Para ambos imputados, Bernardo Alfredo Montoya y Jorge Demetrio Vázquez Rey, nombrados después del golpe cívico militar como ministros del Superior Tribunal de Justicia provincial, la fiscalía y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación habían solicitado penas de 14 años de prisión.
El representante del MPF acusó a Bernardo Montoya y Jorge Vázquez Rey por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento. Pidió además que se los inhabilite para ejercer cargos públicos. Sostuvo que las víctimas fueron perseguidas por la dictadura por su actividad sindical y que los acusados no intervinieron pese a que tenían informes sobre su lugar de detención.
“El sufrimiento que tuvieron nuestros empleados detenidos fue omisión o desidia del juez federal de entonces. Podía entrar al cuartel, inspeccionar los lugares y poner coto a esa situación pero no lo hizo. Es un disparate suponer que porque eramos un STJ, éramos una simple cámara de apelación múltiple porque no había cámaras” explicó.
"Ningún juez de la nación ha sido sometido a este tipo de juicios y me lo decía un juez de Corrientes que tuvo muchos presos de estas características, solamente algunos jueces federales fueron procesados porque estaban evidentemente vinculados a actividades de juzgamiento de militares, le encontraron responsabilidad” explicó el ex juez del STJ.
Este es el sexto juicio por crímenes de lesa humanidad en la provincia y se investigará a los exjueces por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento de los secuestros de 8 trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial de Formosa, de los cuales tres permanecen desaparecidos.
Los nuevos datos del Consejo de Mayo no solo confirman el ajuste: revelan la fragilidad estructural del insfranismo. Con las transferencias desplomadas, el empleo estatal en crisis y la educación sin fondos, Formosa enfrenta su peor escenario: un Estado gigante sin recursos y un sector privado inexistente.
La traición de Ramiro Saavedra no es un hecho aislado ni una sorpresa: es el síntoma perfecto de una generación política criada en la incubadora del gildismo, donde la ética se aprende al revés y la ambición viene preinstalada. Un joven que llegó prometiendo renovación y terminó replicando, con velocidad récord, el vicio estructural de Formosa: vender lealtades como si fueran acciones en un mercado negro de poder.
Con dos comunicados oficiales que blindan al nuevo bloque libertario en el Concejo Deliberante, La Libertad Avanza dejó en claro quiénes sostienen el proyecto y quiénes lo traicionan por conveniencia: mientras Romero de Preto, Evans y Canepa Neme fueron respaldados por su coherencia y coraje, Ramiro Saavedra quedó definitivamente afuera, desconocido por sus negociaciones personales con el oficialismo y expulsado del espacio que pretendió usar como negocio propio
La dimisión de Atilio Basualdo a la Intendencia de Las Lomitas no suena a retirada, sino a proyección: asume como diputado nacional reivindicando a su equipo, desafiando al poder provincial y prometiendo llevar al Congreso la voz de una comunidad que dejó de agachar la cabeza.
La renuncia de Basualdo abrió un procedimiento legal clarísimo, pero una vieja guardia de apellidos eternos que vivieron por años de lo público intenta torcerlo para quedarse con el municipio. Con una clara bajada de línea de Insfrán y un relato de “crisis” fabricada, buscan forzar una elección que la ley no permite. Lo que ocurre en Las Lomitas no es debate político: es un golpe institucional en proceso.
