El Dr. Víctor José Fernández va a juicio oral por las millonarias defraudaciones al PAMI.
Locales14/12/2021
leonardo fernández acosta
El juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa, Eduardo Ariel Belforte, fijó fecha de audiencia preliminar para el miércoles 16 de febrero de 2022, para que las partes involucradas en la causa por defraudación por más de 8 millones de pesos al PAMI de Formosa exhiban pruebas y testigos que luego serán utilizados en el juicio.
En la causa José Víctor Fernández, ex titular de la unidad de gestión del PAMI en Formosa, fue procesado en el año 2016 por el ex juez federal subrogante, Juan Carlos Vallejos, por fraguar los registros de un hotel con datos falsos de huéspedes de pueblos originarios que habrían viajado a la capital provincial para recibir atención médica. De esa manera, recibían los fondos de la obra social sin realizar la prestación.
El Juzgado Federal 1 de Formosa, a cargo de Juan Carlos Vallejos, procesó al ex titular de la Unidad de Gestión Local del PAMI, José Víctor Fernández, al ex jefe del Departamento de Prestaciones Sociales Ramón Rolando Palavecino, y a la responsable del Nuevo Hotel Ideal, Clorinda Piedrabuena
La causa se inició a finales del año 2014 por la Unidad Fiscal de Investigación de delitos cometidos en el ámbito de actuación del PAMI (UFI-PAMI), ante la denuncia de una defraudación que se habría cometido en perjuicio de la Obra Social Nacional y la sustracción de documentación relacionada con el otorgamiento de prestaciones sociales a sus afiliados, en la que habrían participado ex funcionarios de la Unidad de Gestión Local (UGL) de Formosa.
El Juzgado Federal 1 de Formosa, a cargo de Juan Carlos Vallejos, procesó al ex titular de la Unidad de Gestión Local del PAMI, José Víctor Fernández, al ex jefe del Departamento de Prestaciones Sociales Ramón Rolando Palavecino, y a la responsable del Nuevo Hotel Ideal, Clorinda Piedrabuena, en orden a los delitos de defraudación a la administración pública, violación de documentos y de los deberes de funcionario público y peculado en el caso de Fernández y Palavecino. Asimismo, el juez subrogante ordenó embargar los bienes de cada uno de ellos hasta cubrir la suma de $16.000.000.
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Lo que está en juego excede largamente una polémica circunstancial o una pelea de redes sociales. Aquí se expone un mecanismo preocupante: un alto funcionario provincial se vale de registros sensibles, de procedencia nunca aclarada, para montar una operación de desgaste contra una dirigente opositora, amparado en un anonimato tan oportuno como funcional y amplificado por el aparato mediático oficial. No es azar ni torpeza: es un libreto conocido que muestra cómo el poder administra la intimidación desde el Estado.
