El ISEPCI (Instituto de. Investigación Social Económica y Política Ciudadana) definió una CBT para Formosa y en el último mes de junio de más de 915 mil pesos por familia tipo. El sueldo promedio a pagar desde el próximo lunes del empleado público es menos del 50% de los necesario para no ser pobre.
Locales25/07/2024
leonardo fernández acosta
El ISEPCI (Instituto de. Investigación Social Económica y Política Ciudadana) en Formosa reveló que una familia tipo necesitó $416.323,58 para cubrir la canasta básica de alimentos que es la que define el ingreso que necesita una familia de cuatro integrantes para no caer en la indigencia y para no ser pobre, esa misma familia formoseña necesitó en junio: $915.911,97.
Considerando estos valores, se inicia el próximo lunes 29 el pago a empleados estatales y jubilados de la Caja de Previsión Social, a los cuales en su gran mayoría el gobierno de Gildo Insfrán, les garantiza un salario de bolsillo de 450 mil pesos, un 50% por debajo de la canasta básica total y poco más de 40 mil pesos por arriba de la línea de indigencia (CBA).
Los haberes a liquidar incluyen el 28% de aumento anunciado por el gobierno hace unas semanas y también vendrán con un adicional para el Escalafón Docente denominado como "ComplementoDocente por Servicios" vinculado al tiempo prestacional de actividad del agentevalorizado en once tramos a percibir por persona, cuyo valor mínimo por un añode servicio es de $ 50.000 -y por 24 años o más, de $ 387.000.
Estas sumas serán como lo vienen siendo desde hace años, en un total de casi el 40% de las remuneraciones de los docentes, cifras liquidadas absolutamente en negro, es decir no remunerativas y que no serán consideradas para una futura jubilación.
Jubilados municipales no llegan
Los jubilados de la Caja de Previsión Social que pertenecen a los diversos municipios perciben jubilaciones muy por debajo de lo que Insfrán dice garantizar, ya que sus haberes previsionales son liquidados con los magros sueldos percibidos durante años en los distintos municipios. Nadie se hace cargo.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
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La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
