El anuncio fue hecho por la propia presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja. En el último encuentro, recibió a más de una docena de formoseños que denunciaron persecución política y represión estatal.
Numerosos uniformados de la policía de Formosa, protegieron a dos o más vándalos que robaban carteles de propaganda política. No solo los dejaron irse, mientras los protegían sino que además les dejaron llevarse los carteles robados. Luego en la Comisaría los liberaron. La premisa sería, "Si son oficialistas" pueden cometer cualquier delito.
La religiosa resaltó que: “Nunca me tocó una provincia donde hay tantas víctimas sospechadas de muertes dudosas y me conmovió ver esos rostros jóvenes de policías, prefectos desaparecidos, de muertes dudosas, donde las familias no ha podido velar como corresponde a su ser querido porque no les entregaron el cuerpo o le dieron el cajón cerrado”.
Ninguno de los que estaba en los mandos intermedios y la jefatura de la policía que realizaba espionaje para el gobierno entiende porque los separaron de sus cargos. Varios de ellos componen la policía ideológica de Insfrán comandada por el Ministro de Gobierno, Jorge González.
"Fuimos a cubrir el operativo y nos encontramos con otro operativo exclusivamente previsto para impedir violentamente nuestro acceso a la Escuela Nº 532, "Dr. René Favaloro", con más un centenar de policías de la Brigada de Informaciones y nuestras fotografías en los celulares de una "Patota" dirigida por el dirigente peronista, Daniel Tafetani, quien nos amenazó violentamente con un grupo de fascinerosos contando con la complicidad de la policía de la provincia que dejó la zona liberada" expresaron los periodistas.
Diputados nacionales y de la provincia, denunciaron al gobierno de Gildo Insfrán ante el INADI a efectos de que intervenga en los graves hechos de violaciones a los DDHH. por parte de la policía de la provincia en Ingeniero Juárez.
La legisladora asesoraba a todos quienes estaban privados ilegalmente de su libertad, a pesar de cumplir con todos los protocolos, días de aislamiento e hisopados.
Nuevamente y violando la ley nacional de inteligencia, policías de civil grababan y sacaban fotos a los comerciantes que organizaron la olla popular en la Avenida 25 de Mayo.
La policía de la provincia ha sido denunciada en reiteradas oportunidades durante la pandemia, por violaciones a los derechos humanos y por violencia institucional.
Desde los fondos oscuros del Cártel de los Soles en Venezuela, pasando por el fideicomiso binacional Argentina–Venezuela y los canales del BANDES y el Banco Nación, hasta aterrizar en Formosa Alimenta, la empresa estatal del gobernador Gildo Insfrán: una red que mezcla política, narcotráfico y poder feudal en el norte argentino.
Mientras el país muestra una recuperación en sus exportaciones, el nordeste argentino continúa rezagado y Formosa directamente se hunde en el atraso estructural. En los primeros nueve meses de 2025, la provincia apenas generó 36 millones de dólares en ventas externas, casi todas en productos primarios. Un modelo que presume “autonomía” pero ni siquiera produce para vender más allá de su frontera.
Sin la Ley de Lemas, sin sobres y sin miedo suficiente, el reino de Insfrán mostró su verdadera desnudez: un poder sostenido por la pobreza y el silencio que empieza a resquebrajarse. La impunidad sigue, pero el mito se rompió.
La UCR formoseña se hunde en su peor crisis histórica. Con el 3,66% de los votos, Miguel Montoya y Agostina Villaggi niegan la realidad, protegen el aparato vacío y planean candidaturas de fantasía mientras el partido se desintegra.
Mientras en el país se celebra el éxito del nuevo sistema de Boleta Única de Papel, en Formosa el oficialismo se aferra a la trampa más vieja del poder: la Ley de Lemas. Nuevo País presentó un proyecto para derogar ese mecanismo perverso que desvirtúa la voluntad popular, pero en la Legislatura gildista las iniciativas que buscan transparencia tienen siempre el mismo destino: el tacho de la basura.
