Sin médicos y con hospitales saturados: profesionales en fuga y salud gratuita para no residentes. El contraste con Salta

En abril de 2023, la provincia de Salta decidió aplicar una medida tan polémica como eficaz: comenzó a cobrar la atención médica a extranjeros no residentes, salvo en casos de emergencia. El resultado fue contundente. En apenas cinco meses de 2024, la demanda extranjera se redujo un 97%, permitiendo un ahorro de más de 50 millones de pesos que fueron reinvertidos en ambulancias y mejoras hospitalarias. Además, se logró una mayor disponibilidad de turnos para los salteños y se descomprimió la presión sobre hospitales estratégicos, sobre todo en las zonas de frontera como Orán o Salvador Mazza, según un informe del diario La Nación

Provincias como Jujuy, Mendoza y Santa Cruz ya siguieron los pasos de Salta. Sin embargo, Formosa, con una realidad fronteriza y sanitaria similar aún no da ese paso cuando debería hacerlo.

Formosa y el espejo salteño

Las similitudes son evidentes: Formosa también es una provincia fronteriza, en este caso con Paraguay, y mantiene una fluida interacción, sanitaria incluida, con ciudades como Clorinda y Asunción. La demanda de atención médica por parte de ciudadanos paraguayos, especialmente en hospitales públicos como el de Clorinda o el Hospital Central de la capital, es una realidad frecuente aunque subregistrada.

El sistema de salud formoseño ya enfrenta desafíos estructurales. La atención gratuita e irrestricta para pacientes extranjeros puede tensionar aún más la infraestructura, comprometiendo la calidad del servicio para los residentes locales. En ciudades fronterizas con fuerte circulación binacional, los hospitales públicos se vuelven , en los hechos,  hospitales regionales sin financiamiento externo.

Pero también hay diferencias. Salta recibe más turismo y tiene una red hospitalaria más extendida. Formosa podría tener un volumen de pacientes extranjeros menor, aunque sin estadísticas claras es difícil dimensionar el problema. Por eso, expertos recomiendan comenzar por lo básico: medir cuántos pacientes no residentes atiende el sistema público en ciudades clave como Clorinda, Pirané o la capital provincial.

Médicos que se van y camas que se vacían

A este escenario se le suma un dato alarmante: el éxodo constante de médicos y profesionales de la salud, especialmente jóvenes, que abandonan la provincia por los bajos salarios y la falta de condiciones laborales dignas. La oferta salarial del sistema público en Formosa es una de las más bajas del país, lo que empuja a muchos a migrar hacia otras provincias o al sector privado.

En los últimos años, varios hospitales, incluso de la capital,  enfrentaron dificultades para cubrir guardias, especialidades críticas y servicios de urgencia. Es un sistema que ya funciona con lo justo que casi no puede sostener además la atención médica gratuita a ciudadanos extranjeros, ya no lo hace con los residentes.

La ecuación no cierra. Un modelo sanitario que no puede retener a sus propios médicos difícilmente pueda darse el lujo de atender sin contraprestación a quienes ni siquiera residen en el país.

¿Qué pasaría si se implementa?

Si Formosa replicara el modelo salteño, es probable que se registre una reducción inmediata del 80 al 95% en la demanda de pacientes extranjeros no residentes. Además, permitiría recuperar costos a través de un sistema tarifario claro (en Salta, una consulta ronda los $10.500 y una internación en terapia intensiva puede alcanzar los $335.000).

Esto abriría la posibilidad de reinvertir en equipamiento, infraestructura o recurso humano, incluyendo mejores salarios para profesionales y retención del talento médico que hoy se fuga.

Argentina intentó firmar acuerdos sanitarios de reciprocidad con Bolivia, que finalmente no prosperaron. Si Paraguay no retribuye a los argentinos la atención en su sistema público, la medida podría derivar en tensiones bilaterales.

A esto se suma el debate por los derechos humanos: restringir el acceso a la salud puede generar críticas de organismos internacionales, especialmente si no se garantizan excepciones claras para emergencias, embarazadas y niños.

Por eso, cualquier implementación debe contemplar una estrategia integral: coordinación con Cancillería, comunicación sensible con las comunidades binacionales, transparencia tarifaria y cuidado de los sectores vulnerables.

La recomendación más prudente es avanzar con un programa piloto, focalizado en hospitales con alta demanda extranjera como el de Clorinda. Allí, con un sistema de registro y facturación adecuado, podría medirse el impacto real de la medida sin comprometer la atención básica.

El objetivo no debe ser la exclusión, sino la sustentabilidad del sistema de salud público. No se trata de cerrar la puerta al que lo necesita, sino de evitar que el esfuerzo presupuestario de una provincia que lidera los índices de pobreza en el país siga financiando lo que otros países no garantizan a sus ciudadanos.

La experiencia de Salta demuestra que cobrar la atención médica a extranjeros no residentes no es una utopía ni un acto de xenofobia, sino una decisión política y sanitaria con resultados comprobables. Formosa, con sus propias particularidades, podría seguir ese camino. Pero debe hacerlo con una mirada estratégica que contemple, además, la crisis interna del sistema: profesionales que se van, hospitales que se vacían y recursos que se esfuman. El debate no es ideológico, es de supervivencia.