“El sufrimiento que tuvieron nuestros empleados detenidos fue omisión o desidia del juez federal de entonces. Podía entrar al cuartel, inspeccionar los lugares y poner coto a esa situación pero no lo hizo. Es un disparate suponer que porque eramos un STJ, éramos una simple cámara de apelación múltiple porque no había cámaras” explicó.
Locales24/06/2022
leonardo fernández acosta
El otro magistrado involucrado en el juicio por crímenes de lesa humanidad, Jorge Vázquez Rey, a su turno de prestar declaración, dijo que la responsabilidad era de la justicia federal de Formosa.
Explicó que: “Por nuestra calidad de jueces provinciales el gobierno no nos daba calidad para intervenir en una tarea que era propia del juez federal de Formosa quien si podía aplicando los principios de razonabilidad que define la corte aún en un estado de sitio”.
Expuso como ejemplo que, “En el caso del juez federal de Salta, Ricardo Lona, tenía que investigar un asesinato ocurrido. Nosotros no podíamos declarar la ilegalidad de los actos porque requeríamos informes pero el ejército no nos informaba. No podíamos los elementos para ver si eran legítimas o ilegítimas las detecciones, no podíamos inspeccionar los lugares de detención y en tercer lugar no podíamos denunciar los delitos cuya existencia no conocíamos”.
Dijo además que: “El sufrimiento que tuvieron nuestros empleados detenidos fue omisión o desidia del juez federal de entonces. Podía entrar al cuartel, inspeccionar los lugares y poner coto a esa situación pero no lo hizo. Es un disparate suponer que porque eramos un STJ, éramos una simple cámara de apelación múltiple porque no había cámaras”.
Aseguró que: “Mal podíamos servir con nuestras resoluciones que eran administrativas y que respondían a la legislación vigente y en la parte administrativa que no tenía connotaciones penales. Ninguna de estas decisiones irrogó ningún daño para quienes estuvieran detenidos”.
Vázquez Rey aclaró que si habían dictado resoluciones que estaban mal podían recurrirlas. “Nunca consideramos que la gente nuestra podía estar incursa en esta situación que la puso el ejército, la resoluciones estas no afectaban porque no modificaban la tortura que estaban sufriendo sino por la acción del ejército, gendarmería, la policía y hasta el servicio penitenciario”.
Declaró además que: “Tenían en su momento la oportunidad de reclamar su detención injusta. Si nosotros hubiéramos tenido esa competencia no hubiera pasado lo que pasó”.
Finalmente cerró que: “El gran responsable de esto ha sido la justicia federal, no pudiendo alegar que no conocía lo que pasaba. Estoy seguro que en la declaración de la señorita Chagra, le denunció al Dr. Vivas el tratamiento que había sufrido en los centros de detención. Los sobreseyó pero no hizo ninguna investigación respecto de los hechos, desinteresarse de los que estuvieron a disposición de los tribunales militares y analizar la razonabilidad. Era su obligación, nosotros nunca prestamos con nuestras acordadas respaldo de lo que el proceso hizo con sus fines. Me alarma esto, puedo pensar que puede haber intereses de derechos humanos de acusar de cualquier manera y no de buscar justicia”.
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Gildo Insfrán, de vacaciones bajo secreto, se pierde el anuncio de un subsidio energético que Formosa necesita hace décadas y que nunca gestionó con sus aliados. Lo logró Milei. La ironía política perfecta: el "monstruo" libera, el "protector" desaparece.
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Lo que está en juego excede largamente una polémica circunstancial o una pelea de redes sociales. Aquí se expone un mecanismo preocupante: un alto funcionario provincial se vale de registros sensibles, de procedencia nunca aclarada, para montar una operación de desgaste contra una dirigente opositora, amparado en un anonimato tan oportuno como funcional y amplificado por el aparato mediático oficial. No es azar ni torpeza: es un libreto conocido que muestra cómo el poder administra la intimidación desde el Estado.
La detención de un ex concejal de Pirané con cinco kilos de marihuana, cocaína y dinero en efectivo no puede ser presentada como un problema de adicciones ni como un drama familiar. Se trata de un caso de narcotráfico que involucra a una figura pública y que tiene consecuencias políticas directas para su padre, ex intendente y actual referente de La Libertad Avanza, que intenta correr el eje del hecho hacia la victimización personal para diluir responsabilidades institucionales.
La coparticipación es el arma de castigo de Insfrán: en su Formosa, un ciudadano de un municipio leal vale nueve veces más que uno de un pueblo disidente. No es gestión, es venganza política. La lealtad se paga con el hambre ajeno.
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