Como alternativa a la restitución del impuesto a las Ganancias, aseguraron que durante el encuentro con las autoridades nacionales "se ha presentado un proyecto de ley con la firma de 22 gobernadores que dispone la coparticipación de un 70% del impuesto al cheque".
Locales19/12/2023
leonardo fernández acosta
Luego de la reunión en la que participaron todos los mandatarios provinciales junto al Presidente, Javier Milei, ocho gobernadores liderados por Axel Kicillof publicaron un duro comunicado en donde critican la política que lleva adelante la actual gestión nacional además de reclamar la coparticipación del impuesto al cheque.
"El gobierno nacional comenzó a aplicar un plan económico que incluyó una devaluación del 118% - la más grande de la historia - sin medidas compensatorias para los trabajadores y los sectores medios", aseguran en el comunicado.
Quienes lo firman además de Kicillof son Sergio Ziliotto de La Pampa, Osvaldo jaldo de Tucumán, Gildo Insfran de Formosa, Ricardo Quintela de La Rioja, Gustavo Melella de Tierra del Fuego, Gerardo Zamora de Santiago del Estero y Raul Jalil de Catamarca, quien participó de la conferencia de prensa posterior a la reunión.
"Esto, junto con la pérdida de recursos coparticipables, el freno de la obra pública, la anunciada reducción de subsidios y demás medidas, afecta directamente a los recursos provinciales: no desfinancia a los gobiernos, sino a los pueblos que habitan las provincias argentinas", consideraron.
Como alternativa a la restitución del impuesto a las Ganancias, aseguraron que durante el encuentro con las autoridades nacionales "se ha presentado un proyecto de ley con la firma de 22 gobernadores que dispone la coparticipación de un 70% del impuesto al cheque".
"Consideramos que la reversión del impuesto a las ganancias no sería el camino adecuado ya que afecta derechos de los trabajadores. Es por eso que seguiremos insistiendo en la búsqueda de otras herramientas de compensación, como lo es la coparticipación del impuesto al cheque", agregaron.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
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De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
