José Víctor Fernández es una protegido del gobernador Insfrán y a pesar de haber sido condenado por malversación entre otros cargos penales cuando fue titular de la UGL Formosa, goza de impunidad como Director del Hospital de Ingeniero Juárez.
Locales06/05/2023
leonardo fernández acosta
“Al que nace barrigón es al ñudo que lo fajen” dice el dicho y a pesar de que el Ministro de Desarrollo Humano, Aníbal Gómez, lo sostiene aún con la condena, la conducta del Dr. Víctor Fernández sigue demostrando que poco o nada le interesa lo que la gente piense.
Hace poco menos de un año, tuvo que sortear una denuncia por acoso laboral y en la justicia habría más de una causa por violencia de género que se traspapeló en los cajones pero los memoriosos recuerdan la empresa constructora, “Campo Azul” en Pozito Quimil y La Lunita donde también habría dejado rastros como en el PAMI.
Lo grosero de la conducta delictiva de Fernández es que se quedó con dinero de los abuelos y fue separado del cargo, nada menos que por La Cámpora. Hay que robar para que La Cámpora te separe del cargo.
Pero la novedad es que a pesar de tener el prontuario que tiene, la manera que tendría el Dr. Fernández de hacer campaña sería (según los empleados) con aprietes a través de los delegados zonales entre los docentes y con una lista de los que echaría de acceder a la intendencia.
Según los involucrados, aterroriza a los empleados con supuestas amenazas de una “purga” posterior a las elecciones y este es el método que utilizaría para convencer a sus votantes.
Por el momento y ante la condena por malversación de fondos en el PAMI, no se muestra públicamente con Insfrán pero seguramente estará presentando su candidatura, minutos antes que cierren los plazos en los tiempos electorales.
En el mes de noviembre de 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa condenó a dos años de prisión en suspenso al ex jefe del Departamento de Prestaciones Sociales de la Unidad de Gestión Local (UGL) del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI), Ramón Rolando Palavecino, en orden a los delitos de defraudación a la administración pública, violación de documentos, violación de los deberes de funcionario público y peculado. En el mismo proceso, el exdirector ejecutivo de la UGL formoseña, José Víctor Fernández, fue condenado al pago de una multa del 20 por ciento del dinero sustraído -equivalente a $995.736- como autor de malversación culposa. Además, como cuestión destacada y ejemplificadora, ambos deberían reparar económicamente a la institución, por las sumas de 1,5 y 2,5 millones de pesos, respectivamente.
La investigación fue desarrollada por la Fiscalía Federal N°1 de Formosa, a cargo de Marisa Vázquez -quien también intervino en el debate oral-, junto a la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de actuación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y su Programa de Atención Médica Integral (UFI-PAMI), que encabeza el fiscal federal Javier Arzubi Calvo.
El caso
La causa se inició por una denuncia recibida en la UFI-PAMI, que daba cuenta que, entre enero de 2013 y diciembre de 2014, los funcionarios ahora condenados simularon el hospedaje de afiliados de PAMI -que residían en el interior de la provincia de Formosa y viajaban para recibir atención médica- o de beneficiarios fallecidos en el Nuevo Hotel Ideal de la ciudad de Formosa. De este modo, obtenían los fondos de prestaciones que nunca realizaban.
También, se determinó que Palavecino -tras ser suspendido de sus funciones en el marco del sumario administrativo que se le inició al detectarse las irregularidades-, sustrajo de las oficinas del Instituto expedientes relativos a prestaciones sociales.
La UFI-PAMI desarrolló una profusa investigación, en colaboración con la Fiscalía Federal N°1 formoseña, y solicitó el allanamiento de la vivienda de Palavecino y del hotel. En los procedimientos se secuestraron cuatro cajas de expedientes administrativos del INSSJP, gran cantidad de remitos y facturas del hospedaje, y su libro de pasajeros, entre otros elementos de interés para la investigación.
Personal de la UFI-PAMI viajó a Formosa a fin de relevar la documentación incautada y analizar los registros de pasajeros y pagos efectuados por el INSSJP. Así, se advirtieron diversas irregularidades tales como la facturación por alojamiento a afiliados fallecidos o que nunca fueron atendidos en la ciudad de Formosa. También se estableció que, luego del cambio de autoridades en la UGL, los montos abonados en concepto de hotelería mermaron sustancialmente.
En base a las pruebas recolectadas durante la investigación, la y el representantes del Ministerio Público Fiscal tuvieron por comprobada la defraudación cometida en perjuicio de la obra social nacional, y la sustracción de documentación relacionada con el otorgamiento de prestaciones sociales a afiliados del Instituto, en la que -de acuerdo tuvo por acreditado el tribunal oral- participaron los ex agentes condenados.
Mientras Formosa intenta justificar un repunte “estacional” en pleno calor y atribuye el brote a falta de vacunas, el ministro correntino Ricardo Cardozo lo desmiente de plano: en su provincia no hay brote, no faltan dosis y el Covid casi no circula. El contraste deja al descubierto que el problema no es epidemiológico, sino narrativo.
El subjefe policial Rubén Mauri, quien habría sido designado sin carrera ni antecedentes y tras el retiro forzado de comisarios más antiguos, reapareció en la reunión del Norte Grande junto a Insfrán mientras en la provincia crecen el robo de motos, el narcomenudeo y la falta total de estadísticas de seguridad. Su presencia política expone, otra vez, que en Formosa la Policía responde más al poder que a la ciudadanía.
Hay una diferencia abismal entre la protesta legítima y la intimidación mafiosa. Entre el reclamo con argumentos y la imposición por la fuerza. Lo que hemos presenciado en las puertas del Concejo Deliberante con el acoso al concejal Evans es el triste espectáculo de quienes, queriendo aparentar ser actores sociales, no pueden disimular su esencia de patota.
Mientras crecen los actos de vandalismo, las picadas nocturnas y la ausencia policial, los vecinos hablan de una “zona liberada” en la única ciudad que gobierna la oposición. Todo ocurre en un contexto donde el gildismo ve a Atilio Basualdo como una amenaza real para la sucesión provincial y estaría dispuesto a dejar que Las Lomitas se deteriore antes que permitirle consolidar poder.
En una de las fronteras más calientes del país, el gildismo impulsa a una magistrada sin trayectoria mientras la diputada Gabriela Neme expone una red estatal que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y manipulado expedientes.
Entre sorpresas fingidas y comparaciones forzadas, Zabala volvió a confirmar que en Formosa la Fiscalía de Estado funciona menos como un órgano de control que como una oficina jurídica del patrón de siempre: Gildo Insfrán.
En una de las fronteras más calientes del país, el gildismo impulsa a una magistrada sin trayectoria mientras la diputada Gabriela Neme expone una red estatal que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y manipulado expedientes.
Mientras crecen los actos de vandalismo, las picadas nocturnas y la ausencia policial, los vecinos hablan de una “zona liberada” en la única ciudad que gobierna la oposición. Todo ocurre en un contexto donde el gildismo ve a Atilio Basualdo como una amenaza real para la sucesión provincial y estaría dispuesto a dejar que Las Lomitas se deteriore antes que permitirle consolidar poder.
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El subjefe policial Rubén Mauri, quien habría sido designado sin carrera ni antecedentes y tras el retiro forzado de comisarios más antiguos, reapareció en la reunión del Norte Grande junto a Insfrán mientras en la provincia crecen el robo de motos, el narcomenudeo y la falta total de estadísticas de seguridad. Su presencia política expone, otra vez, que en Formosa la Policía responde más al poder que a la ciudadanía.
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