Los gobernadores peronistas quieren imponer al candidato de Cristina Kirchner pero que pierde caminando las elecciones. Los intendentes del conurbano, no se suben al Titanic de los gobernadores
El gobernador GIldo Insfrán acompañó hoy, junto a 12 mandatarios del PJ, el pedido de juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia por "incumplimiento de deberes de funcionario" y "violaciones reiteradas a la Constitución" (otros 11 gobernadores del PJ no acompañaron). Tampoco tienen el número necesario en diputados.
En un secretismo absoluto, los gobernadores peronistas volvieron a reunirse en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) de Retiro en medio del clima de ruptura entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Insfrán viajo a la CABA por tercera vez en una semana en otro vuelo de Baires Fly de 20 mil dólares.
La jura de suplentes en la Constituyente terminó exhibiendo al radicalismo dividido, con un oficialismo que capitalizó la confusión y un Juan Carlos Leguizamón que, molesto y desplazado, acusó a sus correligionarios de traicionarlo para no quedar pegados al gildismo
Valdés sabe que el antiperonismo no necesita necesariamente a Milei para sobrevivir. Y que la UCR, con sus territorios, todavía tiene capital político para disputar el centro de la escena nacional.
Los gobernadores de la liga se montaron a la victoria del correntino. Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Juan Schiaretti (exgobernador de Córdoba) saludaron el triunfo como propio y buscaron darle volumen nacional al armado de Provincias Unidas, la liga que intenta abrirse camino como tercera vía frente a Javier Milei y el kirchnerismo.
Hasta en la reforma de la Constitución Provincial, Insfrán convierte la campaña en un ejercicio de miedo: introduce cláusulas para blindarse ante una eventual intervención y agita la amenaza del congelamiento de fondos como sinónimo de cesación de pagos. Un objetivo tan miserable como perverso: poner en primera fila del temor a los empleados públicos, sabiendo que dependen del salario estatal para sobrevivir.
El Presidente insiste en culpar al periodismo por las filtraciones que comprometen a Karina Milei, mientras la Justicia le recuerda que las fuentes y el acceso a la información son pilares democráticos.
