
La jueza Nadia Caballero tiene la obligación de proteger la identidad y la intimidad de un menor. Lo que no puede hacer, bajo ese argumento, es extender una cautelar hasta convertirla en una mordaza general contra la prensa y en un escudo para impedir que se investigue y se informe sobre el funcionamiento o el fracaso de las instituciones públicas. Proteger a un niño es una obligación; censurar información de interés público es otra cosa.





