Congreso de la Nación

El Gobierno de Formosa parece haber descubierto una curiosa manera de enfrentar una emergencia climática: mientras un funcionario enciende las luces amarillas, otro pide que nadie se alarme. El mismo fenómeno, dos diagnósticos y una sola conclusión posible: alguien debería ponerse de acuerdo antes de salir a hablar.

La jueza Nadia Caballero tiene la obligación de proteger la identidad y la intimidad de un menor. Lo que no puede hacer, bajo ese argumento, es extender una cautelar hasta convertirla en una mordaza general contra la prensa y en un escudo para impedir que se investigue y se informe sobre el funcionamiento o el fracaso de las instituciones públicas. Proteger a un niño es una obligación; censurar información de interés público es otra cosa.

El organismo provincial volvió a demostrar que la improvisación burocrática la terminan pagando los ciudadanos: primero cerró el trámite y después reveló las exclusiones, obligando a cientos de familias a correr contra el reloj. Cuando se administra la esperanza de acceder a una vivienda, la desorganización no es un detalle: se traduce en angustia, incertidumbre y en la sensación de que el Estado siempre llega tarde.

La decisión del gobernador chaqueño Leandro Zdero de modificar el mecanismo de actualización salarial de jueces y funcionarios terminó dejando expuesto un dato que en Formosa no aparece precisamente en una vidriera de transparencia: un juez de Cámara formoseño tiene como remuneración neta de referencia más de $7 millones. Para establecer cuánto deben cobrar sus pares chaqueños, la provincia vecina toma como parámetro los salarios judiciales de Corrientes, Formosa y Misiones. Una situación que desnuda una paradoja: para conocer cuánto cobra la Justicia formoseña hay que mirar una decisión salarial tomada en otra provincia.

Mientras Gialluca, Basterra, De la Rosa e Insfrán descubren el drama del endeudamiento y apuntan todas las culpas contra Milei, nadie se anima a mirar el espejo del Modelo Formoseño: salarios que no alcanzan, empleo privado raquítico, dependencia de la Nación y una economía que hace décadas no genera suficientes oportunidades. Para el oficialismo, cuando el formoseño se endeuda, el culpable siempre está a 1.200 kilómetros. Nunca en Casa de Gobierno.