Sergio Felipe Cañete asumió como juez de instrucción N° 2 de Formosa, aún estando casado con la jueza de ejecución penal, Silvia Benítez y cuyo primo es juez de instrucción de juzgado de Narcomenudeo. Tanto él como su hermana, asumida Jueza del Tribunal del Trabajo, están afiliados al PJ.
Locales05/04/2022
leonardo fernández acosta
En un acto realizado este martes en el salón “Juan José Paso” del Superior Tribunal prestaron formal juramento y asumieron sus nuevas funciones las juezas del Tribunal del Trabajo Alejandra Graciela Alucín y Claudia Cañete, el juez de Instrucción y Correccional Nº 2 de Formosa, Sergio Felipe Cañete y el fiscal Nº 2 de Clorinda, Miguel Angel Ortiz.
La ceremonia estuvo presidida por el titular del STJ, Ricardo Alberto Cabrera, los ministros Eduardo Manuel Hang y Marcos Bruno Quinteros y el procurador General, Sergio Rolando López. El ministro Ariel Gustavo Coll participó del acto de manera virtual a través de la plataforma zoom, ya que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires.
La ceremonia solo se difundió a través del portal oficial del Poder Judicial de la Provincia pero fue absolutamente soslayado por la prensa oficial del gobierno.
Después del escándalo del nombramiento en la legislatura por sus incompatibilidades siendo afiliados al Partido Justicialista, los hermanos Claudia Cañete y peor aún su hermano, Sergio Felipe Cañete quien aparte está casado con la jueza de ejecución penal y es primo hermano del juez de instrucción de narcomenudeo, fueron denunciados por el diputado del FAF, Miguel Montoya por la violación de la ley orgánica del Poder Judicial.
Ahora con el juramento formal, según el legislador se configura la violación de la Ley por cuanto corresponde, el dictamen del fiscal que tomó la causa para ver que actitud toma la justicia, paradójicamente con la misma justicia.
Muracciole exhibe como un acto épico del gobierno formoseño el pago del FONID, la conectividad y la garantía salarial con fondos propios, pero omite un dato básico: todas las provincias tuvieron que absorber los recortes nacionales. Presentarlo como una excepcionalidad es parte del relato, no de la realidad.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
El fallecimiento de Marcos Godoy, un joven de Villafañe que murió en circunstancias aún no esclarecidas, quedó en manos del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº4 de Marcelo Picabea, el mismo que tramita la causa por el femicidio de Xiomara Portillo. Pese a las pruebas, los testimonios y los vínculos políticos señalados por la familia, el expediente no avanza porque se trataría de un sobrino del dirigente sindical, Hilario Martínez.
Muracciole exhibe como un acto épico del gobierno formoseño el pago del FONID, la conectividad y la garantía salarial con fondos propios, pero omite un dato básico: todas las provincias tuvieron que absorber los recortes nacionales. Presentarlo como una excepcionalidad es parte del relato, no de la realidad.
