En la provincia La Libertad Avanza recibió $25.365.561, sacó 376.103 votos y el costo por boleta fue de $67, en tanto que JxC recibió la sma de $14.091.978, obtuvo 330.769 votos y el costo por boleta fue de $43. Finalmente Unión por la Patria recibió $8.455.187, obtuvo 707.574 votos y el costo por boleta fue de $12.
Locales19/10/2023
leonardo fernández acosta
Para las Paso de 2023 el Estado argentino estimaba girar al conjunto de agrupaciones políticas de todo el país 10.931 millones de pesos, una cifra equivale a 18,9 millones de dólares comerciales, si contemplamos la cotización del 11 de agosto, el viernes previo a los comicios.
El monto no es definitivo: quedan pendientes reclamos judiciales, por lo que puede variar en algunos millones. El destino de esa fortuna fue financiar la impresión de casi 3.744 millones de boletas en todo el país.
No hay error en esos números: 3.744 millones de boletas para 35,3 millones de personas; 106 boletas por cada mayor de 16 años. Basta una comparación para graficar esto: si se imprimieran todas las boletas que financia el Estado y se las colocaran una al lado de otra, ocuparían una superficie casi similar a la de la Ciudad de Buenos Aires; una sábana de papel para cubrir a la capital del país.
Son tantas boletas que ningún organismo estatal puede controlar que efectivamente esa sea la cantidad que se imprimió, lo que impide saber cuánto de esos fondos se utilizaron en la impresión de las boletas y cuántos fueron a los bolsillos de los gerentes de los sellos partidarios.
Las auditorías son tan laxas, que es responsabilidad de los partidos políticos devolverle al Estado nacional el sobrante de esos fondos. Casi una cuestión de buena voluntad. Al cierre de este informe, y con los plazos para presentar la documentación ya vencidos, sólo una lista de las 1.818 que participaron de las Paso había reintegrado fondos públicos que no utilizó.
En este armazón se refugiaron e hicieron negocios Andrea Calligaris, Mario “el Sapo” Peral o José Bonacci, entre otros; casos que son un muestrario de cómo el sistema de financiamiento público electoral alienta y facilita la corrupción política.
Un negocio en expansión
En las Paso participaron en todo el país 1.818 listas que postularon a 24.144 precandidatos, tanto en la jurisdicción federal –las categorías de presidente y vicepresidente y parlamentarios del Mercosur– como en las 24 provincias, donde se eligieron diputados nacionales, parlamentario regional del Parlasur y senadores nacionales (en ocho provincias).
Sobre ese universo de precandidatos se montó el despilfarro de fondos y el negocio para algunos. En cada elección, la Justicia electoral le exige a cada partido garantizarle a los electores un mínimo de 50 votos (boletas) por cada urna dispuesta en los centros de votación, ubicados en las escuelas. Este año se habilitaron 104.577 urnas en el país.
Por una cuestión material, la única auditoría posible desde el Estado es sobre esa pequeña muestra de votos exigida. Si el resto de las boletas efectivamente se imprimieron, nadie lo controla.
Para dar un ejemplo del descontrol que representa el sistema electoral argentino: en el tramo presidencial, el único que se vota en todo el país, participaron 27 listas de precandidatos (solo cinco pasaron a las generales). Recibieron financiamiento público para imprimir las boletas del tramo presidencial por 2.714,6 millones de pesos (4,5 millones de dólares), monto con el cual debieron haber impreso 929,6 millones de boletas para todo el país. Una cifra físicamente imposible de colocar en los espacios dispuestos para votar en las escuelas.
Entonces, el mecanismo de esta trampa es recibir fondos para imprimir millones de boletas, pero apenas entregar a la Justicia electoral las 50 que irán en cada urna, y algunas más para mejorar el simulacro.
De hecho, de las 1.818 listas que se presentaron en todo el país, sólo 235 competirán el 22 de octubre en todo el país y para todas las categorías, apenas el 13% del total. Y de los 24.144 precandidatos, sólo 1.507 fueron consagrados candidatos. Estas listas recibieron fondos públicos para imprimir 787.627.560 boletas. En otras palabras: sólo el 20 por ciento de las boletas impresas fueron de agrupaciones competitivas. Pese a esto, la cifra del despilfarro sigue siendo astronómica.
Los millones para Formosa
Primero en la lista de boletas más caras porque ni siquiera superaron el piso en la PASO figura el partido de Guillermo Moreno en Formosa, con un financiamiento del estado por $9.864.385 y que obtuviera 102 votos con un costo por boleta de $96.710. Lo sigue el partido Proyecto Joven con un financiamiento de $8.455.187, con 170 votos y un costo por boleta de $49.736.
El partido Unión del Centro Democrático con $1.409.198 con 31 votos y con un costo por boleta de 45.458, el partido Liber.Ar con $7.045.989 con 348 votos y un costo por boleta de $20.247.
El partido Movimiento Izquierda Juventud Dignidad, con $5.636.791 con 1.319 votos y de $4.274 por voto, el partido Frente Patriota Federal con $2.818.396 con 939 votos y $3.001 por cada boleta, mismo monto que el Movimiento de Acción Vecinal pero con 1.052 votos y $2.679 por boleta.
