La necesidad de la declaración jurada en los funcionarios es una obligación no solo ética sino moral en el sentido que en una situación de emergencia económica de alto impacto en la gente, al menos deberían mostrar austeridad y certificarlo.
Locales08/01/2024
leonardo fernández acosta
Las zonas grises son las más complicadas para transitar en la provincia de Formosa debido al alto nivel de censura que existe desde el gobierno de la provincia respecto de la información pública y esto es así desde que Insfrán es gobierno.
Pero la falta de transparencia no es exclusiva del oficialismo y de hecho desde la oposición solo algunos legisladores han hecho pública su declaración jurada, tanto en la legislatura provincial como en la legislatura de al ciudad de Formosa.
Es imposible pedirle transparencia al peronismo, lo lleva en al ADN y las cuentas se mueven con discrecionalidad en cada nivel de funcionario del gobierno de la provincia, hasta niveles imposibles de pensar, en una telaraña insondable que también involucra a los proveedores del estado.
Pero en esto nada nuevo bajo el sol. Ahora que jóvenes legisladores de la oposición no rindan cuentas sobre sus bienes adoptando las mañas del oficialismo resulta grave. Es oportuno aclarar que si los legisladores, incumplen la ley, esto significa que el periodismo va a quedar paralizado de recursos para observarlos en una al menos curiosa evolución patrimonial.
Los concejales por el radicalismo, Enzo Casadei y Diego Herrera, desde hace un tiempo a esta parte, se mueven en dos vehículos de alta gama que aparentemente habrían sido adquiridos para inaugurar el 2024.
El Concejal, Enzo Casadei, en una Wollkwagen Taos Tsi Highline cuyo valor ronda los 37 millones de pesos y el Concejal, Diego Herrera en una Toyota Corolla 1.8 Hev Xei de un valor de U$S 25.500 o en pesos a cotización oficial del día de más de 25 millones de pesos.
La conclusión es que más de 62 millones ameritan no solo la exposición urgente de sus declaraciones juradas sino que además, explicar si la titularidad de los vehículos está a su nombre, algo que terminaría de configurar su total disociación con la imagen que debe proyectar un funcionario, que vive de los que pagan los contribuyentes que contradictoriamente no les alcanza para vivir.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras los bancos celebran la baja de tasas, un empleado formoseño necesitaría quintuplicar su salario para que un banco siquiera considere su solicitud. La "reactivación" es solo para quienes ya están del lado adentro de la verja.
La estadística como cortina de humo: Mientras se promociona una tarifa eléctrica baja como "logro social", se oculta que el 90% de los formoseños necesita subsidios crónicos para pagar un servicio básico. El relato oficial celebra la dependencia como si fuera un triunfo, silenciando tres décadas de estancamiento que condenan a la provincia a la asistencia perpetua. El verdadero costo no está en la factura de la luz, sino en la factura política de un sistema que produce pobres para luego exhibir su pobreza como mérito propio.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
Sin la Ley de Lemas, sin sobres y sin miedo suficiente, el reino de Insfrán mostró su verdadera desnudez: un poder sostenido por la pobreza y el silencio que empieza a resquebrajarse. La impunidad sigue, pero el mito se rompió.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
