Para ambos imputados, Bernardo Alfredo Montoya y Jorge Demetrio Vázquez Rey, nombrados después del golpe cívico militar como ministros del Superior Tribunal de Justicia provincial, la fiscalía y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación habían solicitado penas de 14 años de prisión.
El representante del MPF acusó a Bernardo Montoya y Jorge Vázquez Rey por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento. Pidió además que se los inhabilite para ejercer cargos públicos. Sostuvo que las víctimas fueron perseguidas por la dictadura por su actividad sindical y que los acusados no intervinieron pese a que tenían informes sobre su lugar de detención.
“El sufrimiento que tuvieron nuestros empleados detenidos fue omisión o desidia del juez federal de entonces. Podía entrar al cuartel, inspeccionar los lugares y poner coto a esa situación pero no lo hizo. Es un disparate suponer que porque eramos un STJ, éramos una simple cámara de apelación múltiple porque no había cámaras” explicó.
"Ningún juez de la nación ha sido sometido a este tipo de juicios y me lo decía un juez de Corrientes que tuvo muchos presos de estas características, solamente algunos jueces federales fueron procesados porque estaban evidentemente vinculados a actividades de juzgamiento de militares, le encontraron responsabilidad” explicó el ex juez del STJ.
Este es el sexto juicio por crímenes de lesa humanidad en la provincia y se investigará a los exjueces por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento de los secuestros de 8 trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial de Formosa, de los cuales tres permanecen desaparecidos.
El servicio de transporte público, el IASEP, los hospitales y los privados tuvo la misma inercia de siempre. El microcentro de la ciudad estuvo concurrido y los accesos desde los barrios tuvieron la misma congestión que cualquier día de la semana.
Escrutadas 140 mesas de 145 de la ciudad de Clorinda, los números dan como nuevo intendente de Clorinda a quien se desempeñaba en el cargo como interino, ante el fallecimiento del ex intendente, Manuel Celauro. Marcelo Ocampo de LLA fue el mejor ubicado de la oposición pero lejos del ganador. Los números jubilaron a los candidatos de la UCR.
En las entrañas del poder formoseño, donde el modelo de Gildo Insfrán ha reinado por décadas con mano de hierro y estrategia implacable, este domingo electoral se encendió una señal que los más atentos supieron leer: la vieja alianza entre Jorge Jofré y Manuel Celauro sigue viva. Y no solo viva, sino decidida a recuperar el aliento conspirativo que alguna vez la puso al borde de un quiebre histórico. El triunfo de Ariel Caniza es una continuidad del plan listo a activarse en cualquier momento.
Fue primicia de Formosa Investiga en radio por Fantasía 100.3 y finalmente se publicó en el boletín oficial, el Gobierno de Javier Milei dispuso un operativo especial en las fronteras del norte del país, a través de la resolución 347/2025 publicada este martes en el Boletín Oficial. ¿En que consiste la «operación presidente Julio Argentino Roca”?
El fiscal Eduardo R. Taiano, titular de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal N.º 8, formuló el requerimiento de instrucción para que se avance con la investigación penal en el marco del expediente CFP 442/2025, caratulado “Insfrán, Gildo s/ Malversación de Caudales Públicos, Falsedad Ideológica y Abuso de Autoridad”. Ya constataron que la cuenta desde donde se habría efectuado la operación pertenece al gobierno de la provincia y habrían sido autorizados por altos funcionarios del Ministerio de Economía provincial: el subsecretario de Hacienda y Finanzas, Miguel A. Antinori, y las tesoreras generales Liliana Noemí Barboza y Ana María Tesorieri. Hasta el momento no hay imputados
