José Víctor Fernández es una protegido del gobernador Insfrán y a pesar de haber sido condenado por malversación entre otros cargos penales cuando fue titular de la UGL Formosa, goza de impunidad como Director del Hospital de Ingeniero Juárez.
La "lluvia" de tomógrafos no puede suplir la falta de recursos humanos, las malas condiciones laborales con sueldos de hambre y el sostenimiento escandaloso de profesionales denunciados y condenados.
La investigación fue desarrollada por la Fiscalía Federal N°1 de Formosa, a cargo de Marisa Vázquez -quien también intervino en el debate oral-, junto a la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de actuación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y su Programa de Atención Médica Integral (UFI-PAMI), que encabeza el fiscal federal Javier Arzubi Calvo. El gobierno de Formosa, nombró a Fernández, aún cuando se encontraba procesado en la causa, frente al Hospital de Ingeniero Juárez y aún lo sostiene en el cargo.
Cerca de 3 millones de pesos en la contratación del grupo Ráfaga, 500 mil pesos en Champagne Don Perignon Luminoso, entre otros muchos gastos en un festejo en la Sociedad Rural.
Entre frases inconexas y una conducta llamativamente alterada, Sosa dejó dudas más propias de un examen clínico que de una sesión del Concejo. Defendió a De Vido, varias veces preso, a Chávez y le faltaba el Che Guevara para completar el desvarío.
Entre sorpresas fingidas y comparaciones forzadas, Zabala volvió a confirmar que en Formosa la Fiscalía de Estado funciona menos como un órgano de control que como una oficina jurídica del patrón de siempre: Gildo Insfrán.
En una de las fronteras más calientes del país, el gildismo impulsa a una magistrada sin trayectoria mientras la diputada Gabriela Neme expone una red estatal que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y manipulado expedientes.
Mientras crecen los actos de vandalismo, las picadas nocturnas y la ausencia policial, los vecinos hablan de una “zona liberada” en la única ciudad que gobierna la oposición. Todo ocurre en un contexto donde el gildismo ve a Atilio Basualdo como una amenaza real para la sucesión provincial y estaría dispuesto a dejar que Las Lomitas se deteriore antes que permitirle consolidar poder.
Hay una diferencia abismal entre la protesta legítima y la intimidación mafiosa. Entre el reclamo con argumentos y la imposición por la fuerza. Lo que hemos presenciado en las puertas del Concejo Deliberante con el acoso al concejal Evans es el triste espectáculo de quienes, queriendo aparentar ser actores sociales, no pueden disimular su esencia de patota.
