La necesidad de la declaración jurada en los funcionarios es una obligación no solo ética sino moral en el sentido que en una situación de emergencia económica de alto impacto en la gente, al menos deberían mostrar austeridad y certificarlo.
Locales08/01/2024
leonardo fernández acosta
Las zonas grises son las más complicadas para transitar en la provincia de Formosa debido al alto nivel de censura que existe desde el gobierno de la provincia respecto de la información pública y esto es así desde que Insfrán es gobierno.
Pero la falta de transparencia no es exclusiva del oficialismo y de hecho desde la oposición solo algunos legisladores han hecho pública su declaración jurada, tanto en la legislatura provincial como en la legislatura de al ciudad de Formosa.
Es imposible pedirle transparencia al peronismo, lo lleva en al ADN y las cuentas se mueven con discrecionalidad en cada nivel de funcionario del gobierno de la provincia, hasta niveles imposibles de pensar, en una telaraña insondable que también involucra a los proveedores del estado.
Pero en esto nada nuevo bajo el sol. Ahora que jóvenes legisladores de la oposición no rindan cuentas sobre sus bienes adoptando las mañas del oficialismo resulta grave. Es oportuno aclarar que si los legisladores, incumplen la ley, esto significa que el periodismo va a quedar paralizado de recursos para observarlos en una al menos curiosa evolución patrimonial.
Los concejales por el radicalismo, Enzo Casadei y Diego Herrera, desde hace un tiempo a esta parte, se mueven en dos vehículos de alta gama que aparentemente habrían sido adquiridos para inaugurar el 2024.
El Concejal, Enzo Casadei, en una Wollkwagen Taos Tsi Highline cuyo valor ronda los 37 millones de pesos y el Concejal, Diego Herrera en una Toyota Corolla 1.8 Hev Xei de un valor de U$S 25.500 o en pesos a cotización oficial del día de más de 25 millones de pesos.
La conclusión es que más de 62 millones ameritan no solo la exposición urgente de sus declaraciones juradas sino que además, explicar si la titularidad de los vehículos está a su nombre, algo que terminaría de configurar su total disociación con la imagen que debe proyectar un funcionario, que vive de los que pagan los contribuyentes que contradictoriamente no les alcanza para vivir.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
El Gobierno nacional dejó afuera a Formosa de la mesa de negociaciones y lanzó un mensaje directo: solo recibirán fondos y avales los gobernadores que ajustaron sus cuentas. “No es lo mismo lo que hizo Frigerio que lo que pudo haber hecho Gildo”, admiten en la Casa Rosada. La comparación exhibe el lugar que el mileísmo le asigna a la provincia: lejos del reparto y aún más lejos de la consideración política.
Un cadáver pasó inadvertido durante una semana; una acusada de grooming fue detenida en 24 horas. La desigual rapidez del Estado desnuda que el problema nunca fue la capacidad operativa, sino dónde decide aplicarla.
Un cadáver pasó inadvertido durante una semana; una acusada de grooming fue detenida en 24 horas. La desigual rapidez del Estado desnuda que el problema nunca fue la capacidad operativa, sino dónde decide aplicarla.
El Gobierno nacional dejó afuera a Formosa de la mesa de negociaciones y lanzó un mensaje directo: solo recibirán fondos y avales los gobernadores que ajustaron sus cuentas. “No es lo mismo lo que hizo Frigerio que lo que pudo haber hecho Gildo”, admiten en la Casa Rosada. La comparación exhibe el lugar que el mileísmo le asigna a la provincia: lejos del reparto y aún más lejos de la consideración política.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
