La situación expone los privilegios de una persona que se ufana en las redes de su inexplicable derrotero patrimonial y lujos con un sueldo de empleada pública del CD de Ibarreta. Habría que iniciar una investigación pero para eso se necesitan garantías y quien se atrevería a denunciarlo en Ibarreta. Solo de manera anónima para no exponerse a las represalias en una provincia en donde pocos se animan a ponerle “El cascabel al gato”.
Locales23/01/2024
leonardo fernández acosta
En la localidad de Ibarreta la bronca e indignación estallaron al trascender el nombramiento de, Milagros Alvarenga, la pareja 50 años menor del diputado gildista, Armando Felipe “Papacito” Cabrera, como “asesora general” del Concejo Deliberante de esa ciudad.
Aquellos municipales que hasta el momento no tienen una relación laboral estable de años, dijeron que la abogada no está nunca en Ibarreta por lo que mal podría ser “asesora general”.
El instrumento legal tiene retroactividad al 01 de septiembre del 2023 y corresponde a la categoría 24 del escalafón general administrativo y técnico, siendo la categoría más alta en ese cuerpo para empleados.
Hace unos días, Alvarenga, que disfruta compartir sus viajes por Europa en su Instagram sin que puedan justificarse con un sueldo de empleada del concejo deliberante de Ibarreta esos gastos, compartió una foto en España, más precisamente en Salamanca aparentemente asistiendo a un curso.
El documento fue refrendado por el presidente del Concejo Deliberante que obedece ciegamente a las órdenes de Cabrera el 11 de setiembre del año pasado, sin embargo la suerte que no tienen los empleados de años en Ibarreta, no le alcanzan a la asesora para justificar sus viajes al exterior.
La situación nuevamente pone de relieve los privilegios de una persona que no disimula para nada el inexplicable derrotero patrimonial y de lujos que por supuesto no podría darse, tan solo con los ingresos como empleada pública. Habría que iniciar una investigación pero para eso se necesitan garantías y quien se atrevería a denunciarlo en Ibarreta. Solo de manera anónima para no exponerse a las represalias en una provincia en donde pocos se animan a ponerle “El cascabel al gato”.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
