El ISEPCI (Instituto de. Investigación Social Económica y Política Ciudadana) definió una CBT para Formosa y en el último mes de junio de más de 915 mil pesos por familia tipo. El sueldo promedio a pagar desde el próximo lunes del empleado público es menos del 50% de los necesario para no ser pobre.
De acuerdo a los datos difundidos por el INDEC aumentó en el país al 40,1% en el primer semestre. En Formosa la pobreza afectó al 19,3% de los hogares y 36,4% de las personas, mientras que la indigencia alcanzó al 6,8% de los hogares y al 5% de las personas en el aglomerado de Formosa.
"Si analizamos el caso específico de Formosa en agosto, el sueldo mínimo para un empleado público fue de $140.000 y la Canasta Básica Total para un adulto fue de $92.131, lo que deja en evidencia que el haber mínimo superó a la línea de la pobreza, siempre recordando que se habla de una persona soltera y sin hijos, que cubre los costos de alimentos, bienes y servicios básicos" aseguraron desde el gobierno.
Según los resultados del Índice Barrial de Precios del mes de Julio,una familia de 4 integrantes tuvo que tener de ingresos $130.354,81 para cubrir sus gastos de alimentación, sufriendo una variación mensual del 11,85% o cae bajo la línea de la indigencia.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
En Formosa, el poder ya no gobierna: administra su propio miedo. La decisión del gobierno de Gildo Insfrán de prohibir a las escuelas participar del aniversario de Las Lomitas, solo porque el intendente es opositor, muestra la degradación absoluta de un régimen que perdió toda noción de Estado. En lugar de educar en libertad, se adoctrina en obediencia; en lugar de celebrar una comunidad, se la castiga por pensar distinto. La miseria política se volvió método de control, y la decadencia moral, su marca de identidad.
La manipulación estadística no sólo es un delito: es una forma de desprecio hacia el bien común. En vez de mejorar la realidad, se la falsifica. En vez de enfrentar los problemas, se los maquilla. Y en ese acto se desnuda algo más profundo: el poder entiende que es más importante que la gente crea que todo está bien, que hacer que realmente lo esté.
Un video viral mostró a un inspector municipal exigiendo más de 23 mil pesos a un camionero para permitirle el ingreso a la capital formoseña. La maniobra, avalada por una ordenanza del intendente Jorge Jofré, viola los principios constitucionales sobre libre circulación y desató nuevas denuncias por abuso de poder
