Este es el sexto juicio por crímenes de lesa humanidad en la provincia y se investigará a los exjueces por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento de los secuestros de 8 trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial de Formosa, de los cuales tres permanecen desaparecidos.
Locales23/06/2022
leonardo fernández acosta
El Tribunal Oral Federal de Formosa comienza a juzgar este viernes a Bernardo Montoya y Jorge Vázquez Rey, exjueces del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, por haber omitido investigar el secuestro de 8 trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial durante la última dictadura cívico-militar. La audiencia arrancará a las 8.00y se podrá seguir en este siguiente link.
Este es el sexto juicio por crímenes de lesa humanidad en la provincia y se investigará a los exjueces por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento de los secuestros de 8 trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial de Formosa, de los cuales tres permanecen desaparecidos.
Montoya y Vázquez Rey fueron nombrados como ministros del máximo tribunal provincial en mayo de 1976 por el entonces gobernador de facto de Formosa, el coronel Juan Carlos Colombo.
Las 8 víctimas eran empleadas en diferentes áreas de la justicia provincial y muchas de ellas integraban la Asociación Judicial de Formosa. Fueron secuestradas entre agosto y octubre de 1976 y llevadas a los centros clandestinos de detención que funcionaron en el Destacamento Policial de San Antonio, denominado también como “La Escuelita”, y en el Regimiento de Infantería de Monte 29.
Según se pudo reconstruir en la investigación, los entonces ministros del Superior Tribunal de Justicia de Formosa recibieron informes del jefe del Área Militar 234 en los que las autoridades militares asumían la responsabilidad sobre las detenciones ilegales. Los jueces omitieron corroborar la legalidad de esas detenciones y las condiciones en las que fueron mantenidos cautivos y por el contrario, a partir de esos informes, decidieron cesantear o suspender de sus tareas a las víctimas.
Otros dos miembros del máximo tribunal provincial durante la dictadura, Sergio Martínez y Juan Fernández Bedoya, también estuvieron acusados por estos hechos, pero fallecieron antes de que el expediente fuera elevado a juicio.
El avance sin demoras de estas causas, en particular en las que se investiga la responsabilidad de actores civiles, es una de las prioridades de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Además de asistir al inicio del juicio, el secretario Pietragalla Corti viajará para firmar un convenio con el gobierno provincial para la realización de acciones de formación en materia de derechos humanos destinada a fuerzas de seguridad y personal del servicio penitenciario de acuerdo a su rango y función específica. De este modo, se busca brindar herramientas de actuación acordes a los estándares Internacionales en materia de derechos humanos.
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En Formosa no hay milagro económico: hay obra pública financiada con fondos que nadie transparenta, contratos directos para empresas amigas y un sistema de cartelización que el gobierno vende como “crecimiento”. El supuesto boom de empleo es apenas la consecuencia de una maquinaria opaca que sostiene al régimen, no a los formoseños.
La provincia forma parte del grupo de 19 jurisdicciones donde el gasto educativo en 2024 fue más bajo que en 2014. También redujo su presupuesto entre 2023 y 2024, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo de los salarios docentes y menor prioridad del área en el gasto total.
El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Formosa explicó que la medida apunta a que quienes más usan y desgastan las calles colaboren en su mantenimiento. Aseguró que no afecta a los vecinos capitalinos y que el sistema se ajustará para evitar demoras.
Un video viral mostró a un inspector municipal exigiendo más de 23 mil pesos a un camionero para permitirle el ingreso a la capital formoseña. La maniobra, avalada por una ordenanza del intendente Jorge Jofré, viola los principios constitucionales sobre libre circulación y desató nuevas denuncias por abuso de poder
La manipulación estadística no sólo es un delito: es una forma de desprecio hacia el bien común. En vez de mejorar la realidad, se la falsifica. En vez de enfrentar los problemas, se los maquilla. Y en ese acto se desnuda algo más profundo: el poder entiende que es más importante que la gente crea que todo está bien, que hacer que realmente lo esté.
Un video viral mostró a un inspector municipal exigiendo más de 23 mil pesos a un camionero para permitirle el ingreso a la capital formoseña. La maniobra, avalada por una ordenanza del intendente Jorge Jofré, viola los principios constitucionales sobre libre circulación y desató nuevas denuncias por abuso de poder
El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Formosa explicó que la medida apunta a que quienes más usan y desgastan las calles colaboren en su mantenimiento. Aseguró que no afecta a los vecinos capitalinos y que el sistema se ajustará para evitar demoras.
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En Formosa no hay milagro económico: hay obra pública financiada con fondos que nadie transparenta, contratos directos para empresas amigas y un sistema de cartelización que el gobierno vende como “crecimiento”. El supuesto boom de empleo es apenas la consecuencia de una maquinaria opaca que sostiene al régimen, no a los formoseños.
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