leonardo fernández acosta
La Defensoría del Pueblo de Formosa y los legisladores del oficialismo provincial parecen haber descubierto una nueva categoría económica: el endeudamiento de las familias existe, pero curiosamente nunca tiene origen en Formosa. Para ellos, la deuda nace en Buenos Aires, tiene domicilio en el Banco Central y, por supuesto, lleva estampada la firma de Javier Milei. El modelo económico formoseño, mientras tanto, permanece convenientemente fuera de cuadro.
Ahora se sumaron al coro el diputado nacional Luis Basterra y la diputada nacional Graciela de la Rosa. Ambos celebraron como una “victoria” el emplazamiento de las comisiones de la Cámara de Diputados para comenzar a discutir los más de 50 proyectos vinculados con el endeudamiento familiar. De la Rosa habló de una situación que afecta a ocho millones de morosos en el país y mencionó alrededor de 800 mil en Formosa.
La dimensión del problema merece atención. Lo que no merece es una explicación de una sola dirección.
Porque si el endeudamiento de las familias formoseñas constituye una emergencia social, alguien debería explicar por qué quienes gobiernan y representan a Formosa desde hace décadas se comportan como si acabaran de llegar a la provincia.
El gobernador Gildo Insfrán ya había definido el problema de los endeudados como “político”, atribuyéndolo directamente a las políticas económicas de Javier Milei. Ahora sus legisladores nacionales repiten exactamente el mismo argumento y la Defensoría del Pueblo provincial completa el dispositivo reclamando al Banco Central que intervenga sobre tasas y costos financieros.
La escena está perfectamente armada: Insfrán señala a Milei, Basterra señala a Milei, De la Rosa señala a Milei y la Defensoría señala al sistema financiero nacional.
Todos miran hacia Buenos Aires.
Nadie mira hacia Formosa.
Y ese es precisamente el dato que debería llamar la atención.
Porque una familia no se endeuda solamente porque alguien le ofrece un crédito caro. Se endeuda, fundamentalmente, cuando sus ingresos no alcanzan para cubrir sus necesidades.
Ahí comienza el verdadero problema.
De los empleos privados, de los salarios formoseños, de la generación de riqueza, del estado como único dinamizador de la economía, como empleador, contratista y distribuidor a discreción de los recursos como así también del responsable del destruido poder adquisitivo en la provincia, nadie tiene el mismo entusiasmo para hablar
De eso hay bastante menos entusiasmo para hablar.
La explicación oficialista resulta extraordinariamente conveniente: el formoseño se endeuda porque Milei destruyó su poder adquisitivo. Si necesita refinanciar la tarjeta, es Milei. Si pide un préstamo para pagar otro, es Milei. Si utiliza una billetera virtual para llegar a fin de mes, es Milei.
La responsabilidad provincial desaparece por arte de magia.
Pero hay algo todavía más llamativo. Si el endeudamiento es consecuencia directa de que los ingresos no alcanzan, entonces también habría que analizar qué ocurre con los ingresos en Formosa. Y eso obliga a discutir la economía provincial, no solamente la política monetaria nacional.
Obliga a hablar de salarios reales. Obliga a hablar de empleo privado. Obliga a hablar de inversión. Obliga a hablar de producción. Obliga a hablar de productividad. Obliga a hablar de la dependencia de los recursos nacionales. Y obliga, finalmente, a hablar del Modelo Formoseño.
Ahí aparece el verdadero problema para el relato oficial. Porque durante décadas el discurso político formoseño construyó una economía en la que el Estado ocupa un lugar central. Cuando esa estructura garantiza ingresos, se presenta como virtud del modelo. Cuando esos ingresos no alcanzan y las familias empiezan a endeudarse, la responsabilidad mágicamente viaja hasta la Capital Federal.
Es una fórmula política perfecta: los beneficios son locales y los problemas son nacionales.
La Defensoría del Pueblo tampoco puede quedar al margen de esta discusión.
Su función debería ser defender al ciudadano frente a los abusos y desequilibrios que afectan sus derechos. Si las tasas financieras son abusivas, debe denunciarlas. Si existen mecanismos de refinanciación que convierten una deuda en una condena perpetua, debe intervenir. Si el Costo Financiero Total resulta desproporcionado, debe exigir explicaciones.
Pero defender al consumidor no significa construir una explicación partidaria del problema.
Porque si la preocupación es genuina, la investigación debería comenzar por una radiografía completa del endeudamiento formoseño: cuánto deben las familias a bancos, tarjetas, financieras y billeteras virtuales; qué porcentaje de sus ingresos destinan al pago de deuda; cuánto corresponde a préstamos de consumo y cuánto a refinanciaciones; cuánto se debe a gastos esenciales y cuánto a consumos no esenciales.
Y, sobre todo, habría que saber qué relación existe entre el endeudamiento y los ingresos reales de los hogares formoseños. Eso permitiría determinar cuánto hay de problema financiero y cuánto hay de insuficiencia de ingresos. Pero ese análisis es mucho más incómodo que una conferencia de prensa contra Milei.
También resulta curioso que la diputada De la Rosa celebre como una “victoria muy grande” que el Congreso haya logrado avanzar hacia el tratamiento del endeudamiento familiar. Una victoria para la política no necesariamente es una solución para el endeudado.
El ciudadano que debe tres tarjetas, refinanció un préstamo, utiliza una billetera virtual para comprar alimentos y destina buena parte de su salario a pagar intereses no necesita que un diputado festeje que una comisión fue emplazada.
Necesita que la deuda pueda ser pagada. Y para que pueda ser pagada necesita algo bastante elemental: ingresos suficientes.
Una ley puede ordenar, regular, transparentar y limitar abusos. Puede mejorar las condiciones de refinanciación. Puede establecer mecanismos de protección. Todo eso puede ser necesario.
Pero ninguna ley puede sustituir indefinidamente una economía que no genera ingresos suficientes. Por eso la discusión debería ser mucho más amplia. El problema no es solamente cuánto cobra el banco. El problema también es por qué una familia necesita pedirle dinero al banco para sobrevivir.
Y allí el discurso oficialista comienza a hacer agua.
Porque Formosa no es una provincia gobernada por el Banco Central. No es una provincia gobernada por Milei. No es una provincia gobernada por Luis Caputo.Formosa tiene gobernador, presupuesto, ministros, legisladores, organismos de control y un modelo económico propio. Y ese modelo lleva décadas bajo la conducción del mismo espacio político.
Por eso resulta demasiado cómodo que quienes gobiernan Formosa desde hace décadas descubran ahora que existe el endeudamiento familiar y lo presenten exclusivamente como una consecuencia del Gobierno nacional. El endeudamiento es real. La angustia también. Las tasas abusivas pueden existir. Las refinanciaciones pueden convertirse en una trampa.
Pero también existe una economía provincial que debe responder por su propia parte.
Y si realmente quieren defender a los 800 mil formoseños que, según la cifra difundida por la diputada De la Rosa, estarían en situación de morosidad, sería interesante que además de reclamarle respuestas al Banco Central expliquen qué hicieron durante todos estos años para construir una economía donde una familia pueda vivir de su trabajo sin tener que financiar el supermercado con una tarjeta.
Porque si el problema es que el salario no alcanza, la discusión no termina en Milei. Empieza mucho antes. Empieza en Formosa.
Y ahí es donde, convenientemente, la Defensoría, Basterra, De la Rosa e Insfrán parecen sufrir una curiosa pérdida de memoria.
Todos descubrieron al endeudado. Nadie quiere descubrir al modelo que lo dejó sin margen para no endeudarse.
