Agustina Villaggi

La crisis de Clorinda no es nueva ni responde solo a las medidas recientes: es el resultado de décadas sin políticas que aprovechen su condición de frontera. Mientras otras ciudades la convirtieron en motor de desarrollo, en Formosa se dejó pasar la oportunidad y hoy se pagan las consecuencias.

La posible llegada de Gerardo Daniel Cacace a la justicia federal no es solo un nombramiento más: es la irrupción de una historia incómoda para el poder. El abogado que fue detenido por la policía provincial mientras ejercía su profesión hoy aparece como candidato a juez en una Formosa donde, desde hace décadas, la independencia judicial es materia de sospecha. En el tablero que empieza a mover el gobierno de Javier Milei, la provincia gobernada por Gildo Insfrán queda bajo una nueva mirada: la de actores que buscan introducir reglas de una república real en un territorio donde el poder, hasta ahora, jugó sin control.

Una caída de 18 puntos en la pobreza en apenas un año no resiste ningún análisis serio: no ocurre en economías estables, no tiene respaldo en la evidencia comparada y mucho menos en una provincia sin cambios estructurales. Cuando el número rompe toda lógica, deja de ser un dato social para convertirse en un artificio estadístico al servicio de un relato político.

En Formosa, la “contención” de los jubilados parece haberse reducido a una puesta en escena: salsa, chacarera, coro y aplausos, como si el problema fuera el tiempo libre y no el deterioro real de sus ingresos y oportunidades; una política que entretiene para disimular lo que falta, mientras sigue ausente lo esencial: mejores haberes, acceso a herramientas modernas, beneficios concretos y la posibilidad de vivir la vejez con algo más que resignación.

Mientras campañas de prevención se despliegan en Corrientes y Chaco, Formosa queda otra vez al margen pese a registrar uno de los índices más altos del país: el 78% de los niños presenta parásitos intestinales. La cifra expone una problemática estructural atravesada por la falta de agua potable, deficiencias en saneamiento y la ausencia de políticas públicas sostenidas para cortar un ciclo que impacta de lleno en la salud y el desarrollo infantil.