Hoy se realiza una marcha por las imágenes que se difundieron en las redes sociales de un niño arrojando un gato por los aires. La familia denuncia acoso de “mascoteros”, amenazas y un procedimiento judicial irregular.
Locales08/05/2024
leonardo fernández acosta
Las imágenes impactantes de un niño maltratando a un gato se hicieron virales un par de semanas atrás. La indignación de la gente y grupos “mascoteros” no se hizo esperar pidiendo a la justicia que intervenga.
Además, convocaron a una marcha para hoy miércoles 8 de mayo, a partir de las 10 horas en la plaza San Martin frente a Correo Argentino pidiendo intervención la del Estado en el caso y que se “activen los protocolos” en favor del niño y su familia.
Para A.D.Y.R.A, una de las asociaciones que convoca la movilización, «los organismos competentes están trabajando con lentitud en el caso, es por esto que convocamos la presencia del voluntariado, rescatistas y toda persona que se quiera sumar para pedir justicia por Michina y que activen el protocolo de asistencia al menor en estado de vulnerabilidad».
Separan a la criatura de su familia
Justo este martes, un día antes de la marcha, el juez Rubén Spessot, ordenó un allanamiento en la casa de la familia del niño, lo hizo subrogando a la jueza de menores, Silvana Adalid Jarzynski, quien se excuso por conocer a los involucrados.
La criatura de 11 años, fue separada de la familia y trasladada a un hogar del estado, previa sesión con un psicólogo y una trabajadora social de minoridad, que rápidamente concluyeron que sus actitudes eran un mensaje “pidiendo ayuda”.
Por su parte la familia del niño involucrado, denunció que el procedimiento fue irregular, que no se respetaron los derechos del niño tomando una medida desproporcionada como es separarlo de manera traumática de su núcleo familiar y que también viene siendo blanco de acoso y amenazas desde que se hizo público el video y que la justicia en las redes sociales.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
El fallecimiento de Marcos Godoy, un joven de Villafañe que murió en circunstancias aún no esclarecidas, quedó en manos del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº4 de Marcelo Picabea, el mismo que tramita la causa por el femicidio de Xiomara Portillo. Pese a las pruebas, los testimonios y los vínculos políticos señalados por la familia, el expediente no avanza porque se trataría de un sobrino del dirigente sindical, Hilario Martínez.
