El Dr. Víctor José Fernández va a juicio oral por las millonarias defraudaciones al PAMI.
Locales14/12/2021
leonardo fernández acosta
El juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa, Eduardo Ariel Belforte, fijó fecha de audiencia preliminar para el miércoles 16 de febrero de 2022, para que las partes involucradas en la causa por defraudación por más de 8 millones de pesos al PAMI de Formosa exhiban pruebas y testigos que luego serán utilizados en el juicio.
En la causa José Víctor Fernández, ex titular de la unidad de gestión del PAMI en Formosa, fue procesado en el año 2016 por el ex juez federal subrogante, Juan Carlos Vallejos, por fraguar los registros de un hotel con datos falsos de huéspedes de pueblos originarios que habrían viajado a la capital provincial para recibir atención médica. De esa manera, recibían los fondos de la obra social sin realizar la prestación.
El Juzgado Federal 1 de Formosa, a cargo de Juan Carlos Vallejos, procesó al ex titular de la Unidad de Gestión Local del PAMI, José Víctor Fernández, al ex jefe del Departamento de Prestaciones Sociales Ramón Rolando Palavecino, y a la responsable del Nuevo Hotel Ideal, Clorinda Piedrabuena
La causa se inició a finales del año 2014 por la Unidad Fiscal de Investigación de delitos cometidos en el ámbito de actuación del PAMI (UFI-PAMI), ante la denuncia de una defraudación que se habría cometido en perjuicio de la Obra Social Nacional y la sustracción de documentación relacionada con el otorgamiento de prestaciones sociales a sus afiliados, en la que habrían participado ex funcionarios de la Unidad de Gestión Local (UGL) de Formosa.
El Juzgado Federal 1 de Formosa, a cargo de Juan Carlos Vallejos, procesó al ex titular de la Unidad de Gestión Local del PAMI, José Víctor Fernández, al ex jefe del Departamento de Prestaciones Sociales Ramón Rolando Palavecino, y a la responsable del Nuevo Hotel Ideal, Clorinda Piedrabuena, en orden a los delitos de defraudación a la administración pública, violación de documentos y de los deberes de funcionario público y peculado en el caso de Fernández y Palavecino. Asimismo, el juez subrogante ordenó embargar los bienes de cada uno de ellos hasta cubrir la suma de $16.000.000.
Muracciole exhibe como un acto épico del gobierno formoseño el pago del FONID, la conectividad y la garantía salarial con fondos propios, pero omite un dato básico: todas las provincias tuvieron que absorber los recortes nacionales. Presentarlo como una excepcionalidad es parte del relato, no de la realidad.
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De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
El fallecimiento de Marcos Godoy, un joven de Villafañe que murió en circunstancias aún no esclarecidas, quedó en manos del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº4 de Marcelo Picabea, el mismo que tramita la causa por el femicidio de Xiomara Portillo. Pese a las pruebas, los testimonios y los vínculos políticos señalados por la familia, el expediente no avanza porque se trataría de un sobrino del dirigente sindical, Hilario Martínez.
