Una joven tuvo que enfrentar sola una denuncia por un supuesto abuso sexual, que ocasionó que la hostigaran en el trabajo, le hicieran bullying, nadie le saliera de testigo y tampoco la Secretaría de la Mujer se ocupara del caso.
Locales01/12/2022
leonardo fernández acosta
Empezó en al año 2016 y su vida se volvió un infierno. El presidente de una mutual médica, empezó con acosos verbales, luego pasó a manoseos, mientras que la víctima se quejaba con todo el mundo pero nadie le hacía caso.
Aparentemente realizó la denuncia por abuso sexual y la echaron del trabajo. El trato que habría llegado después habría sido que si retiraba la denuncia recuperaría su puesto sin embargo al volver, se le habría sumado el maltrato laboral, el aislamiento social y la marginación por parte de compañeras.
No aguantó porque sobre el acoso sexual, el continuo maltrato hizo que dejara de trabajar pero finalmente insistió en la denuncia. Esta vez la fiscalía N° 4 tomó la denuncia y el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3 del juez, Enrique Javier Guillen, empezó este jueves a tomar declaración a los testigos.
Por años, Celedonio M., no tuvo reproches de sus colegas médicos, tampoco de los empleados, tenía buenas relaciones con el poder y las sigue teniendo. La Secretaría de la Mujer nunca intervino ni se preocupó por asistir a la víctima que tuvo que recorrer sola el tortuoso camino de demostrar y lo sigue haciendo, el calvario que había pasado.
La causa está caratulada como "Abuso sexual sin acceso carnal" pero va mucho más allá del trámite judicial ya que todos los protocolos ante hechos de esta naturaleza han ido a parar a la basura.
Otra vez la "vista gorda" de organismos que deberían actuar de inmediato como la Secretaría de la Mujer, muestran claramente que cualquier relato de género, termina cuando se trata de "compañeros" del modelo o afines.
Un video viral mostró a un inspector municipal exigiendo más de 23 mil pesos a un camionero para permitirle el ingreso a la capital formoseña. La maniobra, avalada por una ordenanza del intendente Jorge Jofré, viola los principios constitucionales sobre libre circulación y desató nuevas denuncias por abuso de poder
La manipulación estadística no sólo es un delito: es una forma de desprecio hacia el bien común. En vez de mejorar la realidad, se la falsifica. En vez de enfrentar los problemas, se los maquilla. Y en ese acto se desnuda algo más profundo: el poder entiende que es más importante que la gente crea que todo está bien, que hacer que realmente lo esté.
En Formosa, el poder ya no gobierna: administra su propio miedo. La decisión del gobierno de Gildo Insfrán de prohibir a las escuelas participar del aniversario de Las Lomitas, solo porque el intendente es opositor, muestra la degradación absoluta de un régimen que perdió toda noción de Estado. En lugar de educar en libertad, se adoctrina en obediencia; en lugar de celebrar una comunidad, se la castiga por pensar distinto. La miseria política se volvió método de control, y la decadencia moral, su marca de identidad.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
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La manipulación estadística no sólo es un delito: es una forma de desprecio hacia el bien común. En vez de mejorar la realidad, se la falsifica. En vez de enfrentar los problemas, se los maquilla. Y en ese acto se desnuda algo más profundo: el poder entiende que es más importante que la gente crea que todo está bien, que hacer que realmente lo esté.
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