Sergio Felipe Cañete asumió como juez de instrucción N° 2 de Formosa, aún estando casado con la jueza de ejecución penal, Silvia Benítez y cuyo primo es juez de instrucción de juzgado de Narcomenudeo. Tanto él como su hermana, asumida Jueza del Tribunal del Trabajo, están afiliados al PJ.
Locales05/04/2022
leonardo fernández acosta
En un acto realizado este martes en el salón “Juan José Paso” del Superior Tribunal prestaron formal juramento y asumieron sus nuevas funciones las juezas del Tribunal del Trabajo Alejandra Graciela Alucín y Claudia Cañete, el juez de Instrucción y Correccional Nº 2 de Formosa, Sergio Felipe Cañete y el fiscal Nº 2 de Clorinda, Miguel Angel Ortiz.
La ceremonia estuvo presidida por el titular del STJ, Ricardo Alberto Cabrera, los ministros Eduardo Manuel Hang y Marcos Bruno Quinteros y el procurador General, Sergio Rolando López. El ministro Ariel Gustavo Coll participó del acto de manera virtual a través de la plataforma zoom, ya que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires.
La ceremonia solo se difundió a través del portal oficial del Poder Judicial de la Provincia pero fue absolutamente soslayado por la prensa oficial del gobierno.
Después del escándalo del nombramiento en la legislatura por sus incompatibilidades siendo afiliados al Partido Justicialista, los hermanos Claudia Cañete y peor aún su hermano, Sergio Felipe Cañete quien aparte está casado con la jueza de ejecución penal y es primo hermano del juez de instrucción de narcomenudeo, fueron denunciados por el diputado del FAF, Miguel Montoya por la violación de la ley orgánica del Poder Judicial.
Ahora con el juramento formal, según el legislador se configura la violación de la Ley por cuanto corresponde, el dictamen del fiscal que tomó la causa para ver que actitud toma la justicia, paradójicamente con la misma justicia.
La jura de suplentes en la Constituyente terminó exhibiendo al radicalismo dividido, con un oficialismo que capitalizó la confusión y un Juan Carlos Leguizamón que, molesto y desplazado, acusó a sus correligionarios de traicionarlo para no quedar pegados al gildismo
En Formosa, la operadora Patricia García —ligada al diputado Gerardo González— habría replicado el esquema de coimas que estalló en Chaco y en el ANDIS: aprietes a prestadores del PAMI, descuentos compulsivos a empleados y manejos turbios de fondos públicos. Lo que en otras provincias ya llegó a la Justicia, aquí sigue siendo un secreto a voces, protegido por la impunidad. Con la nueva conducción de LLA en manos de Atilio Basualdo, Gabriela Neme y Francisco Paoltroni, la incógnita es si habrá denuncias o si la corrupción seguirá bajo la alfombra.
La Convención Constituyente de Formosa aceptó en bloque las renuncias de cinco opositores y expulsó a Francisco Paoltroni, en un nuevo capítulo de obediencia ciega al régimen. Lo que debería ser un espacio de debate se transformó en la caricatura de una institución democrática, donde disentir con Insfrán equivale a cometer “traición a la provincia”.
José Mayans es el retrato de la decadencia política formoseña: un senador que pasó más de dos décadas vegetando en el Congreso, incapaz de articular un discurso serio y que, como presidente del bloque kirchnerista, solo sabe regalar papelones. Su última hazaña: una agresión verbal cargada de violencia de género contra la candidata Virginia Gallardo, a quien calificó de “tonta” y “estúpida”, confirmando que el feudo de Insfrán produce legisladores mediocres, vulgares y violentos.
El fallo de Corrientes que desnuda cómo Insfrán usa la ley provincial para blindarse, mientras habla de superávit y avanza sobre la propiedad privada sin todavía haber modificado la Constitución Provincial. Le recordaron a los jueces militantes que la Corte Suprema ya había establecido que los tribunales provinciales no deben revisar el fondo de los fallos de otras jurisdicciones, sino simplemente garantizar su ejecución.
Gerardo “Quini Seis” González, el diputado que ni Milei quería mostrar, pasó de libertario trucho a traidor profesional: acomodó amantes, vendió remeras al Estado, se entregó a Insfrán y ahora juega a la extorsión política para estirar su vida útil de parásito con fueros.
José Mayans es el retrato de la decadencia política formoseña: un senador que pasó más de dos décadas vegetando en el Congreso, incapaz de articular un discurso serio y que, como presidente del bloque kirchnerista, solo sabe regalar papelones. Su última hazaña: una agresión verbal cargada de violencia de género contra la candidata Virginia Gallardo, a quien calificó de “tonta” y “estúpida”, confirmando que el feudo de Insfrán produce legisladores mediocres, vulgares y violentos.
La Convención Constituyente de Formosa aceptó en bloque las renuncias de cinco opositores y expulsó a Francisco Paoltroni, en un nuevo capítulo de obediencia ciega al régimen. Lo que debería ser un espacio de debate se transformó en la caricatura de una institución democrática, donde disentir con Insfrán equivale a cometer “traición a la provincia”.
En Formosa, la operadora Patricia García —ligada al diputado Gerardo González— habría replicado el esquema de coimas que estalló en Chaco y en el ANDIS: aprietes a prestadores del PAMI, descuentos compulsivos a empleados y manejos turbios de fondos públicos. Lo que en otras provincias ya llegó a la Justicia, aquí sigue siendo un secreto a voces, protegido por la impunidad. Con la nueva conducción de LLA en manos de Atilio Basualdo, Gabriela Neme y Francisco Paoltroni, la incógnita es si habrá denuncias o si la corrupción seguirá bajo la alfombra.
La jura de suplentes en la Constituyente terminó exhibiendo al radicalismo dividido, con un oficialismo que capitalizó la confusión y un Juan Carlos Leguizamón que, molesto y desplazado, acusó a sus correligionarios de traicionarlo para no quedar pegados al gildismo
En medio de la décima sesión constituyente, el convencional dejó plantados a Gabriela Neme y a la militancia de Nuevo País para crear su bloque unipersonal. Con acusaciones de “negociar solo” con el oficialismo, Servín quedó señalado como el nuevo ejemplo de cooptación política en Formosa.
