabajó para la dictadura hasta que asumió como diputado provincial.
En principio se hizo pública una nota solicitándole trabajo al gobernador de facto como veterinario. Ahora se conoce la constancia de servicios prestado como empleado de la dictadura.
En la provincia “más barata” del país, el salario promedio del empleado público no alcanza para vivir: llenar el changuito exige destinar todo el sueldo a alimentos, dejando afuera alquiler, servicios y transporte. Por eso, el changuito completo no existe: se compra menos, se recorta y se sobrevive.
Lo que está en juego excede largamente una polémica circunstancial o una pelea de redes sociales. Aquí se expone un mecanismo preocupante: un alto funcionario provincial se vale de registros sensibles, de procedencia nunca aclarada, para montar una operación de desgaste contra una dirigente opositora, amparado en un anonimato tan oportuno como funcional y amplificado por el aparato mediático oficial. No es azar ni torpeza: es un libreto conocido que muestra cómo el poder administra la intimidación desde el Estado.
La detención de un ex concejal de Pirané con cinco kilos de marihuana, cocaína y dinero en efectivo no puede ser presentada como un problema de adicciones ni como un drama familiar. Se trata de un caso de narcotráfico que involucra a una figura pública y que tiene consecuencias políticas directas para su padre, ex intendente y actual referente de La Libertad Avanza, que intenta correr el eje del hecho hacia la victimización personal para diluir responsabilidades institucionales.
La coparticipación es el arma de castigo de Insfrán: en su Formosa, un ciudadano de un municipio leal vale nueve veces más que uno de un pueblo disidente. No es gestión, es venganza política. La lealtad se paga con el hambre ajeno.
Detrás del "Modelo Formoseño", un esquema de capitalismo de amigos: el Estado como socio oculto y garante de negocios presentados como privados en donde REFSA funciona más como una caja política y un operador financiero opaco que como una empresa al servicio del bienestar público.
