Para ambos imputados, Bernardo Alfredo Montoya y Jorge Demetrio Vázquez Rey, nombrados después del golpe cívico militar como ministros del Superior Tribunal de Justicia provincial, la fiscalía y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación habían solicitado penas de 14 años de prisión.
El representante del MPF acusó a Bernardo Montoya y Jorge Vázquez Rey por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento. Pidió además que se los inhabilite para ejercer cargos públicos. Sostuvo que las víctimas fueron perseguidas por la dictadura por su actividad sindical y que los acusados no intervinieron pese a que tenían informes sobre su lugar de detención.
“El sufrimiento que tuvieron nuestros empleados detenidos fue omisión o desidia del juez federal de entonces. Podía entrar al cuartel, inspeccionar los lugares y poner coto a esa situación pero no lo hizo. Es un disparate suponer que porque eramos un STJ, éramos una simple cámara de apelación múltiple porque no había cámaras” explicó.
"Ningún juez de la nación ha sido sometido a este tipo de juicios y me lo decía un juez de Corrientes que tuvo muchos presos de estas características, solamente algunos jueces federales fueron procesados porque estaban evidentemente vinculados a actividades de juzgamiento de militares, le encontraron responsabilidad” explicó el ex juez del STJ.
Este es el sexto juicio por crímenes de lesa humanidad en la provincia y se investigará a los exjueces por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento de los secuestros de 8 trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial de Formosa, de los cuales tres permanecen desaparecidos.
Mientras en el Conurbano matan por una mochila, Formosa celebra acuerdos de "cooperación" con ese mismo modelo. La pregunta es inevitable: ¿qué se puede aprender de quien ha fracasado en lo esencial? No se trata de buscar soluciones, sino de blindar relatos y eludir responsabilidades
Su historia de esfuerzo y capacidad es real. El sistema la formó con herramientas de vanguardia, pero le negó el mapa para navegar el mercado global que ansía sus habilidades. Mientras el IPF celebra su graduación, miles de ofertas laborales remotas y bien remuneradas pasan, invisibles, frente a sus ojos.
Argentina enfrenta su momento de verdad: o flexibiliza un mercado laboral que genera exclusión o sigue protegiendo rigideces que ya solo benefician a minorías. La reforma llega tarde, es imperfecta, pero es ineludible. El statu quo fue una condena para millones de informales y jóvenes sin futuro.
La defensa reveló que el juez instructor no supervisó los allanamientos donde, según ellos sugirieron, la policía habría "plantado" las pruebas clave. Un relato de hallazgos sospechosos, cámaras que solo graban lo que les indican y un magistrado ausente que enciende la alarma sobre la pureza de todo el proceso judicial.
El lunes 29, la Legislatura aprobará sobre tablas sin lectura previa ni análisis mínimo, un Presupuesto que volverá a ser un dibujo contable, sancionado por una mayoría que ni siquiera habrá tenido tiempo de conocer sus más de mil fojas. En la misma sesión, los legisladores prorrogarán nuevamente la contradictoria Ley de Emergencia Económica, un instrumento que, pese a los supuestos superávits proclamados año tras año, seguirá blindando al Poder Ejecutivo para postergar pagos y administrar discrecionalmente los recursos públicos. Y, como si fuera poco, también se avanzará en la modificación del artículo 65 del Código Fiscal y de los artículos 61 y 63 de la Ley Impositiva, otorgando mayor poder unilateral al Ministerio de Economía y preparando el terreno para un nuevo impuestazo delegado por una Legislatura que se comportará, una vez más, como una escribanía del gobierno.
