La necesidad de la declaración jurada en los funcionarios es una obligación no solo ética sino moral en el sentido que en una situación de emergencia económica de alto impacto en la gente, al menos deberían mostrar austeridad y certificarlo.
Locales08/01/2024
leonardo fernández acosta
Las zonas grises son las más complicadas para transitar en la provincia de Formosa debido al alto nivel de censura que existe desde el gobierno de la provincia respecto de la información pública y esto es así desde que Insfrán es gobierno.
Pero la falta de transparencia no es exclusiva del oficialismo y de hecho desde la oposición solo algunos legisladores han hecho pública su declaración jurada, tanto en la legislatura provincial como en la legislatura de al ciudad de Formosa.
Es imposible pedirle transparencia al peronismo, lo lleva en al ADN y las cuentas se mueven con discrecionalidad en cada nivel de funcionario del gobierno de la provincia, hasta niveles imposibles de pensar, en una telaraña insondable que también involucra a los proveedores del estado.
Pero en esto nada nuevo bajo el sol. Ahora que jóvenes legisladores de la oposición no rindan cuentas sobre sus bienes adoptando las mañas del oficialismo resulta grave. Es oportuno aclarar que si los legisladores, incumplen la ley, esto significa que el periodismo va a quedar paralizado de recursos para observarlos en una al menos curiosa evolución patrimonial.
Los concejales por el radicalismo, Enzo Casadei y Diego Herrera, desde hace un tiempo a esta parte, se mueven en dos vehículos de alta gama que aparentemente habrían sido adquiridos para inaugurar el 2024.
El Concejal, Enzo Casadei, en una Wollkwagen Taos Tsi Highline cuyo valor ronda los 37 millones de pesos y el Concejal, Diego Herrera en una Toyota Corolla 1.8 Hev Xei de un valor de U$S 25.500 o en pesos a cotización oficial del día de más de 25 millones de pesos.
La conclusión es que más de 62 millones ameritan no solo la exposición urgente de sus declaraciones juradas sino que además, explicar si la titularidad de los vehículos está a su nombre, algo que terminaría de configurar su total disociación con la imagen que debe proyectar un funcionario, que vive de los que pagan los contribuyentes que contradictoriamente no les alcanza para vivir.
Mientras Formosa intenta justificar un repunte “estacional” en pleno calor y atribuye el brote a falta de vacunas, el ministro correntino Ricardo Cardozo lo desmiente de plano: en su provincia no hay brote, no faltan dosis y el Covid casi no circula. El contraste deja al descubierto que el problema no es epidemiológico, sino narrativo.
El subjefe policial Rubén Mauri, quien habría sido designado sin carrera ni antecedentes y tras el retiro forzado de comisarios más antiguos, reapareció en la reunión del Norte Grande junto a Insfrán mientras en la provincia crecen el robo de motos, el narcomenudeo y la falta total de estadísticas de seguridad. Su presencia política expone, otra vez, que en Formosa la Policía responde más al poder que a la ciudadanía.
Hay una diferencia abismal entre la protesta legítima y la intimidación mafiosa. Entre el reclamo con argumentos y la imposición por la fuerza. Lo que hemos presenciado en las puertas del Concejo Deliberante con el acoso al concejal Evans es el triste espectáculo de quienes, queriendo aparentar ser actores sociales, no pueden disimular su esencia de patota.
Mientras crecen los actos de vandalismo, las picadas nocturnas y la ausencia policial, los vecinos hablan de una “zona liberada” en la única ciudad que gobierna la oposición. Todo ocurre en un contexto donde el gildismo ve a Atilio Basualdo como una amenaza real para la sucesión provincial y estaría dispuesto a dejar que Las Lomitas se deteriore antes que permitirle consolidar poder.
En una de las fronteras más calientes del país, el gildismo impulsa a una magistrada sin trayectoria mientras la diputada Gabriela Neme expone una red estatal que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y manipulado expedientes.
Entre sorpresas fingidas y comparaciones forzadas, Zabala volvió a confirmar que en Formosa la Fiscalía de Estado funciona menos como un órgano de control que como una oficina jurídica del patrón de siempre: Gildo Insfrán.
En una de las fronteras más calientes del país, el gildismo impulsa a una magistrada sin trayectoria mientras la diputada Gabriela Neme expone una red estatal que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y manipulado expedientes.
Mientras crecen los actos de vandalismo, las picadas nocturnas y la ausencia policial, los vecinos hablan de una “zona liberada” en la única ciudad que gobierna la oposición. Todo ocurre en un contexto donde el gildismo ve a Atilio Basualdo como una amenaza real para la sucesión provincial y estaría dispuesto a dejar que Las Lomitas se deteriore antes que permitirle consolidar poder.
Hay una diferencia abismal entre la protesta legítima y la intimidación mafiosa. Entre el reclamo con argumentos y la imposición por la fuerza. Lo que hemos presenciado en las puertas del Concejo Deliberante con el acoso al concejal Evans es el triste espectáculo de quienes, queriendo aparentar ser actores sociales, no pueden disimular su esencia de patota.
El subjefe policial Rubén Mauri, quien habría sido designado sin carrera ni antecedentes y tras el retiro forzado de comisarios más antiguos, reapareció en la reunión del Norte Grande junto a Insfrán mientras en la provincia crecen el robo de motos, el narcomenudeo y la falta total de estadísticas de seguridad. Su presencia política expone, otra vez, que en Formosa la Policía responde más al poder que a la ciudadanía.
Mientras Formosa intenta justificar un repunte “estacional” en pleno calor y atribuye el brote a falta de vacunas, el ministro correntino Ricardo Cardozo lo desmiente de plano: en su provincia no hay brote, no faltan dosis y el Covid casi no circula. El contraste deja al descubierto que el problema no es epidemiológico, sino narrativo.
