La mayoría oficialista en la Legislatura Provincial, aprobó la modificación de cuatro Leyes para otorgarle más atribuciones legislativas de control al Poder Ejecutivo.
"Es un proyecto que tenemos que discutir, más allá de la bandera del federalismo y esto se reclama. Pensé que no había otro peor que Formosa y en realidad en La Rioja no hay sistema de discusión de la coparticipación. Más allá de las ideologías tenemos que discutir la copartición" dijo el diputado por la UCR, Juan Carlos Amarilla.
En la Legislatura Provincial nombraron varios jueces pero la oposición rechazó la postulación de dos, los hermanos Cañete. Son afiliados al PJ y uno de ellos está casado con una jueza del mismo fuero y es primo hermano de otro juez de instrucción del narcocrimen.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
