En un secretismo absoluto, los gobernadores peronistas volvieron a reunirse en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) de Retiro en medio del clima de ruptura entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Insfrán viajo a la CABA por tercera vez en una semana en otro vuelo de Baires Fly de 20 mil dólares.
Nacionales11/05/2022
leonardo fernández acosta
La reunión terminó cerca de las 22 y entre los gobernadores que estuvieron, participaron el pampeano Sergio Ziliotto y el puntano, Alberto Rodríguez Saá. También estuvieron el chaqueño Jorge Capitanich, que no sólo es uno de los candidatos que analiza el kirchnerismo para las primarias del año que viene, sino que preparó el marco el viernes en Resistencia para que la vicepresidenta ninguneara al presidente y cuestionara a sus ministros.
Los últimos en salir fueron dos gobernadores muy cercanos a Cristina: Gildo Insfrán, de Formosa, y la santacruceña Alicia Kirchner. Poco antes de ellos se retiró Claudia Abdala de Zamora, ex gobernadora de Santiago del Estero y esposa de Gerardo Zamora, otro de los gobernadores presidenciables.
Los mandatarios salieron sin hacer declaraciones. Algunos se mostraron nerviosos y esquivaron contestar preguntas. "No puedo, pierdo el avión", dijo uno de ellos que trotó hacia su auto en la cortada de Tres Sargentos.
"No entorpezca el paso de los gobernadores, señor", dijo a este medio un colaborador de uno de los mandatarios, una rareza para el CFI que suele permitir el paso de la prensa.
Los encargados de la seguridad estaban celosos de todo lo que pasaba en la vereda y entraron en crisis cuando un camión de basura se estacionó en la puerta, lo que podía demorar el escape de los participantes del cónclave. Afuera los esperaban sus choferes en autos de alta gama que revelaban que adentro del CFI había de mínima algún famoso. Incluso debieron ayudar al personal de maestranza que justo esa misma noche se dispuso a cambiar los tubos flourescentes del edificio.
Desde que la pelea de Alberto y Cristina empezó a escalar entonces los encuentros se sucedieron todas las semanas en una situación que recuerda a los momentos políticos más difíciles del pasado reciente, durante el gobierno de Eduardo Duhalde, cuando los gobernadores se reunían en la misma sede del bajo porteño.
Un dato que revela la tensión y la preocupación de los gobernadores es que todas las reuniones fueron secretas. No se convocó a ninguna de ellas y en ninguna se emitió un comunicado.
En la reunión del 10 de abril, 12 gobernadores habían acordado una serie de puntos para exigirle a Alberto, entre los que estaban el de rearmar el gabinete y definir un programa antiinflacionario.
Los gobernadores están molestos desde entonces con el presidente porque demora el decreto que debe contener el Presupuesto para este año, trabado por el ajuste a las provincias que quiere instrumentar Martín Guzmán. La demora de ese decreto genera tensión entre el ministro de Economía y el jefe de gabinete, Juan Manzur. (LPO)
Los gobernadores de Provincias Unidas frenaron el apuro de Milei y le bajaron el precio a su convocatoria: acumulan reproches por el maltrato recibido, no están dispuestos a favorecer a un competidor en plena campaña y sienten que el Círculo Rojo empieza a girar hacia ellos como alternativa de gobernabilidad.
Los gobernadores de la liga se montaron a la victoria del correntino. Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Juan Schiaretti (exgobernador de Córdoba) saludaron el triunfo como propio y buscaron darle volumen nacional al armado de Provincias Unidas, la liga que intenta abrirse camino como tercera vía frente a Javier Milei y el kirchnerismo.
Valdés sabe que el antiperonismo no necesita necesariamente a Milei para sobrevivir. Y que la UCR, con sus territorios, todavía tiene capital político para disputar el centro de la escena nacional.
Conscientes de que el tiempo se les agota y las urnas les serán adversas en octubre, el kirchnerismo, acompañado por radicales oportunistas y falsos moderados, lanzó un nuevo golpe institucional: leyes previsionales que buscan romper el equilibrio fiscal y torcerle el brazo a Milei. El Presidente ya anunció el veto.
La impunidad se quedará sin fueros: la Corte Suprema confirmará la condena a Cristina Kirchner por corrupción y allanará el camino a su detención. Se acabaron los discursos, las operaciones y el blindaje político. El final del relato ya no es épico: es judicial.
El presidente asistió a inaugurar las sesiones ordinarias y tuvo un más que frío reencuentro con la vice. Apuntó contra Kicillof -ausente- por la inseguridad. Su cruce con un radical derivó en un protagonismo de Santiago Caputo en el final de la jornada. Recinto despoblado.
En la provincia “más barata” del país, el salario promedio del empleado público no alcanza para vivir: llenar el changuito exige destinar todo el sueldo a alimentos, dejando afuera alquiler, servicios y transporte. Por eso, el changuito completo no existe: se compra menos, se recorta y se sobrevive.
Lo que está en juego excede largamente una polémica circunstancial o una pelea de redes sociales. Aquí se expone un mecanismo preocupante: un alto funcionario provincial se vale de registros sensibles, de procedencia nunca aclarada, para montar una operación de desgaste contra una dirigente opositora, amparado en un anonimato tan oportuno como funcional y amplificado por el aparato mediático oficial. No es azar ni torpeza: es un libreto conocido que muestra cómo el poder administra la intimidación desde el Estado.
La detención de un ex concejal de Pirané con cinco kilos de marihuana, cocaína y dinero en efectivo no puede ser presentada como un problema de adicciones ni como un drama familiar. Se trata de un caso de narcotráfico que involucra a una figura pública y que tiene consecuencias políticas directas para su padre, ex intendente y actual referente de La Libertad Avanza, que intenta correr el eje del hecho hacia la victimización personal para diluir responsabilidades institucionales.
La coparticipación es el arma de castigo de Insfrán: en su Formosa, un ciudadano de un municipio leal vale nueve veces más que uno de un pueblo disidente. No es gestión, es venganza política. La lealtad se paga con el hambre ajeno.
Detrás del "Modelo Formoseño", un esquema de capitalismo de amigos: el Estado como socio oculto y garante de negocios presentados como privados en donde REFSA funciona más como una caja política y un operador financiero opaco que como una empresa al servicio del bienestar público.
