La entidad arrastra una deuda histórica millonaria mientras persisten preguntas sobre recursos destinados a la mutual y decisiones tomadas por administraciones anteriores, compra de casas, vehículos de alta gama y hasta la aparición de una farmacia relacionada a los involucrados. Los prestadores siguen esperando respuestas y pagos que todavía no llegan.
La invisibilización del caso Xiomara Portillo y la ausencia de reclamos al gobierno de Gildo Insfrán durante la marcha de Ni Una Menos expusieron una contradicción difícil de ocultar: una causa nacida para exigir justicia pierde fuerza cuando silencia los casos más sensibles de la provincia y evita señalar a quienes gobiernan desde hace más de tres décadas las políticas destinadas a prevenir la violencia de género.
El oficialismo y sectores de la oposición rechazaron discutir el proyecto de manera exprés, aunque coincidieron en que la cuestión merece análisis en la Comisión de Asuntos Constitucionales. El debate terminó con un fuerte cruce entre el senador formoseño y Victoria Villarruel.
El diputado nacional Atilio Basualdo acusó al procurador general Sergio Rolando López de ser un "delincuente" y denunció que la fiscal Estela Zabala y el juez Marcelo Picabea forman parte de una estructura judicial que, según afirmó, arma causas por encargo político de Gildo Insfrán para perseguir opositores y garantizar resultados previamente definidos desde el poder.
Mientras el gobierno de Gildo Insfrán exhibe obras, actos y cifras de gestión, Formosa aparece entre las provincias con mayor vulnerabilidad socioeconómica del país. Detrás del relato oficial sobreviven comunidades sin agua, sin vivienda digna y con familias que apenas acceden a un plato de comida.