Este es el sexto juicio por crímenes de lesa humanidad en la provincia y se investigará a los exjueces por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento de los secuestros de 8 trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial de Formosa, de los cuales tres permanecen desaparecidos.
Locales23/06/2022
leonardo fernández acosta
El Tribunal Oral Federal de Formosa comienza a juzgar este viernes a Bernardo Montoya y Jorge Vázquez Rey, exjueces del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, por haber omitido investigar el secuestro de 8 trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial durante la última dictadura cívico-militar. La audiencia arrancará a las 8.00y se podrá seguir en este siguiente link.
Este es el sexto juicio por crímenes de lesa humanidad en la provincia y se investigará a los exjueces por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento de los secuestros de 8 trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial de Formosa, de los cuales tres permanecen desaparecidos.
Montoya y Vázquez Rey fueron nombrados como ministros del máximo tribunal provincial en mayo de 1976 por el entonces gobernador de facto de Formosa, el coronel Juan Carlos Colombo.
Las 8 víctimas eran empleadas en diferentes áreas de la justicia provincial y muchas de ellas integraban la Asociación Judicial de Formosa. Fueron secuestradas entre agosto y octubre de 1976 y llevadas a los centros clandestinos de detención que funcionaron en el Destacamento Policial de San Antonio, denominado también como “La Escuelita”, y en el Regimiento de Infantería de Monte 29.
Según se pudo reconstruir en la investigación, los entonces ministros del Superior Tribunal de Justicia de Formosa recibieron informes del jefe del Área Militar 234 en los que las autoridades militares asumían la responsabilidad sobre las detenciones ilegales. Los jueces omitieron corroborar la legalidad de esas detenciones y las condiciones en las que fueron mantenidos cautivos y por el contrario, a partir de esos informes, decidieron cesantear o suspender de sus tareas a las víctimas.
Otros dos miembros del máximo tribunal provincial durante la dictadura, Sergio Martínez y Juan Fernández Bedoya, también estuvieron acusados por estos hechos, pero fallecieron antes de que el expediente fuera elevado a juicio.
El avance sin demoras de estas causas, en particular en las que se investiga la responsabilidad de actores civiles, es una de las prioridades de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Además de asistir al inicio del juicio, el secretario Pietragalla Corti viajará para firmar un convenio con el gobierno provincial para la realización de acciones de formación en materia de derechos humanos destinada a fuerzas de seguridad y personal del servicio penitenciario de acuerdo a su rango y función específica. De este modo, se busca brindar herramientas de actuación acordes a los estándares Internacionales en materia de derechos humanos.
Una auditoría en la ANSES de Clorinda destapó un esquema de jubilaciones irregulares otorgadas a paraguayos, con domicilios falsos y servicios inexistentes. Más que un fraude administrativo, la maniobra muestra cómo el “modelo formoseño” convierte los beneficios sociales en una maquinaria para importar votos y sostener al poder.
Gildo Insfrán y su gabinete juran fidelidad a una Constitución presentada como moderna, mientras acumulan décadas en el poder. Ministros eternos, fiscal obediente y un Poder Judicial ausente consolidan una provincia donde los ciudadanos viven reducidos a un estatus de súbditos y la alternancia democrática es un espejismo.
La reforma constitucional en Formosa no solo exhibió la habilidad de Insfrán para eternizarse en el poder, sino también la fragilidad de una oposición que se vende al mejor postor. El caso Servín desnuda la obscena compraventa de conciencias y la miseria de una política que se alimenta de la necesidad.
Con la Cláusula Transitoria Cuarta, la Convención Constituyente formoseña abrió la puerta para que Gildo Insfrán busque un noveno mandato y Eber Solís un tercero. Una reforma hecha a medida, que desconoce el fallo de la Corte Suprema y dinamita la alternancia republicana: la Constitución convertida en espejo para perpetuar al caudillo
El radicalismo formoseño, entre el canibalismo y la improvisación: en vez de concentrarse en frenar la reelección eterna de Insfrán ante la Corte Suprema, se devora a sí mismo. Ahora incluso le quitaron el poder al Dr. Juan Montoya —el abogado que motorizó la inhabilitación del gobernador antes de la reforma—, en la presentación de una nueva medida judidial y en medio en una interna avalada por su propio hermano, el diputado Miguel Montoya
El gobernador formoseño acusa a Javier Milei de autoritario, pero lo hace con el republicanismo atrofiado tras tres décadas de feudalismo. Señala al otro por concentrar el poder mientras en su provincia la división de poderes es un decorado, la alternancia es imposible y la democracia se reduce a la obediencia al jefe.
El expediente N° 341/25, caratulado “Lesncak, Juan Eduardo c/ Fernández Acosta, César Leonardo s/ daños y perjuicios”, fue presentado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 4 de Formosa. La absurda demanda por daño moral, que reclama 72 millones de pesos, expone un nuevo intento del régimen de Insfrán por acallar a la prensa independiente.
Los gobernadores de Provincias Unidas frenaron el apuro de Milei y le bajaron el precio a su convocatoria: acumulan reproches por el maltrato recibido, no están dispuestos a favorecer a un competidor en plena campaña y sienten que el Círculo Rojo empieza a girar hacia ellos como alternativa de gobernabilidad.
El radicalismo formoseño, entre el canibalismo y la improvisación: en vez de concentrarse en frenar la reelección eterna de Insfrán ante la Corte Suprema, se devora a sí mismo. Ahora incluso le quitaron el poder al Dr. Juan Montoya —el abogado que motorizó la inhabilitación del gobernador antes de la reforma—, en la presentación de una nueva medida judidial y en medio en una interna avalada por su propio hermano, el diputado Miguel Montoya
Gildo Insfrán y su gabinete juran fidelidad a una Constitución presentada como moderna, mientras acumulan décadas en el poder. Ministros eternos, fiscal obediente y un Poder Judicial ausente consolidan una provincia donde los ciudadanos viven reducidos a un estatus de súbditos y la alternancia democrática es un espejismo.
Una auditoría en la ANSES de Clorinda destapó un esquema de jubilaciones irregulares otorgadas a paraguayos, con domicilios falsos y servicios inexistentes. Más que un fraude administrativo, la maniobra muestra cómo el “modelo formoseño” convierte los beneficios sociales en una maquinaria para importar votos y sostener al poder.
