De manera absolutamente irresponsable y violando la ley de tratamiento de los residuos patógénicos, los responsables de la empresa Recolectora del Norte SRL, enterraron en el terreno miles de bolsas rojas con desechos orgánicos y material descartable sanitario de todo tipo.
Locales09/04/2022
leonardo fernández acostaLos empleados de la planta de tratamiento de residuos que funciona en el Barrio San Antonio, hacían huelga desde hace varios días y las bolsas del color rojo característico se habían acumulado, durante los dos años de pandemia y todo lo que seguía durante la protesta de los recolectores.
Pedían elementos de seguridad, trajes, guantes y otros enseres para trabajar.
El conflicto no se resolvió pero este sábado por la tarde, camiones y palas mecánicas cargaron las bolsas con los residuos patológicos y los enterraron en el terreno dentro del predio de la planta.
Esta situación, coloca a la empresa concesionaria en una clara violación de la Ley 24.051 de residuos patogénicos que obliga a quienes manipulen los mismos a esterilizarlos por Autoclave, un aparato que a temperaturas elevadas destruye gérmenes patógenos. De esta forma se generan residuos desinfectados, y el resultado final es que no tienen riesgo de transmitir enfermedades.
Quienes decidieron y llevaron a cabo el entierro de los residuos, violan la ley y podría aplicarse el Artículo 200 del código penal con penas de 3 a 10 años de prisión.
Mientras Formosa intenta justificar un repunte “estacional” en pleno calor y atribuye el brote a falta de vacunas, el ministro correntino Ricardo Cardozo lo desmiente de plano: en su provincia no hay brote, no faltan dosis y el Covid casi no circula. El contraste deja al descubierto que el problema no es epidemiológico, sino narrativo.
El subjefe policial Rubén Mauri, quien habría sido designado sin carrera ni antecedentes y tras el retiro forzado de comisarios más antiguos, reapareció en la reunión del Norte Grande junto a Insfrán mientras en la provincia crecen el robo de motos, el narcomenudeo y la falta total de estadísticas de seguridad. Su presencia política expone, otra vez, que en Formosa la Policía responde más al poder que a la ciudadanía.
Hay una diferencia abismal entre la protesta legítima y la intimidación mafiosa. Entre el reclamo con argumentos y la imposición por la fuerza. Lo que hemos presenciado en las puertas del Concejo Deliberante con el acoso al concejal Evans es el triste espectáculo de quienes, queriendo aparentar ser actores sociales, no pueden disimular su esencia de patota.
Mientras crecen los actos de vandalismo, las picadas nocturnas y la ausencia policial, los vecinos hablan de una “zona liberada” en la única ciudad que gobierna la oposición. Todo ocurre en un contexto donde el gildismo ve a Atilio Basualdo como una amenaza real para la sucesión provincial y estaría dispuesto a dejar que Las Lomitas se deteriore antes que permitirle consolidar poder.
En una de las fronteras más calientes del país, el gildismo impulsa a una magistrada sin trayectoria mientras la diputada Gabriela Neme expone una red estatal que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y manipulado expedientes.
Entre sorpresas fingidas y comparaciones forzadas, Zabala volvió a confirmar que en Formosa la Fiscalía de Estado funciona menos como un órgano de control que como una oficina jurídica del patrón de siempre: Gildo Insfrán.
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