La policía de la provincia de Formosa no para de dar que hablar pero sus acciones solo responden una decisión política del gobierno de Insfrán de premiar a policías denunciados no solo por los excesos en la pandemia sino también por sus relaciones con el narcotráfico. Queda claro que la administración no premia a los mejores.
Los mismos circuitos de contrabando se volvieron los circuitos de los contagios pero la versión oficial insistía con responsabilizar a todos, menos a ellos mismos, contradictoriamente en cualquier pandemia el responsable primigenio es el estado. "La culpa es del juez federal, es del senador, es del diputado, es del candidato, ellos dejaron entrar los contagios".
El gobernador Insfrán consolida la impunidad de sus jefes policiales militantes para violar los Derechos Humanos y desmiente nuevamente a organismos internacionales. Nada cambió elecciones mediante, acá no ha pasado nada.
La magistrada que lleva adelante la causa es la jueza Karina Paz, quien ya ha ordenado la notificación a los imputados para tomarles declaración indagatoria a partir del 17 de noviembre y días sucesivos.
Desde los fondos oscuros del Cártel de los Soles en Venezuela, pasando por el fideicomiso binacional Argentina–Venezuela y los canales del BANDES y el Banco Nación, hasta aterrizar en Formosa Alimenta, la empresa estatal del gobernador Gildo Insfrán: una red que mezcla política, narcotráfico y poder feudal en el norte argentino.
Mientras el país muestra una recuperación en sus exportaciones, el nordeste argentino continúa rezagado y Formosa directamente se hunde en el atraso estructural. En los primeros nueve meses de 2025, la provincia apenas generó 36 millones de dólares en ventas externas, casi todas en productos primarios. Un modelo que presume “autonomía” pero ni siquiera produce para vender más allá de su frontera.
El juez federal Pablo Morán volvió a ponerse del lado del poder: bloqueó la presencia de la Dirección Nacional Electoral y habilitó a militantes gildistas para “controlar” los comicios. En Formosa, la Justicia ya no vela por la transparencia: la custodia del voto quedó en manos del régimen.
Mientras nuestros chicos mueren, sufren o callan, el Estado responde con silencio y la sociedad mira para otro lado. En Formosa, la tragedia infantil ya no conmueve: apenas ocupa un renglón entre las estadísticas.
Sin la Ley de Lemas, sin sobres y sin miedo suficiente, el reino de Insfrán mostró su verdadera desnudez: un poder sostenido por la pobreza y el silencio que empieza a resquebrajarse. La impunidad sigue, pero el mito se rompió.
