Ninguno de los que estaba en los mandos intermedios y la jefatura de la policía que realizaba espionaje para el gobierno entiende porque los separaron de sus cargos. Varios de ellos componen la policía ideológica de Insfrán comandada por el Ministro de Gobierno, Jorge González.
Locales04/07/2022
leonardo fernández acosta
Un día antes de la cumbre de los gobernadores en Formosa, toda la cúpula de la brigada de informaciones de la policía de la provincia de Formosa fue removida. En las próximas horas se sabran los nombres de oficiales que no pueden salir de su sorpresa ante una decisión, más aún tomando en cuenta su cercanía con el poder político.
El más visible es el jefe, Comisario General, Isaac Traianon, que ya viene en la cornisa desde el año pasado debido a los abusos y las denuncias por espionaje de ese departamento policial, a dirigentes opositores, periodistas y gastronómicos que participaron de las marchas ante las restricciones brutales durante la pandemia.
Pero lejos de constituir una purga de la tan desprestigiada policía provincial, con su jefe, el Comisario General, Walter Arroyo, quien se confesó inútil para proteger a periodistas de las patotas de Daniel Tafetani y El concejal del PJ, Hugo García dejando la zona liberada para el ataque a la prensa, quien asume como jefe de la brigada ideológica de Insfrán es nada menos que el Comisario General, Moises Villagra, quien armaba causas con testigos falsos cuando se desempeñaba en el comando radioelectrico.
Villagra también tiene numerosas denuncias, nunca tramitadas en la justicia provincial, por los abusos durante la pandemia pero como pasa siempre, los cambios se producen para que en realidad nada cambie, solo la fachada. La policía de la provincia de Formosa dista de recuperar prestigio teniendo a los mismos jefes denunciados al mando o el propio ministro del gobierno, Jorge González, también denunciado.
Los cuadros superiores en la brigada no entienden porque separaron a algunos que no hicieron más que obedecer todas las ordenes ilegales del gobierno para realizar seguimientos a periodistas, políticos e inclusive a ciudadanos comunes desde siempre pero expuestos como nunca durante la pandemia.
Muracciole exhibe como un acto épico del gobierno formoseño el pago del FONID, la conectividad y la garantía salarial con fondos propios, pero omite un dato básico: todas las provincias tuvieron que absorber los recortes nacionales. Presentarlo como una excepcionalidad es parte del relato, no de la realidad.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
El fallecimiento de Marcos Godoy, un joven de Villafañe que murió en circunstancias aún no esclarecidas, quedó en manos del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº4 de Marcelo Picabea, el mismo que tramita la causa por el femicidio de Xiomara Portillo. Pese a las pruebas, los testimonios y los vínculos políticos señalados por la familia, el expediente no avanza porque se trataría de un sobrino del dirigente sindical, Hilario Martínez.
Muracciole exhibe como un acto épico del gobierno formoseño el pago del FONID, la conectividad y la garantía salarial con fondos propios, pero omite un dato básico: todas las provincias tuvieron que absorber los recortes nacionales. Presentarlo como una excepcionalidad es parte del relato, no de la realidad.
