Sergio Felipe Cañete asumió como juez de instrucción N° 2 de Formosa, aún estando casado con la jueza de ejecución penal, Silvia Benítez y cuyo primo es juez de instrucción de juzgado de Narcomenudeo. Tanto él como su hermana, asumida Jueza del Tribunal del Trabajo, están afiliados al PJ.
Locales05/04/2022
leonardo fernández acosta
En un acto realizado este martes en el salón “Juan José Paso” del Superior Tribunal prestaron formal juramento y asumieron sus nuevas funciones las juezas del Tribunal del Trabajo Alejandra Graciela Alucín y Claudia Cañete, el juez de Instrucción y Correccional Nº 2 de Formosa, Sergio Felipe Cañete y el fiscal Nº 2 de Clorinda, Miguel Angel Ortiz.
La ceremonia estuvo presidida por el titular del STJ, Ricardo Alberto Cabrera, los ministros Eduardo Manuel Hang y Marcos Bruno Quinteros y el procurador General, Sergio Rolando López. El ministro Ariel Gustavo Coll participó del acto de manera virtual a través de la plataforma zoom, ya que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires.
La ceremonia solo se difundió a través del portal oficial del Poder Judicial de la Provincia pero fue absolutamente soslayado por la prensa oficial del gobierno.
Después del escándalo del nombramiento en la legislatura por sus incompatibilidades siendo afiliados al Partido Justicialista, los hermanos Claudia Cañete y peor aún su hermano, Sergio Felipe Cañete quien aparte está casado con la jueza de ejecución penal y es primo hermano del juez de instrucción de narcomenudeo, fueron denunciados por el diputado del FAF, Miguel Montoya por la violación de la ley orgánica del Poder Judicial.
Ahora con el juramento formal, según el legislador se configura la violación de la Ley por cuanto corresponde, el dictamen del fiscal que tomó la causa para ver que actitud toma la justicia, paradójicamente con la misma justicia.
Gildo Insfrán y su gabinete juran fidelidad a una Constitución presentada como moderna, mientras acumulan décadas en el poder. Ministros eternos, fiscal obediente y un Poder Judicial ausente consolidan una provincia donde los ciudadanos viven reducidos a un estatus de súbditos y la alternancia democrática es un espejismo.
La reforma constitucional en Formosa no solo exhibió la habilidad de Insfrán para eternizarse en el poder, sino también la fragilidad de una oposición que se vende al mejor postor. El caso Servín desnuda la obscena compraventa de conciencias y la miseria de una política que se alimenta de la necesidad.
Con la Cláusula Transitoria Cuarta, la Convención Constituyente formoseña abrió la puerta para que Gildo Insfrán busque un noveno mandato y Eber Solís un tercero. Una reforma hecha a medida, que desconoce el fallo de la Corte Suprema y dinamita la alternancia republicana: la Constitución convertida en espejo para perpetuar al caudillo
El radicalismo formoseño, entre el canibalismo y la improvisación: en vez de concentrarse en frenar la reelección eterna de Insfrán ante la Corte Suprema, se devora a sí mismo. Ahora incluso le quitaron el poder al Dr. Juan Montoya —el abogado que motorizó la inhabilitación del gobernador antes de la reforma—, en la presentación de una nueva medida judidial y en medio en una interna avalada por su propio hermano, el diputado Miguel Montoya
El gobernador formoseño acusa a Javier Milei de autoritario, pero lo hace con el republicanismo atrofiado tras tres décadas de feudalismo. Señala al otro por concentrar el poder mientras en su provincia la división de poderes es un decorado, la alternancia es imposible y la democracia se reduce a la obediencia al jefe.
El expediente N° 341/25, caratulado “Lesncak, Juan Eduardo c/ Fernández Acosta, César Leonardo s/ daños y perjuicios”, fue presentado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 4 de Formosa. La absurda demanda por daño moral, que reclama 72 millones de pesos, expone un nuevo intento del régimen de Insfrán por acallar a la prensa independiente.
Los gobernadores de Provincias Unidas frenaron el apuro de Milei y le bajaron el precio a su convocatoria: acumulan reproches por el maltrato recibido, no están dispuestos a favorecer a un competidor en plena campaña y sienten que el Círculo Rojo empieza a girar hacia ellos como alternativa de gobernabilidad.
El gobernador formoseño acusa a Javier Milei de autoritario, pero lo hace con el republicanismo atrofiado tras tres décadas de feudalismo. Señala al otro por concentrar el poder mientras en su provincia la división de poderes es un decorado, la alternancia es imposible y la democracia se reduce a la obediencia al jefe.
El radicalismo formoseño, entre el canibalismo y la improvisación: en vez de concentrarse en frenar la reelección eterna de Insfrán ante la Corte Suprema, se devora a sí mismo. Ahora incluso le quitaron el poder al Dr. Juan Montoya —el abogado que motorizó la inhabilitación del gobernador antes de la reforma—, en la presentación de una nueva medida judidial y en medio en una interna avalada por su propio hermano, el diputado Miguel Montoya
La reforma constitucional en Formosa no solo exhibió la habilidad de Insfrán para eternizarse en el poder, sino también la fragilidad de una oposición que se vende al mejor postor. El caso Servín desnuda la obscena compraventa de conciencias y la miseria de una política que se alimenta de la necesidad.
Gildo Insfrán y su gabinete juran fidelidad a una Constitución presentada como moderna, mientras acumulan décadas en el poder. Ministros eternos, fiscal obediente y un Poder Judicial ausente consolidan una provincia donde los ciudadanos viven reducidos a un estatus de súbditos y la alternancia democrática es un espejismo.
