Para ambos imputados, Bernardo Alfredo Montoya y Jorge Demetrio Vázquez Rey, nombrados después del golpe cívico militar como ministros del Superior Tribunal de Justicia provincial, la fiscalía y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación habían solicitado penas de 14 años de prisión.
El representante del MPF acusó a Bernardo Montoya y Jorge Vázquez Rey por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento. Pidió además que se los inhabilite para ejercer cargos públicos. Sostuvo que las víctimas fueron perseguidas por la dictadura por su actividad sindical y que los acusados no intervinieron pese a que tenían informes sobre su lugar de detención.
“El sufrimiento que tuvieron nuestros empleados detenidos fue omisión o desidia del juez federal de entonces. Podía entrar al cuartel, inspeccionar los lugares y poner coto a esa situación pero no lo hizo. Es un disparate suponer que porque eramos un STJ, éramos una simple cámara de apelación múltiple porque no había cámaras” explicó.
"Ningún juez de la nación ha sido sometido a este tipo de juicios y me lo decía un juez de Corrientes que tuvo muchos presos de estas características, solamente algunos jueces federales fueron procesados porque estaban evidentemente vinculados a actividades de juzgamiento de militares, le encontraron responsabilidad” explicó el ex juez del STJ.
Este es el sexto juicio por crímenes de lesa humanidad en la provincia y se investigará a los exjueces por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento de los secuestros de 8 trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial de Formosa, de los cuales tres permanecen desaparecidos.
La manipulación estadística no sólo es un delito: es una forma de desprecio hacia el bien común. En vez de mejorar la realidad, se la falsifica. En vez de enfrentar los problemas, se los maquilla. Y en ese acto se desnuda algo más profundo: el poder entiende que es más importante que la gente crea que todo está bien, que hacer que realmente lo esté.
El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Formosa explicó que la medida apunta a que quienes más usan y desgastan las calles colaboren en su mantenimiento. Aseguró que no afecta a los vecinos capitalinos y que el sistema se ajustará para evitar demoras.
La provincia forma parte del grupo de 19 jurisdicciones donde el gasto educativo en 2024 fue más bajo que en 2014. También redujo su presupuesto entre 2023 y 2024, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo de los salarios docentes y menor prioridad del área en el gasto total.
En Formosa no hay milagro económico: hay obra pública financiada con fondos que nadie transparenta, contratos directos para empresas amigas y un sistema de cartelización que el gobierno vende como “crecimiento”. El supuesto boom de empleo es apenas la consecuencia de una maquinaria opaca que sostiene al régimen, no a los formoseños.
Entre frases inconexas y una conducta llamativamente alterada, Sosa dejó dudas más propias de un examen clínico que de una sesión del Concejo. Defendió a De Vido, varias veces preso, a Chávez y le faltaba el Che Guevara para completar el desvarío.