Política Obrera $2.818.396 con 1.428 votos y un costo de 1.974 por boleta, Movimiento al Socialismo, $2.818.396 con 1.554 y un costo por boleta de $1.814, Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad con $5.636.791 y con 4.151 votos de un valor de $1.358 por boleta, Movimiento Libres del Sur con un financiamiento de $7.045.989 con 9.632 y un costo de $732 por boleta.
Los que si pasaron el piso y también recibieron millones
La Libertad Avanza recibió $25.365.561, sacó 376.103 votos y el costo por boleta fue de $67, en tanto que JxC recibió la sma de $14.091.978, obtuvo 330.769 votos y el costo por boleta fue de $43. Finalmente Unión por la Patria recibió $8.455.187, obtuvo 707.574 votos y el costo por boleta fue de $12.
Del empleo en la estructura política nacional a la constitución de empresas vinculadas a la obra pública y su presencia reiterada en foros internacionales: una trayectoria documentada que, por su velocidad, contexto y conexiones, exige explicaciones claras en nombre de la transparencia.
La violenta represión policial contra mujeres que reclamaban viviendas en el IPV dejó al desnudo un Estado sin protocolos, una fuerza de seguridad usada como patota política y un organismo habitacional atravesado por la discrecionalidad, el uso partidario de fondos públicos y el encubrimiento de la pobreza detrás de proyectos millonarios y propaganda oficial.
Mientras posa con gremialistas bajo la bandera de Aerolíneas Argentinas, Insfrán evita sistemáticamente la línea de bandera y se mueve en vuelos VIP de Baires Fly que cuestan hasta 20 mil dólares. En la recta final de un poder que se le escurre, el gobernador apela a gestos vacíos y montajes simbólicos que solo dejan al desnudo una contradicción obscena: predica lo popular, pero vive como casta. La desesperación por sostener su reinado lo empuja a hacer cualquier cosa, incluso exhibir sin pudor la hipocresía que durante años intentó disimular.
Ni el Defensor del Pueblo que no puede defender, ni la cámara empresarial capturada por los intereses del poder: la Justicia Federal los desconoció como representantes legítimos del pueblo formoseño. En el desolado paisaje institucional de Formosa, donde el estatismo decide quién vive y quién sobrevive, a los ciudadanos les podrían aplicar el famoso dicho de Moria Casán: 'No existís'. El fallo no solo rechazó un amparo; certificó que las voces que pretenden hablar por la gente carecen de sustento real
Insfrán no defiende a los trabajadores. Defiende su monopolio. En su feudo, la única fortuna permitida es la que se hace con el sobre del Estado. La reforma laboral amenaza con darles a los formoseños lo que él más teme: libertad para progresar sin pedirle permiso al patrón único. Su lucha no es ideológica, es de supervivencia. Sobrevivir como el último cacique de un sistema que canjea votos por planes y convierte al ciudadano en siervo del aparato.
Mientras Formosa se hunde en salarios bajos y servicios colapsados, Gildo Insfrán gasta miles de dólares en vuelos privados para operar políticamente en Buenos Aires. El intento de complot junto a otros gobernadores para frenar la reforma laboral terminó en un papelón en el CFI: no hubo reunión, no hubo foto y no hubo resultados. Solo quedó expuesto el contraste obsceno entre el lujo del poder y el fracaso de una maniobra que nadie quiso acompañar.
Detrás del "hombre fuerte" de pueblo con su retórica soez y sus chistes de cuartel en las redes, se esconde un sistema de nepotismo y poder que lo abarca todo. Incluidas según las versiones, la razón por la cual su esposa no aparece en público. No aparece ella y tampoco la denuncia que siempre se diluye cuando se trata de alguíen impune en el oficialismo.
Insfrán no defiende a los trabajadores. Defiende su monopolio. En su feudo, la única fortuna permitida es la que se hace con el sobre del Estado. La reforma laboral amenaza con darles a los formoseños lo que él más teme: libertad para progresar sin pedirle permiso al patrón único. Su lucha no es ideológica, es de supervivencia. Sobrevivir como el último cacique de un sistema que canjea votos por planes y convierte al ciudadano en siervo del aparato.
Ni el Defensor del Pueblo que no puede defender, ni la cámara empresarial capturada por los intereses del poder: la Justicia Federal los desconoció como representantes legítimos del pueblo formoseño. En el desolado paisaje institucional de Formosa, donde el estatismo decide quién vive y quién sobrevive, a los ciudadanos les podrían aplicar el famoso dicho de Moria Casán: 'No existís'. El fallo no solo rechazó un amparo; certificó que las voces que pretenden hablar por la gente carecen de sustento real
La violenta represión policial contra mujeres que reclamaban viviendas en el IPV dejó al desnudo un Estado sin protocolos, una fuerza de seguridad usada como patota política y un organismo habitacional atravesado por la discrecionalidad, el uso partidario de fondos públicos y el encubrimiento de la pobreza detrás de proyectos millonarios y propaganda oficial.
Del empleo en la estructura política nacional a la constitución de empresas vinculadas a la obra pública y su presencia reiterada en foros internacionales: una trayectoria documentada que, por su velocidad, contexto y conexiones, exige explicaciones claras en nombre de la transparencia.
