El ISEPCI (Instituto de. Investigación Social Económica y Política Ciudadana) definió una CBT para Formosa y en el último mes de junio de más de 915 mil pesos por familia tipo. El sueldo promedio a pagar desde el próximo lunes del empleado público es menos del 50% de los necesario para no ser pobre.
Locales25/07/2024
leonardo fernández acosta
El ISEPCI (Instituto de. Investigación Social Económica y Política Ciudadana) en Formosa reveló que una familia tipo necesitó $416.323,58 para cubrir la canasta básica de alimentos que es la que define el ingreso que necesita una familia de cuatro integrantes para no caer en la indigencia y para no ser pobre, esa misma familia formoseña necesitó en junio: $915.911,97.
Considerando estos valores, se inicia el próximo lunes 29 el pago a empleados estatales y jubilados de la Caja de Previsión Social, a los cuales en su gran mayoría el gobierno de Gildo Insfrán, les garantiza un salario de bolsillo de 450 mil pesos, un 50% por debajo de la canasta básica total y poco más de 40 mil pesos por arriba de la línea de indigencia (CBA).
Los haberes a liquidar incluyen el 28% de aumento anunciado por el gobierno hace unas semanas y también vendrán con un adicional para el Escalafón Docente denominado como "ComplementoDocente por Servicios" vinculado al tiempo prestacional de actividad del agentevalorizado en once tramos a percibir por persona, cuyo valor mínimo por un añode servicio es de $ 50.000 -y por 24 años o más, de $ 387.000.
Estas sumas serán como lo vienen siendo desde hace años, en un total de casi el 40% de las remuneraciones de los docentes, cifras liquidadas absolutamente en negro, es decir no remunerativas y que no serán consideradas para una futura jubilación.
Jubilados municipales no llegan
Los jubilados de la Caja de Previsión Social que pertenecen a los diversos municipios perciben jubilaciones muy por debajo de lo que Insfrán dice garantizar, ya que sus haberes previsionales son liquidados con los magros sueldos percibidos durante años en los distintos municipios. Nadie se hace cargo.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras los bancos celebran la baja de tasas, un empleado formoseño necesitaría quintuplicar su salario para que un banco siquiera considere su solicitud. La "reactivación" es solo para quienes ya están del lado adentro de la verja.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
