Jurado de enjuiciamiento

Defender la universidad pública no significa justificar el gasto sin límites ni volver a la emisión y la inflación para financiarlo. Sin equilibrio fiscal, también quedan en riesgo la salud, la seguridad y los recursos que reciben las provincias. La discusión no es educación sí o no: es cómo financiarla sin empobrecer a la sociedad y cómo terminar con los privilegios, la falta de controles y el uso político de los recursos públicos.

La Cámara Federal de Resistencia suspendió provisoriamente la aplicación material de la resolución del Consejo Superior que cuestionó las designaciones de Rafael Olmedo, Carlos Martínez y María Rosa Sanabria. Mientras el Rectorado defiende la legalidad de lo actuado y confía en un fallo favorable, la medida judicial obliga a precisar los alcances de las decisiones adoptadas y vuelve a poner bajo la lupa la regularidad institucional de la universidad.

Hermes Acosta posa sonriente para anunciar dos profesionales en un nosocomio que funcionaba sin pediatras, sin insumos y sin respuestas. La imagen es una bofetada al dolor de la familia de Bauti: se necesitó que un inocente de 5 años muriera para que el Estado se dignara a cubrir una carencia que todos conocían.

La diputada nacional Graciela de la Rosa quiso convertir una comisión de Presupuesto en una tribuna para defender el relato educativo del gildismo. Habló de las 1.550 escuelas, de los techos azules, del financiamiento provincial y de una supuesta inversión ejemplar. Pero Alejandro Álvarez, secretario de Educación de la Nación, le devolvió la discusión al terreno de los hechos y expuso, casi sin proponérselo, las contradicciones de una defensa política que en Formosa se repite como una verdad revelada, pero que en Buenos Aires no resiste demasiado cuando alguien conoce los números.

Montoya prendió fuego al debate legislativo y denunció graves irregularidades en el Jury contra el juez de Clorinda, Julio Mauriño: acusaciones modificadas sobre la marcha, una audiencia con el procurador general sin la defensa y un apartamiento que cuestionó por arbitrario. Pese a las advertencias, el oficialismo impuso la designación de Agostina Villaggi para garantizar la audiencia del 3 de noviembre