Justicia militante

La reforma de la Ley 521, impulsada desde el propio Superior Tribunal de Justicia y encaminada a través de la Legislatura provincial, abre la puerta a una mayor discrecionalidad sobre los trabajadores judiciales. Se eliminan garantías concretas sobre las ferias, se amplían las facultades para cambiar horarios, trasladar personal, reasignar funciones y administrar la carrera administrativa. Una modernización institucional que, antes que discutir cómo mejorar el servicio de justicia para los ciudadanos, parece concentrarse en cómo ampliar el poder de quienes conducen el Poder Judicial.

Omar Padilla, exconcejal peronista y hombre de confianza de Gildo Insfrán, firmó una sentencia que violaba la Constitución Provincial, la Constitución Nacional y la Convención Americana. No fue un error: fue un acto de censura indirecta desde el corazón del poder formoseño. La revocación posterior solo confirma que, en Formosa, para ejercer el periodismo primero hay que sobrevivir al aparato judicial del gobernador.

El presidente retrocedió: en el reportaje con Luis Majul admitió que no encarcelaría a periodistas por hacer su trabajo, marcando una diferencia con la persecución judicial de Gildo Insfrán en Formosa. Ese reconocimiento de un límite, aunque tardío y a contramano de su primer tuit celebratorio, es un alivio y una señal de que la presión pública funciona.