Hoy se realiza una marcha por las imágenes que se difundieron en las redes sociales de un niño arrojando un gato por los aires. La familia denuncia acoso de “mascoteros”, amenazas y un procedimiento judicial irregular.
Locales08/05/2024
leonardo fernández acosta
Las imágenes impactantes de un niño maltratando a un gato se hicieron virales un par de semanas atrás. La indignación de la gente y grupos “mascoteros” no se hizo esperar pidiendo a la justicia que intervenga.
Además, convocaron a una marcha para hoy miércoles 8 de mayo, a partir de las 10 horas en la plaza San Martin frente a Correo Argentino pidiendo intervención la del Estado en el caso y que se “activen los protocolos” en favor del niño y su familia.
Para A.D.Y.R.A, una de las asociaciones que convoca la movilización, «los organismos competentes están trabajando con lentitud en el caso, es por esto que convocamos la presencia del voluntariado, rescatistas y toda persona que se quiera sumar para pedir justicia por Michina y que activen el protocolo de asistencia al menor en estado de vulnerabilidad».
Separan a la criatura de su familia
Justo este martes, un día antes de la marcha, el juez Rubén Spessot, ordenó un allanamiento en la casa de la familia del niño, lo hizo subrogando a la jueza de menores, Silvana Adalid Jarzynski, quien se excuso por conocer a los involucrados.
La criatura de 11 años, fue separada de la familia y trasladada a un hogar del estado, previa sesión con un psicólogo y una trabajadora social de minoridad, que rápidamente concluyeron que sus actitudes eran un mensaje “pidiendo ayuda”.
Por su parte la familia del niño involucrado, denunció que el procedimiento fue irregular, que no se respetaron los derechos del niño tomando una medida desproporcionada como es separarlo de manera traumática de su núcleo familiar y que también viene siendo blanco de acoso y amenazas desde que se hizo público el video y que la justicia en las redes sociales.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
El Gobierno nacional dejó afuera a Formosa de la mesa de negociaciones y lanzó un mensaje directo: solo recibirán fondos y avales los gobernadores que ajustaron sus cuentas. “No es lo mismo lo que hizo Frigerio que lo que pudo haber hecho Gildo”, admiten en la Casa Rosada. La comparación exhibe el lugar que el mileísmo le asigna a la provincia: lejos del reparto y aún más lejos de la consideración política.
Un cadáver pasó inadvertido durante una semana; una acusada de grooming fue detenida en 24 horas. La desigual rapidez del Estado desnuda que el problema nunca fue la capacidad operativa, sino dónde decide aplicarla.
Mientras Formosa intenta justificar un repunte “estacional” en pleno calor y atribuye el brote a falta de vacunas, el ministro correntino Ricardo Cardozo lo desmiente de plano: en su provincia no hay brote, no faltan dosis y el Covid casi no circula. El contraste deja al descubierto que el problema no es epidemiológico, sino narrativo.
El subjefe policial Rubén Mauri, quien habría sido designado sin carrera ni antecedentes y tras el retiro forzado de comisarios más antiguos, reapareció en la reunión del Norte Grande junto a Insfrán mientras en la provincia crecen el robo de motos, el narcomenudeo y la falta total de estadísticas de seguridad. Su presencia política expone, otra vez, que en Formosa la Policía responde más al poder que a la ciudadanía.
Hay una diferencia abismal entre la protesta legítima y la intimidación mafiosa. Entre el reclamo con argumentos y la imposición por la fuerza. Lo que hemos presenciado en las puertas del Concejo Deliberante con el acoso al concejal Evans es el triste espectáculo de quienes, queriendo aparentar ser actores sociales, no pueden disimular su esencia de patota.
En una de las fronteras más calientes del país, el gildismo impulsa a una magistrada sin trayectoria mientras la diputada Gabriela Neme expone una red estatal que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y manipulado expedientes.
Mientras Formosa intenta justificar un repunte “estacional” en pleno calor y atribuye el brote a falta de vacunas, el ministro correntino Ricardo Cardozo lo desmiente de plano: en su provincia no hay brote, no faltan dosis y el Covid casi no circula. El contraste deja al descubierto que el problema no es epidemiológico, sino narrativo.
Un cadáver pasó inadvertido durante una semana; una acusada de grooming fue detenida en 24 horas. La desigual rapidez del Estado desnuda que el problema nunca fue la capacidad operativa, sino dónde decide aplicarla.
El Gobierno nacional dejó afuera a Formosa de la mesa de negociaciones y lanzó un mensaje directo: solo recibirán fondos y avales los gobernadores que ajustaron sus cuentas. “No es lo mismo lo que hizo Frigerio que lo que pudo haber hecho Gildo”, admiten en la Casa Rosada. La comparación exhibe el lugar que el mileísmo le asigna a la provincia: lejos del reparto y aún más lejos de la consideración política.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
