El gobernador GIldo Insfrán acompañó hoy, junto a 12 mandatarios del PJ, el pedido de juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia por "incumplimiento de deberes de funcionario" y "violaciones reiteradas a la Constitución" (otros 11 gobernadores del PJ no acompañaron). Tampoco tienen el número necesario en diputados.
Nacionales03/01/2023
leonardo fernández acosta
Luego de una reunión de casi tres horas en la Casa Rosada el presidente de la Nación, Alberto Fernández, definió con los gobernadores más alineados a su gestión que avanzará con una fuerte jugada política que se ajusta al artículo 53 de la Constitución y promoverá en el Congreso la remoción de los jueces del máximo tribunal.
Por medio de un comunicado oficial y un tuit del Presidente, el Gobierno sustentó el pedido de juicio político a la Corte en tres ejes:
1- Impulsar el juicio político por "haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional".
2-Respecto de "algunos hechos con distintos grados de responsabilidad, solicitar que se inicie el proceso de juicio político respecto de los integrantes del máximo tribunal Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti".
3- Por último, pidió al bloque de diputados del Frente de Todos que "apoye e impulse el proyecto correspondiente para que se inicie, lo antes posible, el proceso institucional en el Congreso de la Nación".
La decisión de Alberto Fernández no contó con el visto bueno de al menos 12 mandatarios del PJ que ven en la movida del Gobierno la gestación de una crisis institucional sin precedentes.
Al hacer el anuncio de la presentación del pedido de juicio político el gobernador Jorge Capitanich (Chaco) dijo que se hizo por "mal desempeño de los cuatro jueces de la Corte, la violación de ética pública y el mal desempeño como definir la inconstitucionalidad a la ley de coparticipación".
El pedido de juicio político recaerá ahora en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para que haya dictamen y luego se pueda trasladar al recinto. Pero el peronismo no cuenta hoy con mayoría especial que se requiere en el pleno del cuerpo para avanzar con el pedido de enjuiciamiento a los miembros de la Corte.
El Presidente y los mandatarios provinciales del PJ que presentaron el pedido de juicio a la Corte se sustentaron en el fallo del máximo tribunal que obligó a la Nación a restituir parte de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires y en los chats filtrados que revelan un nexo entre jueces de la Corte y funcionarios del gobierno porteño.
El pedido de juicio político se presentará por medio de un decreto que estará redactado en las próximas horas y se incluirá en el temario de sesiones extraordinarias que planteará el Poder Ejecutivo al Congreso para su tratamiento.
"Acá hay una manifiesta parcialidad para favorecer a un sector de la política. Los argentinos no pueden estar tranquilos con los miembros de la Corte que violan la Constitución", añadió Capitanich.
A la vez, Axel Kicillof (Buenos Aires) dijo que la presentación del pedido de juicio político a la Corte "se trata de algo que no hay precedentes" y admitió que el peronismo no cuenta hoy con número de votos suficientes en el recinto para avanzar con el pedido de juicio a la Corte en Diputados.
No obstante, destacó: "lógicamente será el mismo curso de la investigación que se conformará el resultado en pleno", dijo Kicillof.
La decisión de Alberto Fernández no contó con el visto bueno de al menos 11 mandatarios del PJ que ven en la movida del Gobierno la gestación de una crisis institucional sin precedentes.
Alberto Fernández se reunió cerca del mediodía con los gobernadores más afines al Gobierno en el Salón Eva Perón de Casa de Gobierno. Estaban allí Gildo Insfrán, Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Gerardo Zamora, Sergio Ziliotto, Osvaldo Jaldo, y Gustavo Melella.
Además participaron los vicegobernadores Eugenio Quiroga (Santa Cruz) y Rubén Dusso (Catamarca), a pesar de que los mandatarios provinciales Raúl Jalil y Alicia Kirchner intervinieron de manera virtual. Alberto Fernández estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro.
La iniciativa no cuenta con el respaldo de gobernadores de peso político como Juan Schiaretti (Córdoba) y Omar Perotti (Santa Fe). Tampoco asistieron al cónclave Arabela Carreras (Río Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta), Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Mariano Arcioni (Chubut), quienes criticaron el fallo del máximo tribunal pero no creen que sea viable el pedido de juicio político.
Los gobernadores de Provincias Unidas frenaron el apuro de Milei y le bajaron el precio a su convocatoria: acumulan reproches por el maltrato recibido, no están dispuestos a favorecer a un competidor en plena campaña y sienten que el Círculo Rojo empieza a girar hacia ellos como alternativa de gobernabilidad.
Los gobernadores de la liga se montaron a la victoria del correntino. Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Juan Schiaretti (exgobernador de Córdoba) saludaron el triunfo como propio y buscaron darle volumen nacional al armado de Provincias Unidas, la liga que intenta abrirse camino como tercera vía frente a Javier Milei y el kirchnerismo.
Valdés sabe que el antiperonismo no necesita necesariamente a Milei para sobrevivir. Y que la UCR, con sus territorios, todavía tiene capital político para disputar el centro de la escena nacional.
Conscientes de que el tiempo se les agota y las urnas les serán adversas en octubre, el kirchnerismo, acompañado por radicales oportunistas y falsos moderados, lanzó un nuevo golpe institucional: leyes previsionales que buscan romper el equilibrio fiscal y torcerle el brazo a Milei. El Presidente ya anunció el veto.
La impunidad se quedará sin fueros: la Corte Suprema confirmará la condena a Cristina Kirchner por corrupción y allanará el camino a su detención. Se acabaron los discursos, las operaciones y el blindaje político. El final del relato ya no es épico: es judicial.
El presidente asistió a inaugurar las sesiones ordinarias y tuvo un más que frío reencuentro con la vice. Apuntó contra Kicillof -ausente- por la inseguridad. Su cruce con un radical derivó en un protagonismo de Santiago Caputo en el final de la jornada. Recinto despoblado.
Desde los fondos oscuros del Cártel de los Soles en Venezuela, pasando por el fideicomiso binacional Argentina–Venezuela y los canales del BANDES y el Banco Nación, hasta aterrizar en Formosa Alimenta, la empresa estatal del gobernador Gildo Insfrán: una red que mezcla política, narcotráfico y poder feudal en el norte argentino.
Sin la Ley de Lemas, sin sobres y sin miedo suficiente, el reino de Insfrán mostró su verdadera desnudez: un poder sostenido por la pobreza y el silencio que empieza a resquebrajarse. La impunidad sigue, pero el mito se rompió.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
Mientras los bancos celebran la baja de tasas, un empleado formoseño necesitaría quintuplicar su salario para que un banco siquiera considere su solicitud. La "reactivación" es solo para quienes ya están del lado adentro de la verja.
La estadística como cortina de humo: Mientras se promociona una tarifa eléctrica baja como "logro social", se oculta que el 90% de los formoseños necesita subsidios crónicos para pagar un servicio básico. El relato oficial celebra la dependencia como si fuera un triunfo, silenciando tres décadas de estancamiento que condenan a la provincia a la asistencia perpetua. El verdadero costo no está en la factura de la luz, sino en la factura política de un sistema que produce pobres para luego exhibir su pobreza como mérito propio.
