Para ambos imputados, Bernardo Alfredo Montoya y Jorge Demetrio Vázquez Rey, nombrados después del golpe cívico militar como ministros del Superior Tribunal de Justicia provincial, la fiscalía y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación habían solicitado penas de 14 años de prisión.
El representante del MPF acusó a Bernardo Montoya y Jorge Vázquez Rey por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento. Pidió además que se los inhabilite para ejercer cargos públicos. Sostuvo que las víctimas fueron perseguidas por la dictadura por su actividad sindical y que los acusados no intervinieron pese a que tenían informes sobre su lugar de detención.
“El sufrimiento que tuvieron nuestros empleados detenidos fue omisión o desidia del juez federal de entonces. Podía entrar al cuartel, inspeccionar los lugares y poner coto a esa situación pero no lo hizo. Es un disparate suponer que porque eramos un STJ, éramos una simple cámara de apelación múltiple porque no había cámaras” explicó.
"Ningún juez de la nación ha sido sometido a este tipo de juicios y me lo decía un juez de Corrientes que tuvo muchos presos de estas características, solamente algunos jueces federales fueron procesados porque estaban evidentemente vinculados a actividades de juzgamiento de militares, le encontraron responsabilidad” explicó el ex juez del STJ.
Este es el sexto juicio por crímenes de lesa humanidad en la provincia y se investigará a los exjueces por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento de los secuestros de 8 trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial de Formosa, de los cuales tres permanecen desaparecidos.
A tres años del intento de copamiento institucional en la UNaF, los responsables siguen impunes, dictando cátedra sobre valores que traicionaron. La universidad debe elegir: o activa su memoria y defiende su autonomía, o se resigna a ser un apéndice más del poder político.
La Policía de Formosa volvió a actuar como sabe: con opacidad, despliegue excesivo y nulo respeto por la transparencia. Mientras intenta descalificar al periodismo que investiga, se hunde en un descrédito irreversible, marcado por el historial de causas fraguadas, testigos falsos y operativos turbios. Nada en su versión oficial resiste el menor análisis. Y ya nadie les cree una sola palabra.
La jueza Sánchez se descompensó, pero lo que se activó no fue un protocolo sanitario, sino la maquinaria del miedo: patrullas, forenses, silencio oficial y amenazas a periodistas que hicieron su trabajo.
Mientras una jueza permanece internada y la Justicia guarda silencio, el ministro Jorge González y el diputado Hugo “Carlín” Insfrán se exhiben sonrientes en redes sociales, musicalizados con humor negro. La foto, lejos de transmitir alegría, confirma la insensibilidad y el blindaje de una casta política que se burla del pueblo y de sus propios excesos.
La impunidad se quedará sin fueros: la Corte Suprema confirmará la condena a Cristina Kirchner por corrupción y allanará el camino a su detención. Se acabaron los discursos, las operaciones y el blindaje político. El final del relato ya no es épico: es judicial.
