Sergio Felipe Cañete asumió como juez de instrucción N° 2 de Formosa, aún estando casado con la jueza de ejecución penal, Silvia Benítez y cuyo primo es juez de instrucción de juzgado de Narcomenudeo. Tanto él como su hermana, asumida Jueza del Tribunal del Trabajo, están afiliados al PJ.
Locales05/04/2022
leonardo fernández acosta
En un acto realizado este martes en el salón “Juan José Paso” del Superior Tribunal prestaron formal juramento y asumieron sus nuevas funciones las juezas del Tribunal del Trabajo Alejandra Graciela Alucín y Claudia Cañete, el juez de Instrucción y Correccional Nº 2 de Formosa, Sergio Felipe Cañete y el fiscal Nº 2 de Clorinda, Miguel Angel Ortiz.
La ceremonia estuvo presidida por el titular del STJ, Ricardo Alberto Cabrera, los ministros Eduardo Manuel Hang y Marcos Bruno Quinteros y el procurador General, Sergio Rolando López. El ministro Ariel Gustavo Coll participó del acto de manera virtual a través de la plataforma zoom, ya que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires.
La ceremonia solo se difundió a través del portal oficial del Poder Judicial de la Provincia pero fue absolutamente soslayado por la prensa oficial del gobierno.
Después del escándalo del nombramiento en la legislatura por sus incompatibilidades siendo afiliados al Partido Justicialista, los hermanos Claudia Cañete y peor aún su hermano, Sergio Felipe Cañete quien aparte está casado con la jueza de ejecución penal y es primo hermano del juez de instrucción de narcomenudeo, fueron denunciados por el diputado del FAF, Miguel Montoya por la violación de la ley orgánica del Poder Judicial.
Ahora con el juramento formal, según el legislador se configura la violación de la Ley por cuanto corresponde, el dictamen del fiscal que tomó la causa para ver que actitud toma la justicia, paradójicamente con la misma justicia.
Mientras Formosa intenta justificar un repunte “estacional” en pleno calor y atribuye el brote a falta de vacunas, el ministro correntino Ricardo Cardozo lo desmiente de plano: en su provincia no hay brote, no faltan dosis y el Covid casi no circula. El contraste deja al descubierto que el problema no es epidemiológico, sino narrativo.
El subjefe policial Rubén Mauri, quien habría sido designado sin carrera ni antecedentes y tras el retiro forzado de comisarios más antiguos, reapareció en la reunión del Norte Grande junto a Insfrán mientras en la provincia crecen el robo de motos, el narcomenudeo y la falta total de estadísticas de seguridad. Su presencia política expone, otra vez, que en Formosa la Policía responde más al poder que a la ciudadanía.
Hay una diferencia abismal entre la protesta legítima y la intimidación mafiosa. Entre el reclamo con argumentos y la imposición por la fuerza. Lo que hemos presenciado en las puertas del Concejo Deliberante con el acoso al concejal Evans es el triste espectáculo de quienes, queriendo aparentar ser actores sociales, no pueden disimular su esencia de patota.
Mientras crecen los actos de vandalismo, las picadas nocturnas y la ausencia policial, los vecinos hablan de una “zona liberada” en la única ciudad que gobierna la oposición. Todo ocurre en un contexto donde el gildismo ve a Atilio Basualdo como una amenaza real para la sucesión provincial y estaría dispuesto a dejar que Las Lomitas se deteriore antes que permitirle consolidar poder.
En una de las fronteras más calientes del país, el gildismo impulsa a una magistrada sin trayectoria mientras la diputada Gabriela Neme expone una red estatal que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y manipulado expedientes.
Entre sorpresas fingidas y comparaciones forzadas, Zabala volvió a confirmar que en Formosa la Fiscalía de Estado funciona menos como un órgano de control que como una oficina jurídica del patrón de siempre: Gildo Insfrán.
El tablero político de Formosa sumó un nuevo capítulo tras el dictamen del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, quien reconoció la competencia originaria de la Corte Suprema para intervenir en la causa que cuestiona la habilitación de una nueva reelección del gobernador Gildo Insfrán. Con ese aval, los jueces del máximo tribunal deberán analizar la validez de la reforma constitucional que permitió —otra vez— que el histórico mandatario quede habilitado para intentar seguir en el poder.
En una de las fronteras más calientes del país, el gildismo impulsa a una magistrada sin trayectoria mientras la diputada Gabriela Neme expone una red estatal que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y manipulado expedientes.
Mientras crecen los actos de vandalismo, las picadas nocturnas y la ausencia policial, los vecinos hablan de una “zona liberada” en la única ciudad que gobierna la oposición. Todo ocurre en un contexto donde el gildismo ve a Atilio Basualdo como una amenaza real para la sucesión provincial y estaría dispuesto a dejar que Las Lomitas se deteriore antes que permitirle consolidar poder.
Hay una diferencia abismal entre la protesta legítima y la intimidación mafiosa. Entre el reclamo con argumentos y la imposición por la fuerza. Lo que hemos presenciado en las puertas del Concejo Deliberante con el acoso al concejal Evans es el triste espectáculo de quienes, queriendo aparentar ser actores sociales, no pueden disimular su esencia de patota.
Mientras Formosa intenta justificar un repunte “estacional” en pleno calor y atribuye el brote a falta de vacunas, el ministro correntino Ricardo Cardozo lo desmiente de plano: en su provincia no hay brote, no faltan dosis y el Covid casi no circula. El contraste deja al descubierto que el problema no es epidemiológico, sino narrativo.
