Para ambos imputados, Bernardo Alfredo Montoya y Jorge Demetrio Vázquez Rey, nombrados después del golpe cívico militar como ministros del Superior Tribunal de Justicia provincial, la fiscalía y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación habían solicitado penas de 14 años de prisión.
El representante del MPF acusó a Bernardo Montoya y Jorge Vázquez Rey por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento. Pidió además que se los inhabilite para ejercer cargos públicos. Sostuvo que las víctimas fueron perseguidas por la dictadura por su actividad sindical y que los acusados no intervinieron pese a que tenían informes sobre su lugar de detención.
“El sufrimiento que tuvieron nuestros empleados detenidos fue omisión o desidia del juez federal de entonces. Podía entrar al cuartel, inspeccionar los lugares y poner coto a esa situación pero no lo hizo. Es un disparate suponer que porque eramos un STJ, éramos una simple cámara de apelación múltiple porque no había cámaras” explicó.
"Ningún juez de la nación ha sido sometido a este tipo de juicios y me lo decía un juez de Corrientes que tuvo muchos presos de estas características, solamente algunos jueces federales fueron procesados porque estaban evidentemente vinculados a actividades de juzgamiento de militares, le encontraron responsabilidad” explicó el ex juez del STJ.
Este es el sexto juicio por crímenes de lesa humanidad en la provincia y se investigará a los exjueces por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento de los secuestros de 8 trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial de Formosa, de los cuales tres permanecen desaparecidos.
Mientras Jorge Ibáñez acusa al gobierno nacional de desfinanciar a las provincias, evita mencionar el saqueo institucional, la dependencia clientelar y el estancamiento estructural que Gildo Insfrán profundizó durante décadas. Señala el ajuste de Milei, pero calla el vaciamiento político y económico del modelo formoseño, sostenido a base de transferencias, pobreza administrada y discursos vacíos.
Mientras Salta logró reducir en un 97% la demanda extranjera y ahorrar millones para su sistema de salud, Formosa sigue prestando atención gratuita a no residentes. La atención médica a formoseños se encuentra resentida ante el éxodo de profesionales por los bajos sueldos
Mientras Corrientes inaugura un puerto para exportar al mundo, Formosa entrega móviles policiales que se usan para proteger patotas oficialistas. En toda la campaña, Insfrán no inauguró un solo emprendimiento productivo que favorezca al sector privado.
El pastor evangélico Ramón Leiva, presidente de la Federación de Iglesias de Formosa, se abraza al modelo de Gildo Insfrán en una velada religiosa devenida en acto proselitista. La religión, una vez más, como herramienta de disciplinamiento político.
Con una Justicia subordinada, una Policía que custodia comicios como si fueran propiedad del PJ, y una ley de lemas que garantiza la eternidad del poder, Formosa volvió a simular una elección mientras se perpetúa el régimen de Gildo Insfrán. El aparato oficialista arrasó en todos los niveles, convencionales, diputados y concejales, en un esquema que vacía de contenido la democracia y provoca, incluso entre constitucionalistas, el debate sobre una posible intervención federal. En esta provincia no se vota: se ratifica el sometimiento.
