“El sufrimiento que tuvieron nuestros empleados detenidos fue omisión o desidia del juez federal de entonces. Podía entrar al cuartel, inspeccionar los lugares y poner coto a esa situación pero no lo hizo. Es un disparate suponer que porque eramos un STJ, éramos una simple cámara de apelación múltiple porque no había cámaras” explicó.
Locales24/06/2022
leonardo fernández acosta
El otro magistrado involucrado en el juicio por crímenes de lesa humanidad, Jorge Vázquez Rey, a su turno de prestar declaración, dijo que la responsabilidad era de la justicia federal de Formosa.
Explicó que: “Por nuestra calidad de jueces provinciales el gobierno no nos daba calidad para intervenir en una tarea que era propia del juez federal de Formosa quien si podía aplicando los principios de razonabilidad que define la corte aún en un estado de sitio”.
Expuso como ejemplo que, “En el caso del juez federal de Salta, Ricardo Lona, tenía que investigar un asesinato ocurrido. Nosotros no podíamos declarar la ilegalidad de los actos porque requeríamos informes pero el ejército no nos informaba. No podíamos los elementos para ver si eran legítimas o ilegítimas las detecciones, no podíamos inspeccionar los lugares de detención y en tercer lugar no podíamos denunciar los delitos cuya existencia no conocíamos”.
Dijo además que: “El sufrimiento que tuvieron nuestros empleados detenidos fue omisión o desidia del juez federal de entonces. Podía entrar al cuartel, inspeccionar los lugares y poner coto a esa situación pero no lo hizo. Es un disparate suponer que porque eramos un STJ, éramos una simple cámara de apelación múltiple porque no había cámaras”.
Aseguró que: “Mal podíamos servir con nuestras resoluciones que eran administrativas y que respondían a la legislación vigente y en la parte administrativa que no tenía connotaciones penales. Ninguna de estas decisiones irrogó ningún daño para quienes estuvieran detenidos”.
Vázquez Rey aclaró que si habían dictado resoluciones que estaban mal podían recurrirlas. “Nunca consideramos que la gente nuestra podía estar incursa en esta situación que la puso el ejército, la resoluciones estas no afectaban porque no modificaban la tortura que estaban sufriendo sino por la acción del ejército, gendarmería, la policía y hasta el servicio penitenciario”.
Declaró además que: “Tenían en su momento la oportunidad de reclamar su detención injusta. Si nosotros hubiéramos tenido esa competencia no hubiera pasado lo que pasó”.
Finalmente cerró que: “El gran responsable de esto ha sido la justicia federal, no pudiendo alegar que no conocía lo que pasaba. Estoy seguro que en la declaración de la señorita Chagra, le denunció al Dr. Vivas el tratamiento que había sufrido en los centros de detención. Los sobreseyó pero no hizo ninguna investigación respecto de los hechos, desinteresarse de los que estuvieron a disposición de los tribunales militares y analizar la razonabilidad. Era su obligación, nosotros nunca prestamos con nuestras acordadas respaldo de lo que el proceso hizo con sus fines. Me alarma esto, puedo pensar que puede haber intereses de derechos humanos de acusar de cualquier manera y no de buscar justicia”.
Mientras Ricardo Cabrera se retira con todos los honores del Superior Tribunal de Justicia de Formosa, su exsocio Marcelo D'Alessio es condenado por integrar una red de espionaje, extorsión y lavado de dinero. Una historia de vínculos, privilegios y negocios turbios que la Justicia nunca quiso investigar.
Mientras Gildo Insfrán se asegura el control de la DNV en Formosa con aval libertario, un juez federal funcional al poder y un defensor del Pueblo ausente en décadas de corrupción salen ahora a "defender lo público". Todo ocurre en la misma ruta que llevó a Cristina Kirchner a ser condenada en la causa Vialidad. Y, paradójicamente, Milei, que prometió terminar con estas cajas negras, ya anunció que cerrará la DNV junto a otros organismos infectados por la corrupción.
Guillermo Francos blanqueó lo que ya se sabía: el gobierno de Milei no piensa hacer nada ante el régimen de Gildo Insfrán. Como antes con Alberto Fernández, la república termina en el Bermejo.
Con una Justicia subordinada, una Policía que custodia comicios como si fueran propiedad del PJ, y una ley de lemas que garantiza la eternidad del poder, Formosa volvió a simular una elección mientras se perpetúa el régimen de Gildo Insfrán. El aparato oficialista arrasó en todos los niveles, convencionales, diputados y concejales, en un esquema que vacía de contenido la democracia y provoca, incluso entre constitucionalistas, el debate sobre una posible intervención federal. En esta provincia no se vota: se ratifica el sometimiento.
El pastor evangélico Ramón Leiva, presidente de la Federación de Iglesias de Formosa, se abraza al modelo de Gildo Insfrán en una velada religiosa devenida en acto proselitista. La religión, una vez más, como herramienta de disciplinamiento político.
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